Puerto Rico recibirá una inversión de $40 millones que permitirá la creación de 525 empleos nuevos en las áreas de manufactura avanzada e ingeniería, distribuidos entre Santa Isabel y Aguadilla. El proyecto busca fortalecer la infraestructura industrial y tecnológica de la Isla, consolidando su posición como un centro estratégico dentro de la industria aeroespacial global.

La expansión está liderada por RTX, un grupo internacional de tecnología aeroespacial y de defensa, y su subsidiaria Collins Aerospace, que se especializa en manufactura y soluciones de ingeniería para la industria aeroespacial. Actualmente, RTX emplea cerca de 2,900 personas en Puerto Rico, de las cuales más de 1,500 laboran en Collins Aerospace.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, señaló que esta inversión demuestra confianza en el talento local y la infraestructura de la Isla.

“Con este anuncio le seguimos cumpliendo a nuestra gente con la creación de más empleos, que ya suman sobre 4,300 nuevos empleos”, expresó.

El proyecto incluye la ampliación de operaciones de manufactura avanzada en Santa Isabel y el fortalecimiento del centro de ingeniería en Aguadilla. Según autoridades locales, la iniciativa permitirá optimizar procesos de producción, mejorar la capacitación de los trabajadores y ofrecer oportunidades en empleos especializados, incluyendo técnicos de inspección, operadores de maquinaria y conductores de pruebas.

El proyecto creará un total de 525 empleos nuevos en Puerto Rico. De estos, 175 empleos estarán en Santa Isabel, principalmente en la operación de manufactura avanzada. En Aguadilla, se generarán empleos en el centro de ingeniería, con el resto de los 350 puestos distribuidos entre técnicos de inspección, operadores de máquina y conductores de pruebas.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) asignó aproximadamente $11.6 millones en incentivos dirigidos a la creación de empleos, adquisición de maquinaria y mejoras de infraestructura. Además, se otorgaron $704,500 en fondos federales para programas de aprendizaje en el empleo, beneficiando a 62 trabajadores nuevos.

El alcalde de Santa Isabel, Meldwin Rivera Rodríguez, destacó el impacto económico local. “Esta operación impacta directamente con 175 empleos para familias de nuestro municipio y de toda la región sur, y representa $9.5 millones en empleos de nueva creación, fortaleciendo nuestra economía. Agradezco a la gobernadora y a todas las entidades involucradas por seguir confiando en el talento de nuestra gente”, dijo el alcalde.

Por su parte, Julio Roldán Concepción, alcalde de Aguadilla, indicó que la inversión abrirá oportunidades para la región noroeste y contribuirá al desarrollo de talento en ingeniería y tecnología.

El director ejecutivo de PRIDCO, Roberto Lefranc Fortuño, explicó que el proyecto también revitaliza infraestructura existente y refuerza la colaboración entre el sector público y privado, promoviendo el desarrollo económico regional.

Javier Ramis Rivero, vicepresidente de operaciones globales de Collins Aerospace, afirmó que la expansión permitirá optimizar la productividad y la automatización, ofreciendo soluciones escalables y áreas de aprendizaje práctico. “Puerto Rico es un eje estratégico para el crecimiento sostenible continuo de Collins”, indicó.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitó al Negociado de Energía que desestime, sin perjuicio, el proceso actual de revisión tarifaria hasta que los tribunales resuelvan las demandas que cuestionan la validez de la extensión del contrato de LUMA Energy.

La petición surge dentro de una moción de reconsideración presentada luego de que el regulador impusiera a la AEE una multa administrativa de $25,000 por incumplir con un término procesal. No obstante, el planteamiento medular de la corporación va más allá de la sanción y apunta a la viabilidad misma del caso tarifario.

En su escrito, la AEE plantea que, ante la controversia judicial pendiente sobre la llamada Carta-Extensión firmada el 30 de noviembre de 2022, el Negociado debe “desestimar el presente caso tarifario, sin perjuicio, hasta que la Primera y Segunda Demanda sean finalmente resueltas por los tribunales”.

La corporación argumenta que las demandas activas —una ante el Tribunal de Primera Instancia y otra removida al foro federal bajo el Título III de PROMESA— buscan que se declare nula la extensión del Supplemental Agreement. De prosperar ese reclamo, sostiene PREPA, podría quedar sin efecto la base contractual que sustenta la operación actual del sistema de transmisión y distribución.

El propio escrito advierte que, “si los tribunales determinan que LUMA cesó de ser el operador de la AEE”, el caso tarifario habría sido desarrollado “en su totalidad basado en el modelo operacional de LUMA, sus datos financieros, presupuestos proyectados y gastos propuestos”.

Riesgo de desalineamiento regulatorio

La AEE argumenta que continuar con el proceso hasta una determinación final podría producir un escenario de desalineamiento regulatorio. Según la moción, aprobar tarifas bajo la estructura actual podría resultar problemático si el operador cambia por determinación judicial.

“El Negociado de Energía no debe arriesgarse a establecer tarifas basadas en insumos financieros y operacionales que podrían quedar pronto inaplicables por una determinación judicial que redefina quién es el operador legítimo”, sostiene la corporación.

Más adelante, añade que permitir que el caso avance podría generar que el regulador tenga que “reconciliar una estructura tarifaria aprobada con un operador fundamentalmente distinto, lo que potencialmente requeriría una nueva radicación tarifaria y procedimientos duplicados”.

La AEE plantea que esa situación socavaría la eficiencia regulatoria y retrasaría la estabilidad tarifaria duradera”.

Impacto potencial sobre abonados

En su análisis, la corporación también advierte que aprobar una tarifa basada en proyecciones financieras que podrían quedar obsoletas implicaría un riesgo para los abonados.

“Imponer un aumento bajo estas circunstancias equivaldría a imponer una carga —y penalizar injustificadamente— a los abonados basándose en supuestos de costos que podrían resultar irrelevantes para el operador legítimo”, señala el escrito.

Por ello, sostiene que “podría volverse operacionalmente obsoleto una vez los tribunales resuelvan la controversia contractual subyacente”.

La moción de reconsideración también impugna la multa de $25,000 impuesta por el Negociado, así como la determinación de tener por no presentados ciertos escritos. La AEE acepta que no cumplió con el término para presentar un documento requerido, pero sostiene que no actuó con mala fe y que la sanción es desproporcionada.

Aquí puedes ver el documento:

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, anunció hoy, lunes, la reactivación de la Oficina de Orientación al Ciudadano Contra la Obscenidad y Pornografía Infantil en la Radio, Televisión e Internet, para fortalecer la prevención, fiscalización y educación frente a la explotación sexual de menores mediante medios electrónicos.

La Oficina tendrá como función principal recibir y canalizar confidencialmente querellas y confidencias relacionadas con contenido obsceno o de explotación infantil en medios electrónicos; identificar patrones y modalidades emergentes en plataformas digitales; desarrollar campañas educativas dirigidas a padres, madres y tutores; y referir información pertinente a las agencias estatales y federales de ley y orden para la correspondiente investigación y procesamiento.

“La administración de nuestra gobernadora, Jenniffer González, tiene como política pública la defensa de nuestros niños. Lamentablemente, en los pasados meses se ha registrado un incremento en intentos de adultos de abusar y explotar sexualmente a menores de edad. Este fenómeno no es exclusivo de Puerto Rico; también se observa en Estados Unidos, Europa y Asia. En el DACO contamos con un mecanismo de apoyo en la lucha contra este mal social y hoy anunciamos su reactivación inmediata”, expresó el secretario en comunicación oficial.

Para dirigir la Oficina, Torres Montalvo designó al licenciado Reymeric Aponte, quien tendrá la encomienda de coordinar esfuerzos interagenciales y reforzar las iniciativas de orientación, prevención y colaboración con las autoridades correspondientes.

“Esta oficina, que llevaba un tiempo inactiva, retomará operaciones de inmediato como parte de una estrategia integral del Gobierno de Puerto Rico. Ante los eventos recientes relacionados con el uso indebido de plataformas digitales y redes sociales para explotar a menores, el Gobierno actúa con firmeza. Desde el DACO estaremos trabajando con premura para prevenir, educar y colaborar con las autoridades competentes”, añadió.

De acuerdo con estadísticas de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, la explotación sexual de menores ha aumentado en un 62.5 % desde el año 2020. Durante el pasado año fiscal federal (1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025), se registraron 1,375 sentencias en casos relacionados con pornografía infantil, cifra récord.

Asimismo, un estudio realizado en 2023 por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados reveló que uno de cada nueve menores entre 10 y 17 años ha sido abordado con ofertas de carácter sexual mediante medios electrónicos.

“El uso de nuevas tecnologías, incluyendo algoritmos de inteligencia artificial en redes sociales y videojuegos en línea, facilita el intercambio de información. Por ello, una de las principales áreas de enfoque será la orientación a padres, madres y tutores sobre la supervisión adecuada del uso de redes sociales y plataformas digitales por parte de los menores, además de otras iniciativas que estaremos anunciando próximamente”, indicó el funcionario.

Como parte de esta reactivación, el DACO unirá esfuerzos con el Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico, la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS) y el Federal Bureau of Investigation (FBI), entre otras entidades.

La Oficina de Orientación al Ciudadano Contra la Obscenidad y Pornografía Infantil fue creada al amparo de la Ley Núm. 142 del 9 de agosto de 2002, conocida como la Ley de la Oficina de Orientación al Ciudadano sobre Protección a la Privacidad Informática y Contra la Obscenidad y Pornografía Infantil en la Radio, Televisión e Internet.

Para más información, las personas pueden acceder a www.daco.pr.gov, comunicarse al (787) 722-7555, visitar las cinco regiones del DACO o seguir sus redes sociales bajo @dacoatufavor.