La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes reclamó este lunes un proceso amplio de vistas públicas para evaluar el Proyecto de la Cámara 1115, al plantear que la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) intenta adelantar la medida mediante una vista ejecutiva luego de una sola audiencia.
El portavoz popular, Héctor Ferrer Santiago, cuestionó el uso de este mecanismo para acelerar una legislación con impacto directo sobre la clase trabajadora.
“El salario mínimo no es un juego. Pretender despachar esta legislación en una vista ejecutiva evidencia que el PNP busca evitar el escrutinio público sobre una propuesta que afecta directamente a la clase trabajadora”, expresó.
La medida, de la autoría del representante Roberto López Román, propone eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo y devolver a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar ese ingreso base. Actualmente, el salario mínimo en Puerto Rico es de $10.50 por hora y el proyecto no altera esa cifra, sino el mecanismo para futuras revisiones .
Ferrer advirtió que el cambio implicaría sustituir un proceso técnico por decisiones políticas.
El portavoz alterno del PPD, Domingo Torres García, señaló que, aunque una vista ejecutiva no constituye la aprobación final, sí representa un paso determinante para llevar la medida al pleno, lo que —según dijo— levanta preocupaciones sobre un posible trámite acelerado.
“Lo correcto es llevar a cabo vistas públicas, participación ciudadana y política pública seria, no decisiones apresuradas en procesos cerrados para adelantar medidas que perjudican al pueblo trabajador”, indicó.
Respaldo del sector privado
En contraste, el Proyecto de la Cámara 1115 ha recibido el respaldo de organizaciones del sector privado que favorecen trasladar la facultad de fijar el salario mínimo a la Legislatura.
Según una ponencia conjunta de múltiples gremios, la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo ha operado sin contar con todos sus miembros y con un quórum limitado, lo que —a su juicio— cuestiona su legitimidad y representatividad .
La presidenta de la Cámara de Comercio, Margaret Ramírez Báez, sostuvo que el organismo “no ha tenido ni siquiera su composición, que requiere la ley que la creó”, por lo que apoyó eliminarlo y atender el tema mediante legislación.
En la misma línea, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín III, respaldó devolver la facultad al Estado, aunque advirtió que se debe evitar cualquier aumento al salario mínimo que no considere la realidad económica local.
Otros portavoces del sector empresarial han planteado que la Legislatura ofrece un foro más amplio para integrar visiones de distintos sectores —trabajadores, patronos y ciudadanos— y que el debate debe centrarse en la política pública y la competitividad económica, no únicamente en la cifra del salario.
