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La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD) y la Coalición de Entidades de Servicios— que incluye a centros de cuido de niños, mujeres víctimas de violencia doméstica y personas sin hogar— manifestaron su oposición a un proyecto de ley que alegan aumentará el costo por servicio en los hogares de envejecientes.

Se trata del Proyecto del Senado 1063, que daría paso a la “Ley para Regular el Licenciamiento y Supervisión de los Establecimientos de Cuidado para Adultos Mayores y Adultos con Condición de Fragilidad”, con el fin de derogar la Ley 94, “Ley de Establecimientos para personas de Edad Avanzada”, par que estén reglamentados por el Departamento de la Familia (DF) y el Departamento de Salud (DS).

Según informaron mediante declaraciones escritas, ADCCLD cuenta con 641 miembros, mientras que FICPRO tiene 540 dueños de hogares, por lo que el impacto económico irá directo al bolsillo de los 30,000 residentes y sus familiares.

Mediante este proyecto, de la autoría de la senadora popular Rosamar Trujillo Plumey, presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, que quieren bajar hoy, jueves, a votación, se pretende derogar la Ley para Regular el Licenciamiento y Supervisión de los Establecimientos de Cuidado para Personas de Edad Avanzada (Ley 94-1977) y establecer un nuevo marco legal para estos servicios.

Las tres entidades coincidieron en que, con esta pieza legislativa “Puerto Rico irá en retroceso” en la operación de los establecimientos y hogares de adultos mayores y adultos con diversidad funcional física o mental, cambiando el modelo de cuidado en la Isla a uno sanitario e insertando requerimientos onerosos, lo que significará un aumento de $500 dólares o más en la tarifa mensual de servicios por individuo.

Entre los cambios que afectarían a la industria, a los hogares sustitutos que operan con una certificación que les permite ubicar a seis pacientes o menos, le reducirían su capacidad a cuatro pacientes y les exigirán un permiso de la Oficina de Gerencia de Permiso (OGP), lo que provocaría el inminente cierre de centros y agravaría la crisis de tantos adultos mayores abandonados y la necesidad de hogares dónde ubicarlos.

La Dra. Minerva Gómez Ramos, en representación de la Coalición, aseguró que “no hubo participación de la industria en la redacción de esta medida, contrario a otros proyectos donde hemos estado trabajando mano a mano en legislación para regular la industria. En esas instancias, la experiencia de nosotros como profesionales gerontólogos, dueños de facilidades, trabajadores sociales, entre otros, ha sido tomada en cuenta”.

Aclaró que “no estamos opuestos a nuevas regulaciones”, sino a las disposiciones incluidas en este proyecto debido a que no responden a la evolución del cuidado prolongado a nivel mundial y sobre todo en nuestro país.

Insistió en que el impacto adverso en la operación de cientos de hogares en Puerto Rico “necesariamente se le pasaría a la tarifa de cada residente y sus familiares, pues como es sabido, los servicios en los centros de cuidado asistidos para adultos mayores son pagados de manera privada porque no existe cobertura de planes médicos, ni ningún otro tipo de seguro que lo cubra”.

Por su parte, Jonathan Morales Adorno, presidente de FICPRO, recalcó que el aumento en el costo de cuidado prolongado “va en detrimento de los adultos mayores y la población con discapacidad física y mental, pero el impacto mayor recaerá en los adultos mayores que viven bajo nivel de pobreza. Muchos familiares hacen malabares para poder contribuir el pago cada mes para asegurarle calidad de vida a sus padres o abuelos mientras ellos continúan activos en el campo laboral”.

Advirtió que tendrá un impacto en las arcas del gobierno, ya que aumentará los costos operacionales de los hogares, y por consiguiente, el pago de cuidado asistencial que actualmente realiza el DF, a cargo de sobre 7,140 envejecidos y la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), con cerca de 2,200 adultos mayores que necesariamente requieren de cuidado asistido. Igualmente, tendrá un impacto en las arcas de los municipios que administran o auspician económicamente hogares de envejecientes.

“Los hogares y establecimientos de envejecientes, aun cuando nuestra población continúa en aumento, no reciben asignaciones de fondos federales para retención de empleados, beneficios o mejoras en el plantel, a diferencia de los centros de cuidado de niños”, declaró Morales Adorno.

En tanto, Juanita Aponte Morales, presidenta de la ADCCLD, afirmó que “la medida omite atender retos vitales del sector de cuidado asistido. Todos los cambios propuestos serán nefastos para el desarrollo de la industria y destruyen los avances logrados en el cuidado asistido en la Isla”.

Concluyeron que, ante los argumentos planteados y el daño inequívoco a la industria de cuidado asistido, “los senadores voten en contra al P. de la S. 1063. Apelamos a su compromiso con los hogares de cuidado asistido y con los adultos mayores. Hacemos un llamado a su sentido de prudencia”.



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