La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 301, ahora Ley 27-2026, para el Alivio en el Pago del Depósito para las Acometidas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La medida, presentada por el representante Axel Roque Gracia, del Distrito 28 que comprende los municipios de Naranjito, Corozal, Comerío y Barranquitas, permite que los nuevos clientes puedan pagar el depósito requerido para activar el servicio de agua mediante un sistema de cuotas.

“Miles de personas verán un alivio directo en sus bolsillos con esta medida. Estamos hablando de un servicio esencial como el agua, y ahora no tendrán que hacer un desembolso completo de inmediato, sino que podrán pagarlo en cuotas, y a la par tendrán el servicio que es lo más importante”, expresó el legislador.

La nueva ley dispone que todo nuevo cliente residencial o comercial podrá dividir el pago del depósito o fianza en plazos de meses, en lugar de realizar un solo pago al momento de solicitar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

Roque Gracia señaló que la medida elimina una barrera económica que en muchos casos retrasaba la activación del servicio, afectando la estabilidad del hogar o el inicio de operaciones comerciales.

El representante agradeció a la gobernadora por convertir la medida en ley.

La gobernadora Jenniffer González Colón respondió el viernes a preguntas sobre si la controversia de la secretaria de la Vivienda, Ciary Yadir Pérez Peña, afecta su capacidad para continuar en el cargo y la credibilidad del gobierno.

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“Tú estás hablando de una secretaria que están hablando de un issue personal previo a ser secretaria, que no es ningún señalamiento sobre su función pública. Yo creo que nosotros tenemos que separar lo que son los hechos y lo que son las especulaciones. Aquí no se está cuestionando el trabajo de la secretaria, ni de la cosas de Vivienda, ni mucho menos mi administración”, expresó González Colón a preguntas de la prensa.

“Aquí el planteamiento es dos… pero, ¿me puede dejar? Se está hablando de dos querellas radicadas por dos legisladores del Partido Popular que están en el Departamento de Justicia haciendo alegaciones previo a su función como secretaria en un negocio personal. Ante esas alegaciones el Departamento de Transportación y Obras Públicas remitió unos hallazgos, una investigación…”, indicó la gobernadora quien interrumpió su respuesta al ser abordada sobre el asunto.

“Si me deja terminar de hablar, si me dejas, si quieres contestar tú, tú sigues entonces tú”, concluyó González Colón sin terminar su línea de pensamiento.

En otro asunto, González Colón dijo que el Centro de Servicios al Conductor de Mayagüez cerró por un estudio estructural y que los servicios continuarán en alternativas mientras el gobierno reubica la oficina.

“Ese estudio estructural reflejó que ese edificio estaba comprometido y por la seguridad de los empleados que trabajan allí en el CESCO se cerró, pero eso no significa que los servicios se han cerrado”, dijo González Colón.

La gobernadora indicó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas ordenó la inspección luego de señalamientos de grietas en el edificio y en el piso. También dijo que el estudio reflejó que la estructura estaba comprometida.

González Colón dijo que en Mayagüez opera un Centro de Servicios Integrado coordinado a través del Departamento de Estado, donde hay una oficina con servicios del Centro de Servicios al Conductor. Añadió que parte del personal pasará a esa localidad para atender al público.

La mandataria dijo que la operación se mudará al Centro Gubernamental de Mayagüez y mencionó el Centro Buenaventura. También exhortó al uso de Cesco Digital y dijo que la ciudadanía puede acudir a Aguadilla y Ponce.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado emitió un informe negativo al Proyecto de la Cámara 269, que proponía enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para crear una zona de planificación especial en el área de La Parguera, en Lajas.

La medida buscaba establecer la “Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles sobre el agua y terrenos de dominio público de La Parguera”, así como crear un régimen de pago mediante cánones por el uso de terrenos públicos y cuerpos de agua ocupados por estructuras existentes.

Según el informe firmado por el presidente de la comisión, Thomas Rivera Schatz, el modelo propuesto creaba “un riesgo sustancial de legalizar, consolidar y perpetuar ocupaciones y expansiones ilegales en una de las reservas naturales más sensibles de la Isla”.

El documento señala que la propuesta se fundamentaba en la delimitación de “huellas” certificadas por los propios ocupantes, sin un inventario estatal previo ni mecanismos efectivos de verificación, fiscalización y cumplimiento.

“Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobación del P. de la C. 269”, concluye el informe.

Durante la vista pública celebrada el 22 de octubre de 2025, la comisión escuchó a representantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación, la Compañía de Turismo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. En esa vista se reconoció que las estructuras existentes en La Parguera están ubicadas sobre bienes de dominio público marítimo-terrestre y cuerpos de agua bajo jurisdicción estatal y federal, y que no cuentan con permisos formales vigentes que autoricen su construcción u ocupación.

El informe también indica que el único inventario disponible de las estructuras data del año 2013 y fue realizado por personal de vigilancia sin peritaje técnico especializado, lo que impide certificar con precisión la huella real de cada edificación o descartar ampliaciones posteriores sin fiscalización efectiva.

Además, la comisión concluyó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales carece actualmente de los recursos humanos, tecnológicos y fiscales necesarios para fiscalizar de forma efectiva las aproximadamente 147 estructuras existentes en la zona, y que no existen sistemas de monitoreo continuo que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental.

Con el informe negativo, la medida no fue recomendada para aprobación en el Senado.

El representante José “Cheito” Hernández confirmó que la próxima semana la Cámara de Representantes estará enviando citaciones a dueños de centros de inspección que fueron señalados por irregularidades en informe del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El legislador afirmó que entre los 68 dueños de centros de inspección que se encuentran citados está Yabucoa Auto Service, propiedad involucrada directamente a la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

Sobre si la funcionaria será citada a la vista, el legislador indicó en entrevista con Radio Isla 1320 que: “Si en efecto ella era la dueña registral, también va a ser parte de la citación”.

Además, será citado el exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP, Arturo Deliz Vélez, quien presentó una demanda por alegadas represalias en la que sostiene que fue trasladado y dejado sin funciones luego de investigar presuntas irregularidades en el centro de inspección vehicular que la demanda identifica como propiedad de la secretaria Pérez Peña.

Gobernadora dice que ahora le corresponde a Justicia evaluar querellas contra secretaria de Vivienda

La gobernadora Jenniffer González Colón sostuvo este jueves que ahora le corresponde al Departamento de Justicia evaluar las querellas relacionadas con la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Y. Pérez Peña, luego de que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) remitiera el informe de su investigación el pasado viernes.

La mandataria indicó que el informe fue enviado a Justicia mientras ella se encontraba fuera de Puerto Rico y que no ha tenido acceso al documento.

La controversia surge en medio de señalamientos relacionados con un centro de inspección vehicular en Yabucoa, mientras el Departamento de Justicia evalúa querellas vinculadas al caso.

Pérez Peña ha dicho que no renunciará a su cargo, al tiempo que admitió que sus familiares utilizaron su firma para gestiones sobre el centro de inspección en Yabucoa eje del conflicto.

La senadora Wandy Soto Tolentino presentó el Proyecto del Senado 1070, una medida que propone enmendar el Código Penal de Puerto Rico para incluir como modalidad de amenaza penal la intimidación mediante daño o maltrato a un animal de compañía, cuando se utilice con el propósito de coaccionar, intimidar o causar daño emocional a una persona de edad avanzada.

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La exposición de motivos del proyecto destaca que el abuso contra las personas de la tercera edad no se limita a agresiones físicas, sino que también incluye el abuso emocional, la amenaza, el fraude y otras conductas que pueden afectar de forma significativa su salud mental y bienestar general.

En ese sentido, la medida sostiene que el maltrato o la amenaza de daño contra una mascota puede convertirse en un mecanismo de abuso emocional, especialmente porque para muchos adultos mayores los animales de compañía representan una fuente importante de apoyo emocional, compañía y estabilidad afectiva.

“El vínculo entre una persona de la tercera edad y su mascota es uno profundamente emocional. Y cuando alguien amenaza con hacerle daño a esa mascota, está utilizando el miedo y el apego como un instrumento de control psicológico. Eso también es maltrato y debe tener consecuencias penales claras. Con esta medida continuamos reafirmando nuestro compromiso con la protección integral de los adultos mayores y fortaleciendo las herramientas del sistema de justicia para atender modalidades de maltrato emocional que afectan la dignidad, seguridad y bienestar de las personas de la tercera edad”, expresó la senadora Soto Tolentino.

Actualmente, el ordenamiento penal no recoge de forma expresa esta modalidad de abuso, lo que —según la exposición de motivos— puede limitar la capacidad del Estado para intervenir cuando el daño o la amenaza contra una mascota se utiliza como instrumento de intimidación o control psicológico.

El Proyecto del Senado 1070 no crea un nuevo delito, sino que amplía el alcance de las disposiciones existentes para reconocer que el maltrato o amenaza de daño a una mascota, con el propósito de intimidar o causar daño emocional a una persona de edad avanzada, constituye una modalidad de abuso emocional penalmente relevante.

La empresa Aerostar Airport Holdings realizó hoy, viernes, un simulacro de extracción de personas -conocido como extricación- empleando una aeronave real en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU).

La extricación es el proceso técnico y médico mediante el cual se libera y retira a pasajeros atrapados o inmovilizados dentro de la estructura de una aeronave tras un incidente.

A diferencia de una evacuación estándar, en la que los pasajeros pueden salir por sus propios medios, la extricación requiere el uso de herramientas hidráulicas especializadas para cortar fuselaje, ventanas o puertas, así como la intervención directa de bomberos aeronáuticos y personal sanitario.

El ejercicio, en el que participó el Aircraft Rescue & Firefighting (ARFF) del aeropuerto y los equipos gubernamentales de manejo de emergencias y bomberos, fue realizado por primera vez en un avión real dentro de las instalaciones aeroportuarias. La aeronave fue donada por la aerolínea Cape Air.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal reforzar las destrezas operacionales aprendidas en capacitaciones previas de extricación y fortalecer la coordinación interagencial para tornarla en una más ágil y efectiva.

Como parte del ejercicio, los expertos en emergencias repasaron su conocimiento técnico sobre las aeronaves, sus sistemas y los puntos de corte precisos necesarios para lograr una extracción de pasajeros segura, eficiente y efectiva en caso de un accidente en tierra.

La Federación Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico, Inc. (FEPDEMAR) aseguró estar conforme con el acuerdo alcanzado esta semana con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, para permitir que los pescadores continúen trabajando mientras la agencia tramita la renovación de sus licencias.

No obstante, el organismo insistió en que la autorización debe emitirse por escrito y con carácter oficial, ya que el proceso de renovación puede tardar hasta seis meses o más.

El presidente de la Federación, Miguel Ortiz Serrano, sostuvo que la situación es urgente, especialmente en medio de la Cuaresma, cuando aumenta el consumo de pescado.

Según explicó, el pasado 24 de febrero sostuvieron una reunión con el secretario y su equipo en la sede del DRNA, donde se discutieron alternativas para agilizar el proceso.

“Nos preguntó si estábamos conformes con darle hasta el jueves, o sea dos días, hasta ayer, para que encontrara una forma más rápida que una orden administrativa, para poder autorizar a los pescadores a pescar mientras el DRNA se encuentra tramitando la renovación de sus licencias, que a veces puede tardar hasta seis meses y más. Y, aunque dos días es mucho tiempo sin trabajar, sobre todo cuando estamos en medio de la Cuaresma, aceptamos porque vimos luz al final del túnel. El secretario lo que nos dijo es que dar una orden administrativa le puede tomar hasta dos meses, pero, aunque le preguntamos, nunca entendimos por qué dos meses”, expresó.

Por su parte, Ramberto Hernández Hernández, presidente de la Asociación de Pescadores de La Parguera, explicó que durante la reunión presentaron un borrador de orden administrativa de poco más de dos páginas. El documento proponía autorizar formalmente a los pescadores a trabajar durante el trámite de renovación y cancelar las multas emitidas en esos casos.

Según relató, el borrador no fue discutido en la reunión y no se proyectó para su revisión conjunta.

“Nosotros llegamos allí con el borrador de una orden administrativa que le habíamos llevado personalmente al secretario ya el 17 de febrero. La idea era que el secretario pusiera el borrador en la pantalla grande del salón, para que la revisáramos con su equipo y el nuestro, y para que la firmara y la pusiera en vigor a la brevedad posible. La orden es para dos cosas, la primera es que los pescadores puedan salir a trabajar y más ahora que estamos en Cuaresma, mientras el DRNA se toma el tiempo que necesite para evaluar la solicitud de renovación de la licencia del pescador. Lo otro es que se cancelen las multas que le hayan dado a los pescadores por pescar mientras el Departamento permanece evaluando la solicitud de renovación de la licencia. Pero nunca se prendió la pantalla, ni leímos el borrador de la orden que preparamos, que lo que tiene son dos páginas y un chispito más”, indicó.

Ortiz Serrano agregó que, tras conversar nuevamente con el secretario este le indicó que “en vez de dar una orden administrativa, lo que va a hacer, o lo que hizo, es decirle al comisionado de los vigilantes que no den multas”.

“Yo lo escuché humildemente, pero rápido me comuniqué con uno de los abogados de la Federación y entonces llamamos al secretario de nuevo, rápido. Nuestro abogado le trató de explicar al secretario la importancia de poner la orden por escrito. Las cosas tienen que estar claras y por escrito, tienen que ser oficiales”, añadió.

“Lo que estamos pidiendo es que ponga por escrito la orden, y claro que también le diga al comisionado que no den las multas, como no, pero que lo ponga por escrito”, concluyó.