La Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) denunció este martes el incumplimiento de leyes, la falta de servicios adecuados y el abandono que, según la organización, enfrentan miles de familias con miembros dentro del espectro autista en la isla.
En el marco del Mes de la Concienciación sobre el Autismo, la entidad sostuvo que persisten fallas estructurales que limitan el acceso a diagnósticos oportunos, servicios esenciales y apoyos a lo largo del ciclo de vida, pese a la existencia de legislación vigente.
“No se trata de ausencia de leyes, sino de la falta de voluntad para cumplirlas. Hoy, las familias continúan enfrentando barreras que ya deberían haber sido eliminadas por política pública, pero en la práctica siguen siendo letra muerta”, expresó la directora ejecutiva de la AAPR, Joyce Dávila Paz.
Uno de los principales señalamientos recae sobre la implementación de la Ley 163 de 2024, que busca garantizar la protección e integración de las personas con trastornos del espectro autista. Según la organización, a más de un año de su aprobación, el Comité Interinstitucional no ha desarrollado los reglamentos necesarios, lo que mantiene la ley sin ejecutarse plenamente.
Dávila Paz también advirtió sobre la falta de programas formales para diagnósticos completos, al señalar que iniciativas existentes no cumplen con los requisitos establecidos. A esto se suma la ausencia de continuidad en los servicios cuando las personas con autismo superan la edad escolar.
“Como no hay una continuidad de servicios, del Departamento de Educación a la Administración de Rehabilitación Vocacional, la mayoría se quedan encerrados en las casas. Y muchos se pueden tornar obsesivos, agresivos, descontrolados, porque simplemente están ociosos”, sostuvo.
El abogado de la AAPR, José Gil Colón Rodríguez, subrayó que el Estado debe asumir su responsabilidad en garantizar los servicios recomendados por profesionales de la salud, en lugar de trasladar esa carga a las familias.
La organización también denunció que agencias como el Departamento de Salud y el Departamento de la Familia no han integrado adecuadamente a esta población en sus servicios ni han capacitado a su personal para atender adultos con autismo.Como ejemplo de las limitaciones, la AAPR señaló que su programa METAA, enfocado en la capacitación laboral de adolescentes y adultos con autismo, opera con recursos limitados, al recibir solo $15,000 en fondos legislativos pese a tener un costo anual de $200,000.
Según datos citados por la organización, en Puerto Rico se estima que uno de cada 21 niños de cuatro años forma parte del espectro autista, lo que, a su juicio, evidencia la urgencia de fortalecer los sistemas de apoyo y cerrar la brecha entre lo que establecen las leyes y su implementación.
En ese contexto, la AAPR anunció una serie de actividades durante abril como parte de la campaña “Unidos por la Concienciación del Autismo”, incluyendo un “Casual Day” el 24 de abril y un evento familiar el 25 de abril en el Parque Luis Muñoz Marín, en San Juan.“La inclusión no es opcional, es necesaria. La concienciación es solo el primer paso; la acción es lo que transforma vidas”, reiteró Dávila Paz.
