El Departamento de Justicia informó este viernes que atendió la situación reportada con el Registro de Cabilderos, luego de que varias firmas no aparecieran visibles en el portal público.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, aseguró que, tras una investigación, se determinó que en ningún momento se comprometieron la seguridad, la información ni los datos del sistema.

Según detalló, la incidencia —detectada desde la noche del jueves— provocó que ocho firmas no fueran visibles para el público, aunque habían cumplido con los requisitos de registro establecidos por la Orden Ejecutiva 2019-031 y la Carta Circular 2019-02.

Las entidades afectadas fueron Feliciano Legal and Government Affairs, Politank Corp., Globalize LLC, The RCL Group LLC, Consensus Law Group LLC, World Professionals Group LLC, McCarthy Strategies LLC y Grupo G25 LLC.

“El personal técnico, tanto del Departamento de Justicia como de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), validó que la información se mantuvo accesible internamente en todo momento”, sostuvo la funcionaria.

La agencia concluyó que el incidente respondió a una falla técnica de programación, la cual ya fue corregida y será reforzada para evitar que situaciones similares se repitan.

Las expresiones surgen luego de que el principal oficial ejecutivo (CEO) de Politank, Manuel Torres Nieves, solicitara a la secretaria de Justicia la realización de una investigación administrativa ante la aparente ausencia de la información de la firma en el registro.

“Nos resulta sumamente preocupante que nuestra información haya desaparecido del registro público sin mediar solicitud alguna de nuestra parte. Politank ha cumplido rigurosamente con todas las disposiciones legales aplicables al registro de cabilderos, como parte de un compromiso firme con la transparencia y el cumplimiento normativo”, expresó Torres Nieves en declaraciones escritas.

El ejecutivo añadió que la situación “plantea interrogantes sobre la integridad y manejo del sistema”, y advirtió que podría afectar la reputación de la firma y de sus clientes al crear una percepción errónea de incumplimiento.

Según indicó, la firma no había solicitado ni autorizado la eliminación de su información, ni había realizado gestiones para modificar su estatus en el sistema.

El juez David Calderón, del Tribunal de Bayamón, encontró esta tarde causa para juicio contra Aramarie Negrón Gutiérrez, de 34 años, imputada de prender fuego y causar la muerte a su padrastro Eduardo Serrano Martínez, de 72 años, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La lectura de acusación fue señalada para el próximo 24 de abril y el inicio de juicio para el 28 de mayo de 2026.

El pasado 25 de febrero, los fiscales Roberto Hernández Ramos, Rosalyn García Pastrana y Gabriel Redondo Miranda presentaron cargos contra la mujer por los delitos de asesinato en primer grado, incendio agravado, daño agravado, y maltrato de menores.

Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, a cargo del agente Wildanil Robles Rodríguez, y el Ministerio Público, la imputada cometió el delito de incendio agravado en contra del perjudicado Serrano Martínez, el día 23 de febrero de 2026 en la Urbanización Lomas Verdes de Bayamón, donde residía con su señora madre, su padrastro y su hija.

Los hechos ocurrieron en presencia de su hija, una menor de 13 años. Como consecuencia de estos hechos, la imputada le causó heridas de gravedad al perjudicado que le provocaron la muerte.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó el viernes la extradición a Puerto Rico de Nixon Manuel Marino Carreño para enfrentar cargos por supuestamente importar cocaína desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos.

Muldrow indicó que Marino Carreño fue arrestado en Colombia el 10 de marzo de 2025, a solicitud de Estados Unidos, y extraditado a Puerto Rico el 17 de abril de 2026.

Según documentos judiciales, Marino Carreño supuestamente participó desde no más tarde de mayo de 2024 junto a otros coacusados en la importación e intento de importación de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos.

El fiscal federal señaló que el imputado también enfrenta dos cargos por conspiración y posesión con intención de distribuir cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos. Añadió que, si resulta culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

Muldrow indicó que la Oficina del Agregado Judicial del Departamento de Justicia en Bogotá y la Oficina de Asuntos Internacionales colaboraron para lograr el arresto y la extradición del imputado a Estados Unidos.

La investigación está a cargo del Negociado Federal de Investigaciones y la Administración para el Control de Drogas. El procesamiento del caso está a cargo de la fiscal Camille García, de la división de recuperación de activos, lavado de dinero y crimen organizado transnacional.

El anuncio también fue hecho por el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones, Carlos Goris, y el agente especial a cargo interino de la Administración para el Control de Drogas, Evan Martínez. La acusación constituye una alegación y el imputado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en el tribunal.

La jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito, denegó este viernes una solicitud de la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, para que la imputada pudiera acceder a las instalaciones judiciales por la entrada posterior del edificio.

Con la determinación, Avilés Cabrera deberá continuar utilizando la entrada principal del tribunal en sus comparecencias.

La petición, presentada la semana pasada por la defensa, buscaba reforzar las medidas de seguridad de la joven imputada, pero el tribunal concluyó que no era necesario modificar el protocolo de acceso.

Entre las peticiones también se incluía una moción protectora para evitar que el rostro de la imputada sea visible durante el juicio, así como una solicitud bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal para que se le realice una evaluación de procesabilidad.

Jurado listo en caso de Gabriela: juicio arranca en mayo

El jurado que evaluará la prueba en el juicio por el asesinato de la menor Gabriela Nicoles Pratts quedó constituido el miércoles en el Tribunal de Aibonito, marcando el paso a la fase final del proceso judicial.

El panel quedó compuesto por ocho mujeres, cuatro hombres y seis jurados suplentes.

El juicio está pautado para comenzar el próximo 1 de mayo con la presentación de prueba y testigos.

Por estos hechos, enfrenta cargos Elvia Cabrera, quien se declaró no culpable de dos cargos por asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Su hija, Anthonieska Avilés, también fue imputada por el crimen y ya atravesó el proceso de vista preliminar.

En etapas previas, la defensa de Cabrera intentó sin éxito que se desestimaran las acusaciones, moción que fue denegada tanto por el Tribunal de Aibonito como por el Tribunal Apelativo. Mientras, el tribunal aún no ha aprobado la participación de tres fiscales adicionales en el caso.

El asesinato de Gabriela Nicole Pratts ocurrió cerca de la medianoche del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, cuando una riña entre jóvenes culminó en un ataque mortal con arma blanca. A ambas imputadas se les encontró causa en todos los cargos y se les impuso una fianza de $1 millón cada una.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció la aprobación de $94 millones por parte de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (Junta) para la reparación y rehabilitación de carreteras en Puerto Rico, en momentos en que el propio Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ha advertido que los fondos disponibles no cubren ni las necesidades mínimas de mantenimiento.

Según el comunicado oficial, los recursos estarán dirigidos a trabajos de asfaltado, rehabilitación de pavimentos y atención a deslizamientos en distintas zonas de la Isla, con énfasis en la seguridad vial, particularmente en áreas rurales. La aprobación se logró en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el DTOP, y permitirá además formalizar acuerdos de colaboración con los municipios para ejecutar los proyectos.

“Estos $94 millones serán de gran impacto, son una inversión directa en la seguridad vial de nuestras carreteras… mi compromiso ha sido claro: garantizarle a nuestra gente carreteras más seguras”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

La asignación ocurre días después de que el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, advirtiera en vista pública que la agencia enfrenta una brecha significativa de recursos para atender el deterioro de la red vial. El funcionario sostuvo que la partida vigente de $12 millones es insuficiente y que se necesitarían cerca de $200 millones para cubrir trabajos básicos de mantenimiento en los 78 municipios.

“La falta de fondos ha inhabilitado al DTOP en cumplir con su deber de proveer mantenimiento a la red vial durante este año fiscal”, indicó entonces el secretario, quien también alertó sobre la existencia de unos 700 deslizamientos en carreteras, algunos sin atender por más de 20 años.

Además, el DTOP ha estimado que atender estos deslizamientos requeriría una inversión de unos $280 millones durante el cuatrienio, lo que subraya la magnitud del rezago en infraestructura vial.

En ese contexto, la agencia había solicitado previamente mayores asignaciones, incluyendo una petición de $100 millones adicionales a la Junta, de los cuales solo una parte fue aprobada en 2025 y aún no ha sido desembolsada.

Aunque la nueva asignación de $94 millones busca atender parte de esas necesidades, no está claro cuánto del rezago acumulado podrá cubrir, considerando las proyecciones previas del propio DTOP sobre el costo total de mantenimiento y reparación de carreteras en la Isla.

La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, informó el viernes que una auditoría identificó deficiencias en el seguimiento a subrecipientes que recibieron adelantos de capital en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, adscrita a la Autoridad de Alianzas Público Privadas.

“Las deficiencias señaladas en este informe evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar que los recursos asignados cumplan con su propósito de reconstrucción y mitigación”, dijo Vega Fournier en declaraciones escritas.

La contralora indicó que el examen reveló que, al 11 de septiembre de 2024, había 974 proyectos referidos a la División de Cumplimiento y que en 504 de esos casos no se habían presentado solicitudes de reembolso, pese a haberse desembolsado 747,673,335 dólares en adelantos entre junio de 2022 y septiembre de 2024.

El Informe de Auditoría OC-26-17 emitió una opinión cualificada sobre los sistemas de información computadorizados de la entidad y cubrió el período del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025. La Oficina de la Contralora de Puerto Rico señaló que las operaciones se realizaron conforme a ley, excepto por el hallazgo relacionado con el seguimiento de esos adelantos.

Según el informe, en una muestra de 30 proyectos evaluados, la División de Cumplimiento no realizó el seguimiento dentro de las fechas establecidas en 28 casos. La auditoría detalló que en 27 proyectos no se enviaron a tiempo las primeras notificaciones de incumplimiento, a pesar de haberse otorgado 8,871,876 dólares en adelantos, con retrasos de 7 a 401 días.

La auditoría también identificó un caso en el que, transcurridos 133 días desde el vencimiento del término establecido, no se había enviado la carta de notificación a un subrecipiente que recibió 857,838 dólares por adelantado. La Oficina de la Contralora de Puerto Rico advirtió que esas fallas limitan el control efectivo sobre proyectos financiados con fondos federales.

La gerencia de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico atribuyó las situaciones al desarrollo de un programa piloto y a falta de conocimiento técnico de algunos subrecipientes sobre el manejo de fondos federales. También indicó que realizó ajustes a los procedimientos, aunque la Oficina de la Contralora de Puerto Rico determinó que el hallazgo prevalece.

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico recomendó orientar a los subrecipientes sobre el manejo de fondos federales, reforzar el seguimiento a quienes incumplen con los requisitos de adelantos de capital y mantener documentación escrita de cualquier autorización o excepción emitida por la gerencia o por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.