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La vista administrativa contra los suegros de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se llevó a cabo durante esta mañana en las oficinas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tal y como fue dictado en la querella que se radicó por parte de la agencia el pasado mes de agosto.

La vista se limitó a calendarizar otras vistas que se llevarán a cabo como parte del proceso de investigación sobre la residencia que se encuentra en la zona de La Parguera, en Lajas.

Para el próximo lunes 18 de septiembre se llevará a cabo una vista ocular donde se encuentra la propiedad de José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, padres de José Yovín Vargas, esposo de la comisionada residente. Mientras que para el 5 de diciembre se fijó una conferencia con antelación a vista.

En la querella, divulgada por el medio de comunicación Bonita Radio, el pasado mes de agosto se señala que durante inspecciones realizadas en junio se encontraron violaciones a la Ley Orgánica del DRNA (Ley 23 de 1972); a los artículos 1.4, 4.1, 4.2 y 4.3 de su reglamento; y a la Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico (Ley Número 241 de 1999).

La carta donde se les notifica la cita, se envió mediante correo certificado el pasado 1ro de agosto.

La residencia localizada en La Parguera ha sido eje de polémica, luego de que un informe técnico del DRNA constatara que una construcción realizada “ilegalmente” había provocado daños a los mangles rojos y negros de la zona.

Durante una conferencia de prensa en agosto, González acusó a la secretaria del DRNA de actuar irresponsablemente, luego de culpar a el departamento de “hacer declaraciones públicas cuando ni siquiera han concluido las investigaciones y cuando hace públicos documentos internos de la agencia que ni siquiera le han enviado a las partes”.

Entre sus otras expresiones, la comisionada defendió que, en contrario a la multa que se imputa por el espuma party en Salinas, el manejo del DRNA hacia su situación familiar ha sido motivada por razones políticas y “exclusivamente” selectivas, e incluso muestra una “visión errónea” sobre el tratamiento de la propiedad privada en la isla.

La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, negó la acusación e identificó que es su compromiso la protección de los recursos naturales en la isla.

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