La diectora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles, confirmó que la isla tendrá participación en la Vitrina Turística ANATO 2026, feria turística que se lleva a cabo en Colombia.

Según se indicó mediante un comunicado de prensa, el evento anual se celebrará del 25 al 27 de febrero en Bogotá, Colombia.

“La presencia de Puerto Rico como destino de viajes de placer y negocios en ANATO es fundamental para fortalecer las relaciones existentes y establecer nuevas alianzas con socios estratégicos en América Latina. Asimismo, nos permite continuar robusteciendo el acceso aéreo y marítimo, alineado con la visión de la gobernadora Jenniffer González Colón de impulsar el crecimiento económico de la Isla a través del turismo”, indicó Robles Cancel.

La directora ejecutiva añadió que “los socios de la industria que estarán representándonos en el evento constituyen una muestra de diversidad de la oferta turística local, incluyendo nuestras siete regiones turísticas, rutas temáticas, gastronomía, historia y cultura, experiencias de aventura, naturaleza, hospederías y tour operadores, entre otros productos y servicios que posicionan a Puerto Rico como un destino de clase mundial”.

Colombia representa un mercado estratégico, ya que funciona como un eje aéreo clave que conecta a Puerto Rico con Sur y Centroamérica, principalmente a través de la aerolínea Avianca.

“ANATO representa una de las plataformas comerciales más relevantes para el mercado latinoamericano y, particularmente, para fortalecer nuestra presencia en Colombia, un mercado con gran potencial de crecimiento para Puerto Rico. Cada vez más viajeros colombianos y latinoamericanos descubren en nuestra Isla una combinación única de cultura, conectividad, hospitalidad y experiencias auténticas. Nuestra participación en esta feria responde directamente a la misión de Discover Puerto Rico de impulsar el turismo a través de estrategias medibles y alianzas estratégicas que generen visitantes, noches de habitación y desarrollo económico sostenible para Puerto Rico”, dijo Jorge L. Pérez, CEO de Discover Puerto Rico.

La delegación de Puerto Rico estará compuesta por ejecutivos de la Compañía de Turismo; personal de Discover Puerto Rico; RST Rico SunTours; la agencia de viajes HB Travel; el Mall of San Juan; Sails Getaway; Global Rescue; y los hoteles Hyatt Centric San Juan, Holiday Inn Ponce, Hotel Sonesta, Holiday Inn San Juan, y Fairmont El San Juan Hotel.

Según se explicó mediante un comunicado, ANATO 2026 reunirá en su 45ª edición a más de 54 mil profesionales del turismo de más de 30 países y a 1,600 expositores, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro de la industria en la región. La feria constituye un espacio estratégico para el establecimiento de alianzas comerciales entre líderes de la industria, organizaciones de mercadeo de destino, líneas aéreas y de cruceros, mayoristas y operadores que ofrecen servicios al sector turístico.

El juez presidente del Tribunal federal, Raúl Arias Marxuach, sentenció este martes a Selena Crespo Dumeng a 10 meses de prisión y 2 años de libertad supervisada por conspiración para introducir contrabando en prisión.

La mujer fue acusada formalmente el 18 de julio de 2024 junto a siete coacusados y arrestada el 22 de julio de 2024. El 11 de noviembre de 2025 se declaró culpable por conspiración para proveer contrabando en prisión.

Según documentos del tribunal, entre julio de 2023 y el 22 de mayo de 2024, Crespo Dumeng y otras personas conspiraron para introducir objetos prohibidos, específicamente sustancias controladas, a confinados en el Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo.

Las sustancias controladas consistían en tiras de buprenorfina, conocidas como Suboxone, que eran enviadas mediante el Servicio Postal de Estados Unidos y terceros, disfrazadas como correspondencia legal dirigida a confinados. Las drogas eran ocultadas dentro de documentos en bolsillos construidos o impregnadas en el papel.

Crespo Dumeng actuó como intermediaria al facilitar pagos para el contrabando de drogas en la institución federal.

El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, y la agente especial a cargo interina del Buró Federal de Investigaciones en San Juan, Claudia Dubravetz, realizaron el anuncio.

El Negociado Federal de Investigaciones estuvo a cargo de la investigación. Los fiscales federales R. Vance Eaton y Carlos Romo Aldea estuvieron a cargo del procesamiento del caso.

La gobernadora Jenniffer González Colón sometió al Senado siete nuevas nominaciones dirigidas a reforzar distintas áreas del sistema de justicia, incluyendo fiscales, procuradores y cargos judiciales.

Entre los nombramientos sometidos para evaluación legislativa figura la designación de la licenciada Gabriela L. Torres Rivera como Fiscal Auxiliar I. Asimismo, nominó al licenciado Anthony X. Oyola Martínez como Fiscal Auxiliar II en ascenso.

Para el cargo de Procurador de Asuntos de Menores, la mandataria designó al licenciado Robert Bradley Roque, mientras que para Procuradoras de Asuntos de Familia nominó a las licenciadas Amalia M. Durán Santiago y Ana I. Pérez Camacho.

En el ámbito judicial, la gobernadora nominó al licenciado Francisco Ortiz Caraballo como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. Además, renominó a la licenciada Ivelisse M. Domínguez Irizarry como Jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.

Las nominaciones pasarán ahora a la consideración de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, donde serán evaluadas antes de una eventual confirmación.

La mayoría de las agencias y organizaciones que comparecieron ante la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar de la Cámara de Representantes no favorecieron el Proyecto de la Cámara 1093, al advertir que la medida duplicaría disposiciones ya contempladas en la Ley 82-2023, que creó el Registro de Cuidadores Informales en Puerto Rico.

El proyecto, presentado por la representante Odalys González González, propone establecer la “Ley de Cuidadores Familiares en Puerto Rico” y crear un registro oficial adscrito al Departamento de la Familia (DF).

Sin embargo, durante la vista pública, varias agencias recomendaron en su lugar enmendar la legislación vigente para fortalecerla.

La directora de Asuntos Legales del DF, Nicole Báez Ortiz, sostuvo que la intención del proyecto ya está recogida en la ley actual.

“Reconocemos el interés de esta Asamblea Legislativa en otorgarle beneficios a estas personas para capacitarlas y certificarlas como cuidadores informales de la población de adultos mayores, no obstante, muy respetuosamente exponemos que lo expuesto en este proyecto se encuentra vigente en la Ley 82-2023, por lo que favorecer su aprobación conllevaría duplicidad de esfuerzos, sobre un asunto ya legislado”, expresó.

En la misma línea se manifestó el director estatal de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), José Acarón Rodríguez, quien señaló que, aunque el propósito del proyecto es loable, sus disposiciones repiten lo ya contenido en la legislación actual.

Asimismo, la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada no favoreció la medida al entender que el asunto ya está atendido por la ley vigente.

Salud avala la medida de forma condicionada

Por su parte, el Departamento de Salud respaldó la pieza legislativa, pero condicionó su endoso a que cualquier acción sea coherente con la Ley 82-2023 ya vigente.

El analista de política pública de la Secretaría Auxiliar de Servicios para la Salud Integral Luis Abdiel Burgos indicó que el cuidador informal y el cuidador familiar no reciben remuneración económica. Sin embargo, explicó que “el cuidador familiar puede tener empleo y que la ley vigente ya le reconoce derechos para conservarlo mientras brinda cuidados”.

Bajo número de aprobaciones y costo como principal obstáculo

Uno de los datos más reveladores expuestos durante la vista fue el bajo número de cuidadores aprobados en el registro existente. Según se informó, de 170 solicitudes presentadas, solo 37 han sido aprobadas.

Báez Ortiz explicó que uno de los mayores obstáculos es el costo de certificación requerido bajo la Ley 300 de 1999, que exige la verificación de credenciales e historial delictivo.

“Nosotros nos mantenemos en comunicación con el Departamento de Salud, para ver si a esos fines podemos buscar una alternativa, ya que conlleva un costo y obviamente el cuidador informal no cobra por ayudar a su familiar, así que yo diría ese es el renglón que tenemos que trabajar”, indicó Báez Ortiz.

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunció este martes que continuará con la instalación de luminarias en la PR-52, entre los kilómetros 36.6 y 40.6, en el tramo de Salinas hacia Caguas.

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Los trabajos se realizarán el viernes, 27 y sábado, 28 de febrero de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Durante las labores se implementará el cierre, por secciones, del carril derecho en ambos sentidos, entre los kilómetros 36.6 al 40.6, en las direcciones Caguas–Cayey y Cayey–Caguas.

Los conductores pueden utilizar la PR-1, luego acceder a la PR-7715 y tomar la rampa hacia la PR-52 en dirección norte. Mientras, en dirección hacia Caguas, se recomienda utilizar la PR-1.

Las autoridades exhortaron a los conductores a transitar con precaución, estar atentos a las señales y a los dispositivos de control de tránsito que serán instalados en la zona, ya que dentro de las áreas de construcción habrá personal trabajando.