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En el 2022, en la Evaluación de Riesgo Nacional de Lavado de Dinero se puso a Puerto Rico en un grupo de jurisdicciones alto riesgo de actividades financieras ilícitas.

Las entidades bancarias y las cooperativas hicieron ajustes en sus operaciones y ahora en el 2024 la Isla fue removida del grupo.

La comisionada residente, JennifferGonzález Colón, sostuvo una mesa redonda donde se discutieron temas sobre la banca ilícita en Puerto Rico, que incluyó regulaciones y cumplimiento; la capacitación de empleados y los esfuerzos colaborativos en la lucha contra las actividades financieras ilícitas.

“Existen múltiples riesgos financieros particulares para Puerto Rico. La isla se encuentra en una zona de alto tráfico de drogas, lo que nos hace altamente susceptibles a la actividad criminal. Nuestras instituciones financieras deben estar bien informadas y equipadas para identificar y reportar cualquier actividad sospechosa o ilícita,” dijo González Colón en conferencia de prensa.

En la reunión, estuvo presente Brian Nelson, subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera quien sostuvo que una de las banderas rojas que todavía se investigan en los casos de lavado de dinero, son las transacciones de propiedades inmuebles en efectivo.

“El sector inmobiliario, especialmente el de viviendas, es conocido por ser vulnerable al lavado de dinero. Hemos determinado que es un riesgo que puede ser explotado por narcotraficantes y otros delincuentes. En febrero de este año, propusimos una nueva regla que requeriría que todas las compras de casas pagadas en efectivo sean reportadas al FinCEN (Red de Ejecución de Delitos Financieros), indicando quiénes son las partes involucradas en esa compra. Esto incluiría a las empresas de seguros de título, las compañías que manejan los fondos de la transacción, los abogados y otros similares. El período para comentar sobre esta propuesta ya terminó, y ahora estamos revisando esos comentarios. El objetivo es controlar el riesgo de lavado de dinero no solo en Puerto Rico, sino en todo Estados Unidos en el ámbito de las propiedades residenciales”, expresó el funcionario.

A la reunión asistieron además, Jimmy Kirby, subdirector de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, en inglés); Christopher Burdick, director adjunto de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN);  Viviana Muñoz Fernández, asesora principal de FinCEN, y Michael White, del Departamento del Tesoro.

Estuvo además, Zoimé Alvarado, presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico; Consuelo Sifre y Vanessa Rodríguez, del Banco Popular; Carmen Pagán de First Bank; César Ortiz, de Oriental Bank, María Vila, del Banco Cooperativo de Puerto Rico y Beatriz Ramírez de Arellano, de Nave Bank.



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