El caso del asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito entró en una nueva controversia luego de que se levantaran cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés en la defensa de las acusadas, madre e hija, representadas inicialmente por la misma abogada.
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El Poder Judicial confirmó que ambas imputadas, Elvia Cabrera Rivera y su hija de 17 años, Anthonieska Avilés Cabrera, tendrían discusiones con el programa de Asistencia Legal para determinar si este les proveería representación o si continuarían con la licenciada Zulmarie Alverio Ramos. Sin embargo, en la tarde del miércoles se confirmó que Alverio Ramos ya no representará a las acusadas.
La abogada Mayra López Mulero advirtió que el conflicto de interés era una posibilidad real.
“Podría, en apariencia, ya de entrada, tomando como cierto lo que se ha dicho de que se está acusando en un concierto y como un acuerdo madre-hija, es altamente probable que exista algún tipo de conflicto o defensas encontradas”, dijo.
Por su parte, la licenciada enfocada en derechos humanos Ariadna Godreau Aubert, directora de Ayuda Legal Puerto Rico, también señaló que representar a madre e hija con una misma abogada sí planteaba ciertos riesgos.
“Cuando hay un conflicto de interés, el conflicto de interés obliga a que ese abogado renuncie. El abogado no puede escoger a cuál de las dos partes se va a quedar, sino que el abogado tiene que renunciar y eso obliga a buscar una nueva representación legal”, compartió la abogada.
Sin embargo, la exfiscal federal y abogada criminalista María Domínguez explicó que el posible conflicto de interés en la defensa de madre e hija tenía que ser comprobado por la evidencia que se presente en sala.
“Todo depende del caso. Por ejemplo, se ha rumorado, porque obviamente nosotros no estamos viendo la evidencia, que la madre alegadamente incitó a la hija. De eso haber sucedido, ahí ha habido un claro conflicto de interés (…) Entre la madre y la hija y la misma abogada no podría representar a ambas”, expresó Domínguez.
Desde la Oficina de Administración de los Tribunales se aclaró que el proceso de asistencia legal no es manejado directamente por el tribunal, sino por la Sociedad para Asistencia Legal.
Según explicó el portavoz de prensa Jean Pérez Nieves, las discusiones en torno a esa representación ocurren de manera privada entre la entidad y las personas imputadas, y luego se notifica al tribunal la determinación final. Añadió que se trata de un procedimiento administrativo aparte, no de una vista judicial, y que está pautado para atenderse en los próximos días
¿Ahora qué?
La exjueza Lauracelis Roques Arroyo detalló en el programa Día a Día que las imputadas se encuentran encarceladas provisionalmente, ya que no prestaron la fianza. Sin embargo, queda por suceder la vista preliminar, la cual está pautada para el 25 de agosto de 2025 a las 9:00 a.m.
“No pudieron pagar la fianza, por eso están ya en una institución carcelaria que es transicional. En lo que entonces vemos el próximo trámite, que como son delitos graves, es lo que llamamos la vista preliminar. Ahí en eso se encuentran causa también en la vista preliminar. Entonces pasamos a lo que es el juicio y ya en el juicio ahí se determina si el caso se ve por jurado o por tribunal de derecho”, dijo la exjueza.
¿El caso será con jurado o por derecho?
López Mulero confesó que, para ella, hay poca probabilidad de que sea un juicio por derecho.
“No creo. A mí me da la impresión de que este caso va a levantar muchas pasiones en el espectador. Considero también que el proceso, como te dije, está siendo fraccionado, cosa que no es buena para llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad”, dijo.
Domínguez, a su vez, expresó que con la presión e indignación del pueblo, se podría considerar un juicio por derecho.
“En estos momentos se podría considerar juicio por derecho porque hay mucha animosidad en el pueblo. Yo creo que probablemente la defensa intente postergar el juicio lo más posible para que los ánimos se vayan calmando. En ese momento tendrá que hacer un asesoramiento, una determinación de si pide juicio por jurado o por derecho, dependiendo cómo aprecie el ánimo en contra de las clientas”, dijo.
¿La fianza se reducirá?
Las acusadas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, con una fianza de $500 mil cada una, sumando un millón de dólares. Sin embargo, se levantó cuestionamientos sobre la posibilidad de la rebaja de la misma.
Para Domínguez, el clima actual complica cualquier rebaja de fianza. Según indicó, los hechos violentos son un elemento de peso en la evaluación judicial.
“El ambiente ahora no es el óptimo para eso, pero yo diría que también tienen que considerar que ya puede constituir un riesgo para la comunidad, porque ese acto de violencia súbito que tuvo no pinta bien. Entonces, esas son cosas que mitigan en contra de que le bajen la fianza”, detalló la abogada.
Por su parte, López Mulero coincidió en que la fianza difícilmente se modificará. Para ella, la magnitud del repudio social pesa en las determinaciones judiciales.
“No anticipo que vaya a ocurrir nada que beneficie ni a la madre ni a la hija ante la indignación que ha levantado el suceso a nivel público”, confesó.
Señaló además que las actuaciones del Estado podrían estar encaminadas a consolidar la prueba con cooperación de otras personas aún no acusadas.
“Yo tengo que inferir que muy probablemente la pesquisa involucra a otras personas y las acciones del Estado apuntan hacia su interés de fortalecer la prueba mediante algún tipo de cooperación con esas personas que todavía no han sido procesadas o no han sido acusadas”, explicó.
Mientras, Godreau Aubert resaltó la importancia de entender que la fianza no es un mecanismo de castigo, sino de comparecencia.
“En Puerto Rico la fianza no es otra cosa que una garantía de comparecencia, no existe para establecer un castigo, no existe para adelantar un mensaje por parte del sistema de justicia (…) no puede subvertir en ningún momento esa presunción que existe de inocencia de las personas (…) que es un poco lo que se ha hecho aquí”, detalló Godreau Aubert.
¿Qué fue lo que ocurrió?
El acto violento ocurrió el 11 de agosto, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, lugar donde según la Policía, se reunieron jóvenes luego de terminar una actividad del cierre de verano en el casco urbano del pueblo.
Según la pesquisa preliminar una discusión y una pelea dieron paso al ataque con arma blanca. Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años y residente de Aibonito, recibió unas ocho heridas punzantes. La joven fue trasladada a un hospital donde falleció a causa de las heridas recibidas.
Otro joven, quien no ha sido identificado, también fue atacado al intentar ayudar a su amiga.
La madre de la víctima también estaba presente e intentó ayudarla, pero sus agresores no lo permitieron.
Aún no se conoce el móvil de la discusión y la pelea que dieron paso al ataque. Lo que sí se sabe es que existía una rencilla entre los jóvenes involucrados.
