En un nuevo enfrentamiento transatlántico, X –antes Twitter– liderada por Elon Musk arremetió contra las autoridades francesas tras una orden judicial que obliga a compartir su algoritmo de recomendación y datos en tiempo real.
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La compañía niega cualquier irregularidad, califica la investigación de “criminal con motivaciones políticas” y amenaza con no cooperar, mientras París intensifica su pesquisa por posible extracción fraudulenta de información y sesgo algorítmico.
Choque de trenes entre X y la fiscalía de París
A principios de mes, la fiscalía de París elevó a “investigación criminal” una pesquisa preliminar sobre X, centrada en presunto sesgo algorítmico y obtención ilícita de datos de usuarios.
Gracias a esta calificación, la policía gala obtuvo facultades para registrar oficinas, intervenir comunicaciones y citar a declarar a ejecutivos de la red social. X, por su parte, sostiene que estas medidas buscan “silenciar voces críticas” y ha rechazado entregar el acceso solicitado al código que decide qué ven sus usuarios.
Libertad de expresión versus secreto industrial
Según X, la orden judicial amenaza el secreto comercial y la privacidad de sus usuarios. La empresa alega que ya propuso un canal seguro para compartir la información sin exponer sus sistemas, pero aún no obtuvo respuesta de la fiscalía.
Frente a ello, advierte que el incumplimiento podría derivar en multas o incluso órdenes de arresto, aunque Musk asegura que su prioridad es proteger la libertad de expresión.
Una disputa con ramificaciones internacionales
El pulso francés llega en un momento delicado: EE. UU. y la UE discrepan sobre los límites del discurso en línea. Musk, estrecho aliado de figuras conservadoras, ha acusado a Europa de censurar voces de derecha. Mientras, Bruselas investiga a X por violar la Ley de Servicios Digitales en materia de transparencia y contenido ilegal.
Esta trama promete añadir leña al debate sobre quién controla lo que millones de usuarios ven cada día.
Rostros señalados y acusaciones cruzadas
En la denuncia figura el legislador Eric Bothorel, quien acusó a X de manipular su algoritmo con “interferencia extranjera”. X califica esa imputación de “infundada” y Bothorel defiende la independencia de la justicia.
Además, la fiscalía solicitó informes de dos investigadores, David Chavalarias y Maziyar Panahi, a quienes X tildó de “hostiles”. Panahi negó la implicación y amenaza con acciones legales por difamación.
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Mientras la acusación y la defensa afilan sus argumentos, X mantiene su postura: no entregará su valiosa fórmula de recomendaciones hasta ver “motivos legítimos y sin sesgos políticos”. La batalla legal acaba de comenzar.
