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La Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño y Propuestas de Enmiendas a la Constitución, presidida por el representante José “Conny” Varela, realizó una vista pública para evaluar su propuesta de enmendar la Constitución para que los nombramientos de los jueces de la Rama Judicial sean regidos por legislación especial.

La Resolución Concurrente de la Cámara 8, de la autoría del legislador, busca enmendar la sección 8 del Artículo 5 de la Constitución de Puerto Rico.

“Este tema lo llevo trabajando desde el 2006, cuando radiqué por primera vez esta medida. Este es un tema muy importante para el país, especialmente ahora que se ha estado debatiendo y cuestionando la capacidad de varios jueces. Debemos asegurarnos de tener un sistema con el cual nombremos los jueces más capaces, para el bienestar de nuestra gente puertorriqueña”, sostuvo el representante Varela.

No obstante, indicó que la resolución es un marco de referencia y su objetivo es escuchar opiniones de profesionales.

La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Lcda. Vivian Neptus Rivera, no respaldó la creación de una enmienda para que el nombramiento se rija por una legislación especial.

En cambio, expuso como ejemplo procedimientos del poder judicial de España y recomienda establecer una Escuela y Carrera judicial para democratizar el proceso.

Asimismo, instó que los cursos de educación continua sean requisito para prevalecer ejerciendo, incorporando temas como de equidad racial, violencia de género, justicia terapeútica y restaurativa.

También, opinó que establecer que todo quien desee ser considerado para un nombramiento como juez o jueza debe tener una maestría en derecho.

“Al requerir una maestría en Formación Judicial se tendría la certeza de que candidatos idóneos posean estudios avanzados especializados que impactan de manera positiva el proceso de adjudicación de la justicia”, sostuvo Neptune Rivera, quien sugirió además que se adopte en Puerto Rico un Marco Internacional para la Excelencia de las Cortes y la Justicia Terapéutica, tal cual han hecho múltiples tribunales a nivel internacional.

Tal esquema busca considerar el bienestar de los litigantes al mejorar la justicia procesal de la experiencia en la corte.

La decana hizo un llamado al Gobierno a que, en el momento de nombrar a un juez o jueza, se escuchen a profesionales de la abogacía como el Colegio de Abogados y Abogadas, la Asociación de Abogados y las facultades de derecho.

“No puede ser un grupo selecto por afiliación política o por amiguismo o por favores. Si de verdad somos una sociedad democrática, debemos movilizarnos a que se democratice el acceso a quien puede ser juez o jueza y no dependa de la afiliación política. Por el contrario, las personas más capacitadas, versadas e idóneas serían quienes aprobarían con éxito la escuela, conformando un grupo de candidatos a ser evaluados por el Ejecutivo para ser nominados y por el Senado en el proceso de consulta y consentimiento”, detalló.

Ante el actual proceso de nombramientos, la licenciada estableció que, aunque en la Constitución se trata de tener la separación de poderes, no deja de estar influenciado por la política partidista.

”Tengo múltiples egresados que han llenado la solicitud (para ser juez o jueza. Nadie los llama, nadie los considera, porque no tienen obviamente ese empuje político, amiguismo, alguien con conexiones para que tengan esa oportunidad”, explicó.

Por su parte, el decano de la Universidad Interamericana, el profesor Julio Fontanet Maldonado, sostuvo que cree necesario la enmienda a la Constitución, mas sugirió que incluya en la legislación cómo será el proceso de nombramientos en el que es necesario una enmienda a la constitución

“Me parece que puede crearse ese consejo que sea parte de la resolución concurrente, y que su composición sea parte también de la Constitución, como por ejemplo, representantes de las escuelas de Derecho, de la sociedad civil, entre otros”, dijo el también profesor, Fontanet Maldonado, quien agregó que una legislación especial por sí sola no va atender el problema de los nombramientos.

De esta manera, y al igual que la decana de la UPR, el decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), Fernando Moreno Orama destacó que incluir requisitos adicionales sería fundamental.

“Requisitos adicionales podrían ser una reválida para las personas que quieran ser jueces, que tengan un grado adicional, certificaciones y cursos particulares, pero esto tendría que ser parte de la discusión pública”, argumentó.

Moreno Orama también recomendó revisar la actual Ley de la Judicatura, para atender asuntos relacionados a este tema.

Al finalizar, el también vicepresidente de la Cámara enfatizó que el pueblo de Puerto Rico ha perdido la confianza en el sistema judicial.

“En los últimos años, la Rama Judicial ha perdido cierto respaldo y terreno como una institución donde los ciudadanos iban a buscar la justicia. La meta debe de ser que la gente tenga confianza en los tribunales”, subrayó Varela.

En la vista estuvo el representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, José B. Márquez Reyes.



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