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En respuesta al Proyecto de la Cámara 1648 para enmendar el Articula 2.02 de Ia Ley 168-2019, conocida coma “Ley de Armas de 2020″, la Oficina de Licencia de Armas, adscrita al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y el Departamento de Justicia se pronunciaron a favor de la misma para investigar compras grandes de municiones en la isla en Vista Pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano que preside el senador, Thomas Rivera Schatz.

Sin embargo, la Asociación de Armeros de Puerto Rico, la Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico, Legítima Defensa y La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) se mostraron rotundamente en contra de la misma por su potencial impacto en los derechos constitucionales de los ciudadanos.

El P de la C 1648, de ser aprobado sin enmiendas, establecería límites en la cantidad de municiones que las personas con licencias de armas o dedicadas a la caza deportiva y el tiro al blanco pueden adquirir anualmente. Según esta medida, cada arma tendría un límite de 500 municiones al año, mientras que los cazadores y practicantes de tiro al blanco podrían comprar hasta 5,000 municiones por pistola al año. Además, ninguna persona podría adquirir más de 10,000 municiones anualmente por arma.

Anteriormente el representante Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), argumentó que esta medida es necesaria para corregir una omisión en la Ley de Armas de 2020, que no estableció límites en la cantidad de municiones que se pueden comprar anualmente. Actualmente, la Policía solo puede verificar el uso de las municiones cuando una persona compra más de 20,000 al año.

La propuesta legislativa también incluye sanciones para quienes violen estos límites en la compra de municiones. Una violación a lo establecido en la medida sería considerada un delito menos grave, con penas de cárcel de hasta seis meses y/o multas que no excederían los $5,000.

También propone que cuando una persona con licencia de armas adquiera más de 5,000 municiones en un año, el armero esté obligado a notificar a la Oficina de Licencia de Armas, lo que desencadenaría una investigación por parte de la Policía, independientemente de que las municiones sean para diferentes armas. También se requeriría que la armería informara al comprador que estaría sujeto a una investigación.

“Es importante destacar que estas enmiendas no limitan ni prohíben la compra de municiones, sino que brindan al NPPR la capacidad de investigar adquisiciones excepcionales que puedan plantear preocupaciones de seguridad pública. Estas regulaciones buscan encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la seguridad colectiva”, aseguró la licenciada Omara Arias.

La propuesta para limitar la venta de municiones cuenta son opiniones divididas sobre el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales de los ciudadanos con licencias de armas. Es por ello que el Dr. Diego Zavala del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico estipuló durante la vista pública que en el período 2000-2020 se registraron un total de 16,983 homicidios, con un impacto desproporcionado en hombres (93% de las víctimas). El informe también destaca que el 78.7% de los homicidios anuales afectan a personas de 10 a 39 años de edad.

“El 87.6% de los homicidios se utilizó un arma de fuego, siendo esta la herramienta predominante. Además, se señala un aumento significativo en el uso de armas de fuego por parte de mujeres, lo que sugiere un cambio preocupante en la dinámica”, dijo Zavala mientras aseguró estar de acuerdo con el proyecto.

“La falta de educación superior también se vincula con un mayor riesgo de ser víctima de homicidio, ya que el 76.1% de las víctimas no completó la escuela secundaria”, añadió.

Además, destacó la necesidad de abordar la violencia como un problema de salud pública y resaltó la importancia de la prevención basada en evidencia científica.

Por su parte, Víctor González García de la Asociación de Armeros de Puerto Rico dijo que una de las principales preocupaciones es que la responsabilidad de notificar estas compras recae en los armeros, y no en el estado. “Esta medida constituye una forma de carpeteo”, comentó González.

Abundó que el Sistema Electrónico de Registro de Armas y Licencias (REAL), administrado por la Oficina de Registro de Armas, ya lleva un registro de todas las personas con licencias de armas. Sin embargo, la medida propuesta parece transferir la responsabilidad de la vigilancia a los armeros.

Asimismo, El presidente de CODEPOLA, Ariel Torres recalcó que las personas poseedoras de armas no son delincuentes y pidió a los legisladores que “apoyen a un pueblo agobiado por la criminalidad e inseguridad”.

“Si me tocan la puerta y me preguntan por qué compré 500 balas yo diré porque puedo […] Yo no tengo que decirle a un policía cuantas balas compré, es mi derecho”, señaló Osvaldo Sandoval de Legítima Defensa ante preguntas del senador Rivera Schatz y el representante Bernardo Márquez.

Por su parte, Gilberto Hernández Curt presidente de la Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico citó la temporada de caza y las competencias de tiro, que involucran la adquisición de grandes cantidades de municiones, como ejemplos de situaciones en las que los ciudadanos podrían verse afectados por esta medida, lo que generaría una carga innecesaria para el sistema de aplicación de la ley.

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