El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó hoy la comisión que actualizará el Programa de Gobierno Patria Nueva 2024 que presentará ese colectivo como plataforma política de cara a las próximas elecciones generales.

El presidente y candidato a la gobernación por el PIP, Juan Dalmau, explicó la naturaleza del proyecto. El portavoz del partido aseguró que se trata de crear la propuesta más abarcadora para atender los problemas más apremiantes que aquejan a Puerto Rico.

“Este equipo de trabajo lo conforman diversas figuras profesionales, académicos, activistas. Personas que tienen experiencia en sus respectivas disciplinas y ellos y ellas estarán trabajando bajo el liderato de la persona a quien el Comité Central del PIP y este servidor le hemos confiado la tarea de coordinar los esfuerzos del proyecto de Patria Nueva, el profesor Carlos Gorrín Peralta”, explicó Dalmau mientras presentó al reconocido profesor constitucionalista, quien estará a cargo de coordinar los esfuerzos para atemperar la propuesta del partido a la realidad actual.

“En ese esfuerzo no solo van a participar diversas organizaciones de base no gubernamentales y distintas figuras que son activistas en sus respectivas áreas, sino que además se realizaran eventos en distintos lugares de Puerto Rico para ir nutriendo este programa y actualizarlo a lo que son las necesidades de este momento”, añadió.

Dalmau indicó que estos eventos son una suerte de continuación de las visitas que continuó haciendo el candidato luego de las pasadas elecciones al que llamó Patria Nueva En Tu Comunidad, donde visitó varios pueblos y a entabló reuniones en diversas comunidades donde recibió el insumo de los constituyentes sobre problemas medulares del país como la economía, la salud, educación, seguridad y la descolonización.

“El proyecto de Patria Nueva se resume en un gobierno limpio y efectivo, y también en impulsar la descolonización de manera democrática. Esta propuesta de programa de gobierno demuestra nuestra actitud de gobierno. Nosotros no vamos a mirar cuál puede ser la predilección de estatus de aquellas personas que puedan aportar en este esfuerzo”, dijo Dalmau.

“Lo que miraremos es los méritos que tienen estas personas, su compromiso con esta visión de protección de los derechos humanos y en ese sentido sienta la pauta de que bajo mi gobierno no se van a mirar los colores, se va a mirar la excelencia en la ejecución y la visión que tienen para que puerto rico eche hacia adelante”, añadió.

Profesionales, académicos y activistas

Por su parte, el coordinador del esfuerzo, el abogado y profesor Carlos Gorrín Peralta, presentó al equipo que se encargará de actualizar la propuesta de gobierno a quien describió como un grupo intachable de profesionales, académicos y activistas en distintos temas medulares para el país.

“La comisión de programas que hemos formado me enorgullece porque representa un equipo impresionante de profesionales, académicos, activistas y expertos en los diferentes temas. En el ámbito de la salud está el doctor Heriberto Marín Centeno y la doctora Elba Díaz, ambos académicos del Recinto de Ciencias Médicas, ella de la Escuela de Odontología y él además de ser también economista, es profesor de la Escuela de Salud Pública”, indicó Gorrín Peralta mientras señaló que el tema de educación estará a cargo de la doctora Nelly Sambrana.

“El tema del desarrollo económico estará a cargo de Francisco Cátala, quien coordinara el área de economía junto a al doctor Edwin Irizarry Borra, ambos economistas de primer orden”, dijo.

Gorrín Peralta señaló además que el tema ambiental estará a cargo del asesor legal de la delegación del PIP en la Asamblea Legislativa, Víctor Alvarado junto al ingeniero Javier Biaggi.

El ámbito social, explicó, estará bajo la tutela de la doctora Vilma Serrano, profesora retirada de la Universidad de Puerto Rico y la licenciada Adriana Gutierrez, tambié asesora legal en la Asamblea Legislativa.

“Por último, en el tema de la reestructuración gubernamental estará Víctor García San Inocencio y don Juan Mercado, ambos abogados prominentes que producirán un nuevo plano para la reestructuración que necesita el gobierno”, señaló el reconocido letrado.

“El comité ha tenido y seguirá teniendo como norte la protección de los derechos humanos de todos en Puerto Rico y, por supuesto, la satisfacción de las necesidades básicas que implican esos derechos. Me refiero no solamente a los derechos tradicionales que el gobierno no se supone que violente sino una visión más amplia de lo que son los derechos humanos, particularmente en la comunidad internacional, que reconoce no solamente los derechos civiles y políticos, sino los derechos económicos, sociales y culturales”, explicó.

Buscan puntos en común

Sobre el frustrado intento de aunar esfuerzos en un colectivo electoral del PIP junto al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Dalmau explicó que el plan tendrá muy presente el coincidir en temas de vital importancia por los que ambos colectivos militan.

“Hay organizaciones que pertenecen al PIP que son activistas ambientales, igualmente organizaciones que están afiliadas a MVC que hacen lo propio y pueden establecerse esos diálogos, pero lo que estamos pensando es que en el momento preciso, el que haya una agenda común entre el PIP y MVC en el momento en el que se oficialice los entendidos que están en curso que podamos tener ideas y propuestas que ambas organizaciones compartimos y apoyamos como la salud, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, la seguridad y demás”, explicó el presidente del PIP.

“Cada organización tendrá su proyecto político definido, lo que vamos a buscar son coincidencias en los puntos definidos para que podamos impulsar esos asuntos”, añadió.

Durante la conferencia técnica de hoy del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para discutir los requisitos y recursos de LUMA Energy para entregar su Plan Integrado de Recursos (PIR) en marzo próximo, el consorcio energético aseguró al organismo fiscalizador del gobierno que los datos recopilados en el Estudio de Resiliencia de la Red de Puerto Rico y Transiciones hacia Energía 100 Por Ciento Renovable (PR100) no serán utilizados en el proceso de creación del PIR.

PR100 fue un estudio comisionado a dos años y liderado por el Departamento de Energía Federal (DOE, en inglés) y avalado localmente por el NEPR y el gobierno de Puerto Rico, que pretendía marcar la hoja de ruta para convertir el archipiélago en uno que utilizara energía 100 por ciento renovable para 2050. No obstante, durante la vista de hoy, LUMA dejó meridianamente claro de que no pretende utilizar la información provista por el estudio como base para realizar su análisis para el PIR.

“El trabajo del PR100 en el análisis de transmisión y distribución en realidad aún está en curso, al igual que todos los demás trabajos para llegar a una conclusión, pero nos han proporcionado información a través del proceso del grupo asesor y, en base a eso, creemos que habrá muy buena información y muy buenos hallazgos”, aseguró Michael Mound, asesor y líder técnico del IRP para LUMA Energy.

“Estamos planeando utilizar nuestro propio análisis de distribución y análisis de alojamiento que estamos haciendo ahora, así como el trabajo de transmisión que ya se ha completado y el trabajo inicial que continuaremos a través del proceso PIR para proporcionar el análisis específico de la capacidad de transmisión del sistema y su capacidad para mover energía desde los lugares de generación a los lugares de carga en toda la isla”, explicó el funcionario de LUMA.

Luego del anuncio, la comisionada del NEPR, Lilian Mateo, cuestionó al funcionario de LUMA el por qué no se utilizarían los hallazgos y los datos recopilados por el PR100.

“No queremos que exista la idea errónea de que este es un proceso en el que el PR100 será adoptado y simplemente aprobado. De todos modos, ese no era el propósito de PR100, pero queremos aclarar esto desde el principio para que la gente pueda entender su propósito y cómo lo usará en el trabajo que nos presentará más adelante en marzo”, aclaró Mateo.

Mound aclaró, sin embargo, que la información recopilada por el PR100 ha sido valiosa y recalcó que LUMA no tiene intenciones de recopilar la información utilizando sus propias fuentes.

“Estamos de acuerdo en que el PR100 ha realizado un buen trabajo que será valioso para Puerto Rico, pero la respuesta es que no, no estamos adoptando las conclusiones y resultados del PR100 como parte del PIR, sino que analizamos selectivamente los pronósticos que se han realizado y luego revisamos las conclusiones y la metodología para escoger selectivamente los hallazgos”, explicó el funcionario de LUMA.

Mound recordó que, a pesar de que el estudio ya concluyó, los resultados del PR100 aún no han sido publicados.

“Pero, nuevamente, el análisis de los insumos en esta presentación fue útil y creemos que es probable que podamos aprovechar esos pronósticos y suposiciones. Los resultados no, primero porque aún no están disponibles y segundo porque vamos a estar haciendo nuestro propio modelado”, recalcó a la vez que indicó que esperan encontrar similitudes entre los hallazgos de su estudio y los del PR100.

Esperamos algunas similitudes en los resultados, esperamos que haya algunas similitudes, pero su dirección y los estatutos del esfuerzo PR100 fueron diferentes a la dirección y el propósito del IRP y lo reconocimos y por esa razón no podemos esperar simplemente adóptalo.

Luego de un breve receso de los comisionados de apenas un par de minutos, Mateo aclaró la postura del NEPR en cuanto a la utilización del PR100 para el desarrollo del PIR que deberá entregar LUMA el año que viene.

“Solo para dejar las cosas claras, la NEPR participó en el esfuerzo PR100 en colaboración con el DOE y es cierto que no tenemos los resultados de los estudios, tenemos el mismo nivel de información que tienen todos los que están participando en el proceso, y no hemos hecho muchos juicios ni adjudicado nada sobre ese proceso porque no es un proceso ante nosotros, es un esfuerzo que agradecemos, apreciamos y será útil durante el PIR”, indicó Mateo.

“No queremos que nadie entienda con esta aclaración que le estamos diciendo a LUMA que utilice esta o aquella parte del PR100. Toda esa información está disponible para ustedes (LUMA), lo que intenté confirmar es que cualquier información que incluyan en la propuesta del PIR la están defendiendo según su propio criterio técnico. No importa de dónde vino, si fue de su análisis, del PR100 o de cualquier otro análisis o modelado. Para que quede claro, LUMA puede utilizar cualquier información que necesite y que considere necesaria”, añadió la comisionada mientras insistió en que no es la función del NEPR la de recomendar el uso de alguna de esta información en particular.

A 48 horas de que el gobernador Pedro Pierluisi declarara un estado de emergencia en los municipios de San Juan, Guaynabo y Loíza por las inundaciones repentinas ocasionadas por las lluvias torrenciales del pasado viernes, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, indicó que aún no se tiene una idea de la cuantía de los daños causados por el fenómeno.

“En el proceso que nosotros estamos desde el viernes es en coordinar con las diferentes oficinas de manejo de emergencias municipales esa primera respuesta, que es lo que hemos ido llevado a cabo”, indicó Torres en la tarde de ayer, lunes.

No obstante, adelantó que ya los municipios han iniciado los procesos para solicitar ayuda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“Tanto Loíza, Guaynabo y San Juan inicialmente habían hecho la solicitud de ayuda y se la habían hecho al gobernador. De la misma manera, en el día de ayer (domingo), Culebra sufrió unos impactos de lluvia”, señaló el secretario del DSP.

“El comisionado Nino Correa estuvo visitando el municipio en el día de hoy (ayer) y están en el proceso de no solo el municipio someter una evaluación de los daños, sino de nosotros poder evaluar esas cantidades y esas reclamaciones”, añadió.

El domingo, Pierluisi ordenó al secretario del DSP a que procediera con la coordinación para utilizar la asistencia federal prestada en respuesta a las peticiones generadas por el gobierno y los municipios. Según se expone en la Orden Ejecutiva 2023-032, la declaración de emergencia busca que los municipios puedan activar los procedimientos especiales para adquirir materiales y servicios esenciales para responder a la emergencia.

El secretario aclaró que el municipio de Loíza específicamente ha sometido reclamaciones tanto por los daños causados por las inundaciones, así como por los daños ocasionados por la fuerte marejada. Torres añadió que se espera que durante la tarde de hoy mejore sustancialmente el tiempo y entonces se podrá tener una idea más clara sobre la cuantía de los daños registrados por las intensas lluvias.

“De los cuatro municipios que hemos tenido contacto directo, Loíza ha hecho unas reclamaciones adicionales por las marejadas que han tenido, y que de cierta manera ha tenido que ver con todo lo que ha estado relacionado con el tiempo”, señaló el funcionario.

Torres adelantó que se espera que la gran mayoría de las reclamaciones sean a causa de las inundaciones, que se han registrado en distintos puntos del área metropolitana y los municipios de Loíza y Guaynabo.

“Son inundaciones que han sucedido en diferentes áreas como Reparto Metropolitano en San Juan, esas propiedades sufrieron un daño mayor”, dijo.

Para el expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, la continuidad es el factor más importante para legislar e implementar una política pública energética efectiva que trascienda cuatrienios y vaivenes políticos. Así lo indicó quien fuera el cuadragésimo octavo presidente del país centroamericano durante una conferencia de prensa en el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación (FCTI) para anunciar el primer congreso de salud e investigación auspiciado por la entidad y que comienza hoy en el Hotel Caribe Hilton en San Juan.

Durante el evento, el exprimer mandatario costarricense entre 2018 y 2022 y profesor de práctica en diplomacia en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts en Boston, será el orador principal.

A pesar de que Alvarado Quesada cándidamente indicó que no tenia total conocimiento de la situación energética particular del archipiélago, sí dijo que, a juzgar por las similitudes con otras jurisdicciones del Caribe, tenia una idea clara de la situación.

“Sé lo básico de que hay una importación importante de la energía que se consume. Sé que es algo que tiene similitudes en el Caribe. No sé si es el caso acá, pero en general el caso es que hay importación o de diésel o de Bunker C para las generaciones, y aunque esos no son los mayores contaminantes globales, son fuentes contaminantes”, señaló.

El expresidente aseguró que actualmente Costa Rica genera el 99 por ciento de su electricidad de manera limpia y renovable mientras que explicó que para lograr esa meta se exploró la utilización de hidrogeno verde producido localmente para generar combustible limpio.

“Esa (el hidrógeno verde) es una tecnología que en Alemania se ha trabajado mucho, en Costa Rica lo hemos utilizado. Chile lo está haciendo también, Colombia tiene mucho potencial para procesar hidrogeno de fuentes como la energía hidroeléctrica”, aseguró.

“Una gran discusión que están teniendo los países tiene que ver con la mezcla energética, se puede avanzar con paneles solares o sistemas eólicos, pero todavía la tecnología de baterías no genera el almacenamiento suficiente. Por ejemplo, el combustible fósil está almacenado en su condición antes de ser quemado en combustión, se tiene que hacer lo mismo con la energía renovable”, explicó.

Alvarado Quesada insistió en que mucha de la discusión pública sobre el problema energético es la manera en que el hidrogeno verde puede ser la base de la matriz energética y que se tenga la capacidad suficiente de almacenamiento de energía para estabilizar la red.

“Nuestro reto ahora es electrificar el transporte público, porque si bien el 99 de nuestra energía eléctrica es renovable, de toda nuestra energía, cuando incluimos el transporte, 70 por ciento todavía son combustibles fósiles”, señaló.

“Electrificar el transporte es nuestra prioridad hoy en Costa Rica para descarbonizar, acelerar vehículos eléctricos, trenes eléctricos, esa es la ruta nuestra hacia la descarbonización”, añadió.

A preguntas de Metro sobre cuánto tiempo le tomó al país caribeño lograr el impresionante porcentaje de utilización de energía limpia, Alvarado Quesada recalcó la importancia de la continuidad en las gestiones del gobierno para lograr migrar totalmente al uso de energías renovables.

“Es un legado”, indicó sobre el proceso de migración a energías renovables. “Inició el proceso a finales de la década de 1940, pero estaba enfocado no en descarbonizar, porque en aquel tiempo eso no era ni un concepto. Estaba enfocado en dar seguridad energética y en no depender de la importación de combustible fósil para generar energía”.

“Esa es una de las externalidades positivas del hidrogeno verde, hoy nosotros somos mayoritariamente receptores de precio de importación de combustible fósil. Si estalla un conflicto internacional todos nuestros costos se van para arriba. En cambio, si nosotros manejamos mucha de nuestra producción energética, nosotros manejamos mejor nuestros costos”, indicó el expresidente.

Uno de los temas medulares que promete protagonismo en la campaña electoral de 2024 será el de la energía renovable y los proyectos fotovoltaicos a gran escala, con los que se pretende generar la cantidad suficiente de megavatios para sostener gran parte del sistema de generación de energía en Puerto Rico.

A pesar de que el Plan Integrado de Recursos del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) indica que, por política pública gubernamental, Puerto Rico deberá cumplir una primera meta de generar el 40 % de la energía de fuentes renovables para 2025, y en un 100 % para 2050, lo cierto es que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) apenas produce 4 % de la electricidad mediante fuentes renovables.

No obstante, el debate ahora se centra en la utilización de terrenos destinados al uso agrícola para el establecimiento de fincas de paneles fotovoltaicos.

Los detractores de la idea indican que permitir el desarrollo de estos proyectos en terrenos agrícolas incrementaría la vulnerabilidad alimentaria de Puerto Rico, siendo un territorio que depende en un 95 % de los alimentos importados.

Sin embargo, para Julián Herencia, director ejecutivo Asociación Productores de Energía Renovable (APER), el desarrollo de fincas fotovoltaicas no está divorciado de la preservación de esos terrenos para la producción de alimentos.

El ingeniero, y portavoz de la organización que lleva una década formada, aseguró que la tendencia mundial de la creación de fincas agro-voltaicas es la solución para lograr la anhelada producción de energía que estabilice el sistema mientras se continúan utilizando esos terrenos para sus fines originales.

“Los usos de los terrenos agrícolas para estos proyectos de producción de energía renovable son perfectamente compatibles con el uso agrícola. Ahora mismo en el mundo se está desarrollando toda una industria alrededor de lo que se denomina proyectos agro-voltaicos, que es cómo construir fincas solares teniendo en mente una producción agrícola para hacerlas compatibles”, explicó el portavoz de la APER.

Según Herencia el desarrollo de estos proyectos toma en consideración aspectos para facilitar el uso de los terrenos para fines agrícolas. El ingeniero señaló además que muchos de los terrenos identificados para el desarrollo de proyectos de generación fotovoltaica a gran escala están en desuso desde hace décadas.

“Hay una gran cantidad de terrenos agrícolas que no están en uso. Entonces, la pregunta es, queremos que esos terrenos se queden en desuso por décadas o los ponemos a hacer algo productivo que ayude al país”, cuestionó.

“A pesar de que esos terrenos puedan tener placas solares para la producción de energía no pierden su uso designado para producción agrícola. Del punto de vista práctico y de operación, la construcción de estas fincas no empobrece ni desmerece la calidad del terreno, o sea, que para todos los efectos estamos preservando esos terrenos para su uso designado original en un futuro si así se desea o durante este produciendo energía, si es que vamos a combinar producción de energía con producción agrícola”, añadió.

Desarrollo agrícola como consecuencia

Herencia incluso aseguró que la dinámica del desarrollo de proyectos agro-voltaicos en Puerto Rico pudiera significar un despunte en el uso de esos terrenos que continúan abandonados sin planes para su desarrollo agrícola ni a mediano ni a largo plazo.

“Estoy convencido de que eso es así”, aseguró el ingeniero. “El argumento de quienes critican este tipo de proyecto parte de la premisa de que los terrenos, o son para agricultura o son para energía, y nosotros estamos diciendo que no, que no son exclusivos para una sola cosa”.

“Todos los proyectos en operación hoy en Puerto Rico, que hay 220 megavatios (MV) operando de proyectos de este tipo, y los nuevos que se aprobaron, que suman 890 MV, que es del famoso Tramo Uno de la solicitud, ninguno de esos terrenos desplazo producción agrícola. Si, gran parte de ellos son terrenos agrícolas, pero gran parte de ellos no estaban para producción, solamente uno”, señaló.

Herencia mencionó además el proyecto de la finca eólica localizada en el municipio de Santa Isabel como un ejemplo de un proyecto de energía renovable que ha despuntado el uso agrícola de los terrenos que ocupa.

“Cuando este proyecto empezó a desarrollarse salieron las teorías de que sería un daño a la salud por el efecto de ‘strobbing’ producidos por las hélices, y que iba a impactar la producción agrícola”, recordó Herencia.

“Los equipos de la finca de viento, solamente ocupan 22 cuerdas de las 3,500 en el valle, y en ese proceso se pudieron habilitar caminos y acceso adicional a terrenos que antes no estaban cultivándose porque no había manera de llegar a ellos. Con este desarrollo se pusieron a producir 300 cuerdas adicionales y ese es el contrapeso. Se perdieron 22 cuerdas con el proyecto, pero ganamos 300 por otra parte que están produciendo”, añadió.

No obstante, Federico Cintrón, director del Programa Enlace Latino de Acción Climática, explicó que el problema es la falta de análisis por parte del gobierno y del NEPR, sobre la viabilidad de establecer estos proyectos renovables de gran magnitud en otras localidades.

“Se presume de parte del gobierno y de los proponentes, que como es energía renovable, está bien. Entonces no hay un ejercicio serio de poder entender el impacto real a los lugares que estamos designando para eso, sobre todo cuando tenemos otras opciones y cuando tenemos un problema real de falta de producción de alimentos”, señaló el ambientalista.

“Toda la parte que tiene que ver con la producción de energía (fotovoltaica) ocupa cerca del 60 al 80 % de las tierras agrícolas donde se van a hacer”, refutó Cintrón.

Justicia energética

Cintrón cuestionó la insistencia del gobierno y de los proponentes de desarrollar los proyectos en terrenos agrícolas mientras existen otras opciones costo efectivas y rápidas.

“Tenemos suficientes techos para poner placas solares pero que además hay lugares ya impactados, como estacionamientos, vertederos, pero esos lugares no son considerados. Entonces, la pregunta es, si tenemos otras opciones que no impactan la agricultura, por qué no las estamos considerando de primera mano”, cuestionó.

“Nos hemos dado cuenta de que a quien único benefician estos proyectos industriales son a sus dueños. Ya está demostrado, después de María, que las fincas solares no son más resilientes, centralizan la energía y si pasa algo con la finca se pierde la producción de energía, por lo tanto, la energía distribuida en más lugares es mucho más resiliente y mucho mejor para enfrentar cualquier emergencia”, añadió mientras aseguró que centralizar la producción de energía crea desigualdad energética.

Cintrón señaló además la preocupación de que tanto el gobierno de Puerto Rico como su ente energético regulador, el NEPR, han fallado en coordinar el desarrollo de manera efectiva y continúan arriesgando la resiliencia del sistema eléctrico al centralizar la producción de energía en estas fincas.

“Hay un desface entre lo que hacen las agencias y lo que vemos de política pública sobre acciones directas. No hay una planificación organizada y lo que tenemos son un montón de propuestas que están saliendo. El NEPR está tomando unas decisiones, la Junta de Planificación toma otras, la AEE otras, ahora compiten con los intereses de LUMA y Genera PR, que también son actores en esto, así que realmente lo que vemos es una fractura de lo que debería ser una planificación ordenada”, aseguró el portavoz ambientalista.

“Aquí se están aprobando esos proyectos a la misma vez que el gobierno federal está llevando a cabo un estudio para implementar la energía renovable en Puerto Rico, a la misma vez que LUMA acaba de empezar el nuevo plan de integración de recursos y, al mismo tiempo, el DRNA está llevando a cabo un plan para mitigación y adaptación al cambio climático que incluye una sección de energía. Están todos estos planes desarrollándose pero se comunican el uno con el otro y están cada uno sometiendo modelos y estrategias distintas para alcanzar la energía renovable pero en la práctica se siguen aprobando”, criticó.

Las claves

Rezagada producción fotovoltaica

El portal del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), ente regulador sobre asuntos energéticos, confirma el estancamiento de los proyectos fotovoltaicos de gran envergadura.

Según el portal, la demanda de energía total de los 97,000 abonados para el año natural 2022 fue de 15,629 gigavatios por hora (Gwh), mientras que de esos, 686 Gwh fueron de energías renovables.

Esa cantidad, a su vez, se divide entre 422 Gwh producidos por las fincas fotovoltaicas mientras que 264 Gwh fueron producidos por conexiones privadas en residencias particulares. Por otro lado, 2021, señala información del NEPR, registró 452 Gwh producidos por fincas solares mientras que 162 Gwh fueron producidos en residencias.

Fuentes de Metro aseguraron que durante el año natural 2024 se espera un notable incremento en el desarrollo de estas fincas solares al haberse aprobado 1,000 megavatios adicionales de producción por parte del NEPR, acción que podría incrementar la producción de energía renovable a un 12 %.

Julián Herencia señaló el problema de las interconexiones para estos proyectos como un escollo que aún hay que superar.

“El proceso de establecer una finca fotovoltaica es uno que incluye muchas agencias de gobierno para determinar dónde localizar el proyecto. Cuáles son los terrenos disponibles y los puntos de interconexión, entre otros”, explicó Herencia.

Ha trascendido que las negociaciones para culminar los contratos de los proyectos de energía renovable a gran escala continúan estancadas por discrepancias entre LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en cuanto a la manera en que se manejarían los costos de estas interconexiones.

Para el secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado, la asignación aprobada por el Congreso para el sistema de salud de Puerto Rico promete una reestructuración de los servicios médicos que se le ofrece a la ciudadanía actualmente y se mostró confiado en que los cambios que se realizarán redundarán en un mejor sistema de salud.

Según indicó el titular durante su intervención en la Conferencia de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) que comenzó el miércoles pasado en el hotel Sheraton del Centro de Convenciones de San Juan y que se extenderá por todo el fin de semana, la asignación de presupuesto de $19,500 millones recibida para ese renglón es la mas grande que se haya recibido jamás en el territorio.

“El primer año son $3,375 millones más $300 millones adicionales que vienen atados a un aumento no mínimo de 75 por ciento del Medicare Fee Schedule, más 75 por ciento para aumentar los programas de integridad”, explicó Mellado durante su intervención en el evento.

“No significa que se vaya a utilizar todo eso porque el programa de salud antes de que comenzáramos el proceso de recertificación tenia un costo aproximado de $5,200 millones”, aclaró.

Según explicó el titular de Salud, entre las estrategias implementadas con el presupuesto están el aumento en un 100 por ciento de la tarifa del “Medicare Fee Schedule” a los proveedores de subespecialidades en escasez, mientras que al resto de los especialistas se les otorgó un aumento del 80 por ciento de esa tarifa. Al resto de los proveedores se les aumento un 75 por ciento.

“Antes era un 70 por ciento, pero no se fiscalizaba de la manera que se fiscaliza ahora, por eso entonces, a los cinco meses, se hizo un muestreo y se le recobró a las aseguradoras más de $12 millones, no para la Administración de Seguros de Salud (ASES), sino para pagarle a cada uno de los proveedores”, señaló el también galeno.

Mellado mencionó la creación de una oficina de investigación adscrita al DS que tendrá a su cargo la examinación de cada una de las facturas a través del sistema de Medicaid, aunque reconoció que el proceso de interconectividad todavía requiere de una última fase por completar en los hospitales, farmacias y otros proveedores. Ello facilitaría al DS, dijo, monitorear exactamente cuánto se está facturando.

Sobre el proceso de recertificación de hospitales, que se debe realizar de forma anual, el médico admitió que no se realiza en Puerto Rico desde el paso del huracán María en 2017, sin embargo, aclaró que ello no significa que el sistema de salud vaya a tener que devolver fondos previamente asignados y desembolsados.

“Eso no significa que nos vayan a quitar fondos, esto es un paquete total. Lo que significa es que dentro de lo que tengamos de pacientes nosotros remodelamos el modelo que tenemos porque hay servicios que todavía no podemos proveer porque estamos cortos de presupuesto”, explicó.

“Por ejemplo, hay una cosa que se llama el ‘Mandatory Esential Benefits’, que son servicios de cuidado a largo plazo, también están los ‘non emergency transport, los ‘Diabetic Macular Edema’ (DME) para los pacientes y el programa de Hepatitis C, entre otros. Lo que hicimos fue implementar vacunación para adultos, el programa estatal de Hepatitis C lo tenemos implementado y vamos a ver qué es lo que sucede, pero la prioridad nuestra es volver a darle un aumento a los hospitales”, sostuvo.

El titular de Salud indicó además que el gobernador, Pedro Pierluisi, pidió al DS que comenzara con el proceso de colaboración con los hospitales para lograr identificar cuáles son los diagnósticos en los que los hospitales registran pérdidas por el Per Diem (subsidio diario) que se les otorga a los hospitales por concepto de hospitalizaciones y por sala de cirugía con el propósito de comenzar con una facturación de Grupos Relacionados con el Diagnóstico (DRG, en inglés) con precaución de no impactar a los hospitales que no ofrecen servicios de cuidado especializado.

En facturación médica, el término DRG se refiere a un sistema creado para controlar los costos de atención o estandarizar las tasas de reembolso.

Aumento a los CDT

Mellado indicó además que otra de las prioridades del DS son los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) a quienes se les aumentará su compensación por servicios que, según el secretario de salud, continúan muy por debajo del estándar en el mercado.

“Vamos a aumentarlo al 100 por ciento del “Fee Schedule a los CDT y queremos aumentar el por ciento del índice de pobreza federal, en el que todavía estamos a un 85 por ciento. Estamos esperando por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)”, dijo.

“Si un paciente se queda sin plan, en Medicaid estamos trabajando para tener un centro de llamadas para que esa persona pueda ser ubicada en uno de los Centros 330 que dan un servicio extraordinario y que queremos integrarlos al sistema de salud, además de los CDT, a los cuales el gobierno les da un financiamiento a través de resoluciones conjuntas y con este aumento del 100 por ciento pues que puedan ayudarnos a atender este paciente que quizás no tenga un plan”, añadió.

Mellado también mencionó una expansión del alcance de Medicaid a nivel estatal, pero aclaró que ello dependerá de si la JSF aprueba la medida, aunque aseguró que la expectativa del gobernador es elevar a un 30 por ciento adicional el alcance del plan de salud del gobierno, movida que añadiría unas 60,000 vidas adicionales a ese plan.

Otro de los asuntos que mencionó Mellado que se tiene que atender es la necesidad de que el 93 por ciento que conforman los pacientes del Medicare Advantage para que se equipare de la misma manera que existe para la Islas Vírgenes estadounidenses (USVI).

Actualmente el índice geográfico para este programa en Puerto Rico es de apenas 23 por ciento, mientras que en las vecinas USVI ese porcentaje asciende a 32 por ciento. Asimismo, Mellado mencionó que, el por ciento de índice geográfico de Puerto Rico es abismalmente más bajo que el del resto de los estados continentales.

“Le estamos diciendo al departamento federal de Servicios Humanos y de Salud (HHS, en inglés) que nos compare con USVI y que nos suba a .70, que eso serian $1,200 millones adicionales, y eso HHS se lo puede sacar de una muela, pero ese dinero tiene que ir a parte A y parte B del Medicare. Esa es la propuesta en que la congresista Nydia Velázquez nos esta ayudando y fue la propuesta que le hicimos al secretario de salud federal”, explicó.

Alineados ASES y el DS

Por su parte, la subdirectora de ASES, Roxana Rosario, aseguró que los esfuerzos que realiza el DS están alineados con los esfuerzos de su agencia para mejorar el Plan Vital de salud del gobierno, que agrupa al 43 por ciento del 47 por ciento de la población hábil para recibir servicios de Medicaid.

“La agencia es un operador de planes médicos, pero al tener tanta población rige el acceso de servicio a través de un modelo de cuidado coordinado que no es otra cosa que buscar el cuidado de la salud del paciente y hacer salud pública”, dijo Rosario mientras explicó que el mismo cuenta de varios componentes.

“Hablamos sobre la iniciativa de la implementación del DRG, que todos los profesionales conocen, que es una metodología de pago. Es importante aclarar que el sistema de DRG es una metodología de pago que lo que busca es maximizar los pagos a los proveedores, así que no necesariamente una implementación del DRG va a implicar una reducción en las entradas”, añadió.

Rosario indicó que Puerto Rico cuenta actualmente con un sistema de base de datos formal y estándar para el territorio, sin embargo, explicó que es base de datos se nutre de toda la información que llega a la agencia a través de la facturación.

“Así que los procesos de conversión de estos tarifarios para finalmente determinar cómo van a quedar las tarifas, los aumentos y las reducciones, es un ejercicio de mirar a esa data que llega a nuestro repositorio”, dijo.

La titular de ASES explicó además que esa agencia ha estado trabajando con la AHPR para lograr materializar varios ejercicios de calibración para asegurar que los pagos actuales que se desembolsan por los servicios son correctos y consistentes con el gasto y las compensaciones que reciben los hospitales.

A pesar de que el Robert F. Mujica, director ejecutivo de la Junta de Administración y Supervisión Financiera para Puerto Rico (JSF), aseguró que las decisiones fiscales más difíciles para el gobierno de Puerto Rico ya quedaron en el pasado, el funcionario federal reconoció que se debe enfatizar en la creación de un plan “realista” para mejorar el sistema de salud del archipiélago.

Mujica hizo sus expresiones ayer durante su intervención en la Convención 2023 de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) que se realiza en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan durante este fin de semana. Allí, el funcionario federal enfatizó en la importancia de manejar correctamente los fondos disponibles para el sistema de salud y de mantener una alta responsabilidad fiscal.

“Estas decisiones a veces son presentadas como una falsa alternativa de escoger entre austeridad y prosperidad, y ese no es el caso. Es una alternativa de escoger entre ser fiscalmente responsable y ser fiscalmente irresponsable”, señaló Mujica.

“La responsabilidad fiscal conduce a la estabilidad temporera que tenemos ahora en Puerto Rico y nos permite enfocarnos y financiar las prioridades del gobierno, incluyendo la salud”, dijo.

El funcionario federal criticó la falta de acción de los sectores que componen el sistema de salud de Puerto Rico para lograr un consenso que mejore el sistema, no solo en favor de proveedores y hospitales, sino con un énfasis en los pacientes más necesitados.

“Ustedes me piden que visualice un mejor sistema de salud para Puerto Rico, eso es exactamente la razón por la que profesionales y empresarios necesitan trabajan por un fin común, que es un solo sistema de salud”, sostuvo categóricamente.

“Necesitamos un sistema de salud para todas las personas de Puerto Rico y lo que pido hoy es un esfuerzo concertado para encontrar un mapa de ruta que nos lleve hacia un mejor sistema de salud, no para los doctores, o las aseguradoras, o los hospitales, un mejor sistema de salud para todo el pueblo de Puerto Rico”, añadió.

Mujica dijo que el sistema de salud de Puerto Rico es uno frágil y la respuesta fracturada de los diferentes sectores que lo componen exacerba la situación.

No obstante, reconoció que la fragilidad en el sistema de salud luego de la pandemia no es exclusiva de Puerto Rico sino que es un problema a nivel nacional, pero insistió en que la unión de esfuerzos de los diferentes sectores logrará esbozar una respuesta realista para mejorar la calidad de los servicios de salud en Puerto Rico con los recursos que ya están disponibles.

“La JSF trabajará con la administración actual para traer a la mesa todos los sectores y participantes del sistema de salud para crear este mapa de ruta que debió haberse hecho hace tiempo”, criticó Mujica.

“No se trata de crear otro plan, he visto ya muchos, sino de crear algo mucho más concreto, que lo podamos ejecutar. Algo que se traduzca en acciones inmediatas. Algo que envuelva a todas las partes para lograr encontrar una solución holística, un mapa de ruta que podamos trazar con los recursos que tenemos disponibles”, dijo.

Asignaciones a la salud

El director ejecutivo de la JSF explicó que la Ley Promesa le exige a ese organismo fiscal que financie servicios públicos esenciales. A tales efectos, dijo, el plan fiscal de este año fiscal incluye más de $100 millones para nuevas inversiones en el campo de la salud que incluyen mejoras estructurales, compra de equipo y demás recursos.

Mujica recordó que el sistema de salud de Puerto Rico ya se encontraba en problemas incluso antes de que se legislara la ley Promesa.

“Recuerden el hospital de psiquiatría Dr. Ramon Fernández Marina perdió su acreditación en 2009. Mucho antes de Promesa, y desde entonces se ha visto incapacitado de facturar por servicios rendidos al programa de Medicaid o el de Medicare” señaló Mujica.

“El plan fiscal incluye una vía para restituir su acreditación de Medicaid e incluye fondos específicamente destinados a recuperar esa acreditación. El Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR también recibió fondos para construir sus clínicas de radioterapia y ahora el gobierno esta sustancialmente subsidiando sus operaciones”, añadió.

Mujica también indicó que la JSF incluyó en el plan fiscal 2023-2024 fondos destinados a equipo y tecnología para el Centro Cardiovascular así como dineros para la modernización de tecnología en hospitales públicos, particularmente en la implementación de sistema de récords electrónicos y otras herramientas digitales que faciliten el manejo de los hospitales.

“Estos récords digitales podrán ser accedidos por todas las clínicas que este ofreciendo tratamiento a pacientes y serán accedidas en tiempo real permitiendo a los profesionales de la salud a tomar decisiones basadas en datos concretos. Invertir en el desarrollo de récords electrónicos expande la habilidad de comunicación entre pacientes y médicos, y reduce los errores y el peso administrativo, especialmente en hospitales públicos”, señaló.

“Hemos invertido en estas herramientas para permitir la operación de hospitales públicos, sin embargo, debemos asegurarnos de que todos los hospitales tengan acceso a esos récords. Puerto Rico es una sola isla y tiene un solo sistema de salud y debemos asegurarnos de que todos los récords de pacientes sean accesibles a todos los proveedores de servicios médicos”, añadió.

Falta de médicos

El director ejecutivo de la JSF reconoció el problema de la fuga de profesionales de la salud y la necesidad de convencer a los nuevos profesionales a quedarse practicando su profesión en el archipiélago.

Mujica criticó la falta de datos empíricos sobre la cantidad de profesionales existentes en la isla.

“Esta escasez de profesionales de la salud es clara en Puerto Rico, pero la evidencia se mantiene como una anecdótica. Puerto Rico no tiene un sistema para rastrear profesionales de la salud. Hay muy pocos datos sobre cuántos graduados se quedan en Puerto Rico o cuántos vuelven a Puerto Rico luego de completar sus residencias en otros lugares”, señaló.

“Para entender y dirigir recursos efectivamente necesitamos reconocer el reto de que necesitamos recopilar mejores datos. No podemos gastar dinero a ciegas hasta que no tengamos la información precisa de como utilizar los recursos que tenemos disponibles”, dijo.

Mujica aseguró, sin embargo, que la JSF trabaja directamente con el Departamento de Salud (DS) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para realizar un análisis comprensivo y entender mejor qué trabajos en la industria de la salud están disponibles y cuales son necesarios.

“Desde 2020 el plan fiscal ha incluido $30 millones para incentivar estudiantes de medicina y médicos para realizar sus prácticas en las áreas de la salud más descuidadas en Puerto Rico. Desafortunadamente, la visión de ese programa aun no ha podido ser implementada”, lamentó.

No obstante, el director ejecutivo del organismo fiscal aseguró que presionarán para lograr que estos fondos sean utilizados de una manera que creen oportunidades para estudiantes de medicina y médicos que los disuadan de abandonar la isla.

“El plan fiscal también requiere un alza de salarios para médicos residentes o los participantes del programa de residencia de la UPR. El año pasado esos salarios aumentaron en un 20 por ciento, una inversión de $2.5 millones anuales para ayudar a retener esos estudiantes en Puerto Rico. El presupuesto del gobierno para el año fiscal 2022-2023 incluye $6,500 millones, un 20 por ciento de todos los gastos de la isla, exclusivamente para el renglón de la salud”, destacó.

El consorcio energético que maneja el componente de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA Energy, compareció ayer ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en una vista de cumplimiento para rendir cuentas sobre los informes trimestrales correspondientes a los periodos de abril a junio y de julio a septiembre.

Durante la vista se discutió el informe de progreso de interconexión de la generación distribuida, mientras que los comisionados del NEPR y miembros de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) cuestionaron a la empresa sobre varios temas.

Según el informe de LUMA Energy, la empresa comenzó a desarrollar una serie de proyectos de reparación de alimentadores de distribución que son claves para lograr integrar la tecnología necesaria para poder completar los proyectos de “energía limpia”.

Según indicaron los funcionarios de LUMA, también se registró un aumento en el número de clientes con medición neta y energía renovable distribuida a nivel de residencias. Asimismo, en el trimestre de julio a septiembre de 2023 71,000 clientes ya contaban con conexión de energía solar realizada por la empresa, en comparación con 59,000 registrados entre abril a junio de este año.

Del mismo modo, el consorcio informó que durante el trimestre de abril a junio se ejecutaron aproximadamente 2,700 conexiones mientras que en el periodo de julio a septiembre ese número incrementó a 4,100, o un aumento del 46 por ciento de solicitudes entre los dos trimestres.

Sobre una comparativa de solicitudes de interconexiones residenciales de menos de 25 kilovatios (KV), y de las industriales, de más de 25KV, los funcionarios de LUMA indicaron que entre julio y septiembre de 2023 se sometieron unas 13,300 solicitudes de las cuales apenas el .4 por ciento fueron solicitudes de más de 25KV, a pesar de notar un incremento en las residenciales.

LUMA registró unos 4,000 casos adicionales en el trimestre de julio a septiembre en comparación con el periodo anterior de los cuales el 99.4 por ciento corresponden a solicitudes del sector residencial.

“Este trimestre se interconectaron 12,725 clientes nuevos en comparación con 8,164 del pasado. Según va pasando el tiempo sí notamos tendencias cíclicas en cuanto a la demanda y al número de solicitudes para el sector residencial con 6,175 registradas entre julio y septiembre, en comparación con 5,600 del trimestre anterior”, indica el informe presentado ante el NEPR.

De más de 25 kilovatios

Para el periodo entre julio y septiembre LUMA indicó que se recibieron 53 casos para conexiones mayores de 25KV, de los cuales el 51 por ciento continúa en espera de acción del cliente.

El promedio de activación en el programa de medición neta para esos casos mayores de 25KV durante este periodo fue de 315 días de calendario de los cuales el promedio aproximado de días con acciones correspondientes al cliente fue 77 días.

“Eso incluye todas las acciones que le corresponden al proponente, que tiene que someter los diagramas para endoso, posteriormente de la aprobación del endoso de los planos, la construcción y l;a inspección”, explicó Raúl Pérez, supervisor del servicio de atención al cliente para LUMA Energy.

“Si se empieza a contar desde la fecha en que se somete la certificación de instalación eléctrica según la ley, ya sería mucho más corto el periodo. Seria en el proceso de inspección, después de ahí lo que queda es validar la certificación, validar el casi y hacer la facturación”, explicó.

Pérez reconoció que la mayoría de los casos pendientes de más de 25KV son gubernamentales y de corporaciones públicas. Asimismo, indicó que hasta el momento, ninguno de los casos gubernamentales se ha acogido al programa de medición neta agregada, otra clasificación de medición neta que incluyen los reglamentos.

Según se explicó, la medición neta agregada se utiliza exclusivamente para entidades gubernamentales y educativas.

Por su parte, Yamil Rivera, ingeniero líder de protección y control para LUMA, explicó que los retrasos en el procesamiento de casos de más de 25KV se debe a una variedad de factores que incluyen acciones de los proponentes y puede suscitarse en cualquier etapa del proceso.

“Puede ser en cualquier etapa. Puede ser hasta en la validación documental, en ocasiones someten documentos con diferente información, se revisan y se devuelven. También, si identificamos que el 15 por ciento del pico alimentador excede, se tiene que someter un estudio suplementario y ahí es un poco más sofisticado el estudio”, explicó Rivera.

“Pudiese ser en cualquier etapa, pero bajo las circunstancias de que son proyectos típicamente con subestaciones privadas, inciden directamente al voltaje de distribución y hay que tomar más tiempo para hacer ese estudio”, añadió.

Desde el momento en que se entra al amplio garaje ubicado en un sector industrial en la avenida Kennedy de San Juan, se siente la vibra de Draco Rosa – o Robbie, como lo recordamos los de la “vieja guardia”. Esa aura peculiar que posee este veterano de la experimentación sonora y que lo ha caracterizado en toda su carrera, que ya se extiende por más de cuarenta años.

Arriba, en el mezanine presurizado, cual figura mística ataviada de su usual y característico estilo, Draco es entrevistado por varios medios de prensa como preámbulo para su concierto “Mysticus”, que se presentará en una función única el próximo 21 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico.

Un cálido apretón de manos y una genuina sonrisa fue el recibimiento de este gigante musical a los miembros de la prensa, haciendo gala de su usual humildad y carisma. Una vez sentados, y extintos los usuales protocolos, este reportero le hizo la salvedad a “Robbie” de que no favorece formalismos innecesarios así que una amigable conversación sería más apropiada.

Draco asintió complacido.

“Tengo varias amistades que son fiebrús (de motoras), y yo, obviamente soy fiebrú, pero no mecane’o más allá de lo básico, pero vi esta oportunidad con los panas y agarramos todos un espacio”, explicó Draco cándidamente sobre su nueva aventura empresarial, Motorworks, en la calle Monterrey número 11, en San Juan, donde se realizó esta entrevista.

El lugar, explicó el músico, cantante, productor y compositor, es un concepto que agrupará salón de tatuajes, club y taller de motocicletas customizadas y un café donde los visitantes podrán disfrutar de la marca de café del artista.

“Un pana mío tenía un taller acá y el tattoo parlor en otro lado, yo quería abrir mi primer coffee shop en Puerto Rico y quería que fuera un lugar donde estemos hangueando, podemos trabajar, pero también tener un sitio para hanguear, y aquí estamos”, añadió un tanto más cómodo con la conversación luego de una retahíla de entrevistas que lo dejaron visiblemente agotado.

Sin embargo, y a pesar de que desde hacía seis años Draco no se presentaba en Puerto Rico, el artista explicó que sintió que este era el momento de retomar su vocación más grande y no solo presentar un extenso concierto donde recorriera su carrera musical, sino una reflexión profunda de su vida a través de su música.

Y como todo artista que enfrenta una catarsis dentro de su proceso creativo, Draco aseguró que “Mysticus” se trata de precisamente eso, de una reflexión profunda sobre sí mismo.

“Yo siempre digo que recordar es sufrir”, explicó el artista mientras un brillo de introspección inundaba por un segundo sus ojos, que se asomaban discretos desde sus gafas oscuras. “Pero hacer el ejercicio me vino bien porque he estado tan despegado de todo, de todo lo que he visto y sigo viendo. Con los trasplantes, el Covid, toda mi vida, todo lo que me ha pasado, pero me ha servido como una experiencia, digamos, mística porque a veces se siente como si nunca hubiera pasado. El yo de hoy no es la misma persona”, añadió.

Draco aseguró que en “Mysticus” el público podrá disfrutar de éxitos de la carrera solista del artista como “Penelope” y “Blanca Mujer”, pero también recorrerá el legado de “Robbie” durante sus comienzos con el grupo juvenil Menudo.

“No podemos tocarlo todo porque no habría tiempo, pero hay una selección bastante linda tanto de canciones de Draco como algunas cosas de Menudo, no cronológicamente, pero si van a escuchar uno que otro tema”, indicó.

“No es que voy a tocar exactamente las canciones de Menudo, sino que es una interpretación de un ‘grown ass man’ de esos temas. Una interpretación de una época, como Cannonball, de la película, que la vamos a tocar”, añadió.

El artista también dijo que incluiría en el repertorio éxitos de otros artistas en los que haya colaborado como productor o compositor.

“Vamos a hacer también canciones en las que he participado como compositor o como productor que fueron exitosas. Algunas de Ricky (Martin) que son de mis favoritas y otras como ‘Tú Sabes Bien’, de Ednita Nazario, que yo la produje y le vamos a hacer un tributo”, explicó Rosa.

Draco señaló que lo acompañarán en tarima varios músicos veteranos que han participado en la carrera del artista boricua.

“Tengo a mi batero de toda la vida, Toss (Panos), y a René Camacho en el bajo, pero también incorporamos a otros amigos que llevan años con nosotros, vamos a combinar un poco de lo análogo con lo tecno”, explicó.

Nuevas producciones

Draco también se encuentra promocionando el lanzamiento de su más reciente producción en formato de vinilo, “Life After Vida”, grabado durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico en diciembre de 2013 y que incluye invitados como Residente, Juan Luis Guerra, Natalia Lafourcade, Tommy Torres y Enrique Bunbury, entre otros.

Sin embargo, Draco dijo estar poco a poco tomando impulso para continuar con su trabajo musical y espera concluir este año una nueva producción que lleva cocinando hace varios meses.

“Ahora estoy en el estudio grabando un disco nuevo, como un tributo a canciones que fueron importantes en mi vida, hay de rock y de otros géneros. Ya está la mitad hecha, espero terminarlo entre noviembre y diciembre y lanzarlo a principios del año que viene”, aseguró mientras indicó que el álbum será lanzado bajo el sello Sony Music.

Otro cálido apretón de manos, pero esta vez acompañado por un tímido abrazo fraternal y otra sonrisa, concluyeron la visita a esta leyenda del rock puertorriqueño e internacional.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció hoy la firma de un acuerdo colaborativo entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) para destacar personal de esas agencias en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que expedite el proceso de permisos de construcción que aun se encuentran en proceso de aprobación.

Así lo indicó el primer ejecutivo durante su intervención en la Convención de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), realizada hoy en el Centro de Convenciones.

“Acabo de rendirle un informe a la ACPR en cuanto al estatus de la reconstrucción en Puerto Rico pero aproveché el foro para hacer dos anuncios. El DRNA y el ICP acaban de firmar acuerdos de colaboración con la OGPe para destacar personal que va a tener autoridad decisional para brindar endosos, dar visto bueno a solicitudes de permisos de construcción pendientes, y lo hacemos para agilizar estos asuntos porque estamos siempre monitoreando el área de permiso y en donde vemos dilaciones es mayormente en esas dos áreas”, señaló Pierluisi en rueda de prensa luego de su alocución.

El gobernador también anunció el próximo reclutamiento de personal para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“En el caso de la AAA no solo reclutaremos personal, sino que también reclutaremos recursos externos porque ahí también hemos detectado algunas dilaciones y queremos atajar la situación”, dijo Pierluisi.

El primer ejecutivo también indicó que se hará valer la estipulación de la Ley 184 de 2014 que integra la figura del agrimensor del estado dentro de los procesos de construcción en Puerto Rico.

“Vamos a hacer valer una ley que data de 2014 que crea la figura del agrimensor del estado. Este estaría adscrito a la OGPe y tendrá personal que le asistirá y el estará a cargo de las agrimensuras, los deslindes, entre otras gestiones que ahora mismo están repartidas entre varias agencias como el DRNA, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Junta de Planificación (JP), entre otras”, dijo.

“Así que esta figura, que se creó en 2014 y que nunca se ha implementado, la vamos a implantar. Yo haría el nombramiento y estaría sujeto a consentimiento del Senado”, añadió.

Critica dilación del Senado

El gobernador criticó la presunta dilación con que el Senado de Puerto Rico ha dilatado la revisión del proyecto que propone enmendar la Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda a los fines de modificar la fórmula para establecer los topes para viviendas unifamiliares y multifamiliares, variar el mecanismo de ajuste administrativo y enmendar secciones para establecer un nuevo límite al precio de compraventa de las propiedades bajo los beneficios del Programa de Impulso a la Vivienda.

“Veo que en el área de interés social todavía hay un proyecto de ley pendiente en el senado que por razones totalmente inconcebibles no se ha aprobado. Es un proyecto que eleva los topes de la vivienda que recibe incentivos contributivos del gobierno, por razón en el alza en los costos de construcción”, explicó Pierluisi.

“Ese proyecto, que está pendiente, viene de la industria y es increíble que este pendiente ahí desde noviembre del ano pasado y que el senado no lo aprueba. La Cámara de Representantes lo aprobó en cuestión de un mes, pero no nos hemos quedado de brazos cruzados porque estamos usando fondos de CDBG-MIT para comprar proyectos de vivienda planificada a precios razonables”, señaló Pierluisi.

El gobernador aseguró que bajo este programa se pretende construir 3,000 unidades de vivienda de costo asequible.

No obstante, Pierluisi reconoció que el mercado de vivienda responde a oferta y demanda, y son los desarrolladores y la banca la que al final tiene la última palabra de qué tipo de vivienda se desarrollará.

“La vivienda de lujo no ha tenido problemas en Puerto Rico, se sigue construyendo. La vivienda más bien para clase media es la que depende de las decisiones de negocios que tomen los desarrolladores y los bancos que son los que financian los proyectos”, indicó.