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La portavoz de los empleados civiles del Negociado del la Policía de Puerto Rico (NPPR), Ayra Cruz, solicitó esta mañana al Departamento de Seguridad Pública (DSP) que se investigue por qué solo a cuatro de los 200 empleados de la agencia gubernamental que solicitaron acogerse a su retiro para abril de 2024, como parte del “Programa de Retiro Incentivado” de la “Ley 80 del 2020″, se les otorgó el beneficio.

“El Negociado de la Policía informa en una certificación que se notificó en destiempo. Los civiles que pertenecemos a la Policía, que somos del DSP, nadie fue validado como ´no esencial´. Resulta que entonces que cuatro empleados que están en el DSP, en lo que es la estructura, pero sus funciones son en el Negociado de la Policía y son de recursos humanos, fueron validados como ´no esenciales´”, detalló Cruz en entrevista con Radio Isla 1320AM.

Es decir, los cuatro trabajadores que fueron validados pertenecen a recursos humanos, el personal que se supone que determinaría quién era un empleado “no esencial”.

“A nadie le suena bien esto”, añadió la portavoz.

Asimismo, Cruz desmintió a la encargada de recursos humanos del NPPR, la teniente Mulero, quien aseguró que fue notificada en destiempo sobre las solicitudes de retiro.

“Lo que estamos pidiéndole al secretario (del DSP), Alexis Torres, (es) que sea justo, que esto ha sido totalmente discriminatorio, que se reevalúe la oportunidad de que nos podamos retirar porque nosotros, los civiles, siempre hemos sido reconocidos por la misma agencia que somos no esenciales”, sostuvo.

El pasado 15 de septiembre, el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) llegaron a un acuerdo para implementar parcialmente la “Ley 80-2020″, “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para los Servidores Públicos,” para trabajadores públicos cuyas plazas de empleo fueron catalogadas como “no esenciales” por sus patronos.

El gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, informó en ese entonces que más de 1,200 trabajadores serían elegibles con un 50% de su retribución anual al momento de acogerse. Además de su pensión vitalicia, recibirían $100 dólares de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años y el pago de sus vacaciones acumuladas. Según se reveló en los pasados días, el gobierno identificó a 1,146 empleados como “no esenciales”.

Entre la plazas que algunos patronos determinaron como “no esenciales” son recursos humanos, supervisores, gerentes de operaciones, oficiales administrativos, entre otros.

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