El Senado de Puerto Rico aprobó una medida que crea el Programa de Desvío para la Reeducación en Casos de Explotación Financiera de Personas de Edad Avanzada, dirigido a personas convictas o que se declaren culpables por este tipo de delito cuando exista un vínculo familiar con la víctima.

El programa, contenido en el Proyecto del Senado 781, establece un mecanismo alterno al encarcelamiento enfocado en la reeducación y la prevención de la reincidencia, sin eliminar salvaguardas para la protección del adulto mayor.

Entre estas, la medida dispone la expedición automática de una orden de protección y la supervisión de los programas por una Comisión Ejecutiva Interagencial encargada de su licenciamiento.

Según la exposición de motivos, la legislación persigue “promover la rehabilitación social y moral del convicto a través de la educación, así como garantizar la justicia que merece el adulto mayor protegiendo a los sectores más vulnerables”.

Durante la discusión, la senadora Roxanna Soto Aguilú aclaró que el programa no constituye un beneficio automático para cualquier persona convicta por este delito.

“No es una puerta abierta automática para alguien que no tenga récord previo de antecedentes penales sobre casos de explotación financiera, maltrato, negligencia contra envejecientes, cualquier otra naturaleza o modalidad. Lo importante es a quién le puede beneficiar para recibir un servicio restaurativo de no volver a delinquir”, sostuvo.

Desde la minoría, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón respaldó la medida al entender que se alinea con modelos de justicia restaurativa.

“Que las personas responsables de la comisión de faltas o delitos no vayan a la cárcel, sino que a través de mecanismos paralelos al trámite judicial se persiga que asuman cierta responsabilidad, ciertamente esta propuesta constituye un paso en la dirección correcta”, expresó.

La Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico retiró su confianza a la presidenta del sistema, Zayira Jordán Conde, tras aprobar una moción que señala un patrón de incumplimiento con los deberes institucionales y con el rol asesor que la ley le asigna a ese organismo.

La determinación se produjo durante una sesión celebrada el miércoles, en la que se consignó una votación mayoritaria a favor de la moción, con oposición de un grupo menor de integrantes presentes. La votación fue 22 a 14.

La iniciativa fue presentada por el profesor Daniel Chéverez, representante del recinto de Bayamón, quien planteó que la presidencia ha mantenido una relación distante con la Junta Universitaria, limitando su participación en asuntos sustantivos del sistema y desatendiendo comunicaciones formales del organismo.

La Junta Universitaria es el cuerpo con mayor representación multisectorial dentro de la UPR, al integrar a los rectores de los 11 recintos, así como representantes claustrales y estudiantiles. Su función principal, según la Ley de la Universidad de Puerto Rico de 1966, es asesorar a la presidencia en asuntos académicos, administrativos y fiscales, además de contribuir a la coordinación del sistema universitario.

En la exposición de motivos de la moción, se argumentó que la falta de colaboración ha erosionado la confianza entre los sectores universitarios y ha afectado principios de gobernanza compartida que históricamente han regido a la institución. También se advirtió sobre un estancamiento en procesos clave del sistema ante la ausencia de una dirección clara.

La acción de la Junta Universitaria ocurrió pocos días después de que la Junta de Gobierno rechazara, por un margen estrecho, una moción para destituir a Jordán Conde.

Las críticas a la gestión de Jordán Conde, sin embargo, se remontan al proceso de su designación y se han intensificado en meses recientes, con reclamos de diversos sectores universitarios que cuestionan su estilo de administración y su relación con los cuerpos colegiados.

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, junto a la secretaria interina de la Secretaría Auxiliar de Conservación e Investigación, Marisel Martínez, anunciaron el inicio de los preparativos para la temporada de sargazo, los cuales incluyen el reacondicionamiento de equipo pesado y embarcaciones utilizadas para la recolección de este material.

“Tradicionalmente, la temporada de sargazo en Puerto Rico comienza durante los meses de abril y mayo, extendiéndose hasta finales de octubre o principios de noviembre. Ante esto, desde enero nuestro personal de la Unidad Especializada de Sargazo, adscrito a la Secretaría Auxiliar de Conservación e Investigación, se encuentran reacondicionado las sargaceras y demás equipo que utilizamos para recolectar este material. Además, hemos desarrollado una serie de planes de intervención preventiva para apoyar los esfuerzos de los alcaldes cuando se presentan eventos significativos de sarazo en sus costas”, comentó el Secretario del DRNA.

“Estamos listos para esta nueva temporada de sargazo que será bien activa ya que desde ahora se han detectado sustanciales cantidades de biomasa en partes del Atlántico Norte”, agregó Quiles.

“Cónsono con la orden que nos impartido el Secretario de estar preparados para otra temporada activa de sargazo, además de brindarle mantenimiento a todas las embarcaciones y vehículos pesados utilizados para la remoción del material, estamos en el proceso de mantenimiento de los Vehículos Aéreos No Tripulados, los famosos ‘drones’, empleados para realizar métricas científicas sobre el evento, incluyendo su tamaño y movimiento. Igualmente, estamos en conversación constante con la Universidad de Florida del Sur para recibir data satelital sobre eventos de sargazos en la zona del Atlántico Norte y Tropical”, sostuvo Martínez.

Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, (NOAA, por sus siglas en inglés), el 2025 rompió récord de sargazo en el área del Atlántico Tropical, con sobre 40 millones de toneladas métricas. La cifra récord anterior fue de 36 millones en el 2005.

El DRNA adquirió, por primera vez en la historia, drones especializado para tener certeza de las dimensiones de cada mancha de sargazo referida, así como estudiar los métodos de mitigación. Por otra parte, se adquirieron dos nuevas embarcaciones, con una inversión de poco más de $750,000. Estas embarcaciones cuentan con varios sistemas de cadena que recoge el sargazo y lo deposita en un contenedor provisional. Estos equipos, junto a nuevos tractores de recolección y el personal técnico de la agencia estarán listos para el comienzo de la temporada.

Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil advirtió que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no debe aprobar un aumento de casi $40 mensuales en la tarifa básica de electricidad, al señalar que las vistas evidenciarias del proceso de revisión tarifaria expusieron fallas graves y persistentes en la gestión de LUMA Energy y Genera PR.

Representantes del Comité Diálogo Ambiental, El Puente, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida denunciaron que el récord administrativo demuestra un uso continuo de facturación estimada, medidores defectuosos o inoperantes y una dependencia significativa en procesos manuales para corregir errores en las facturas.

“Estas deficiencias contradicen las representaciones de LUMA de que sus sistemas de facturación han sido normalizados y ponen en duda la confiabilidad de sus registros financieros. Estas ineficiencias administrativas se suman a incumplimientos contractuales y faltas operacionales persistentes, por lo que no sería razonable ni justo trasladar a los abonados, vía alzas tarifarias, costos asociados a fallas del consorcio”, expresó Ingrid Vila Biaggi, portavoz de Cambio PR.

Vila Biaggi añadió que “aumentos tarifarios injustificados, como el que solicita LUMA, socavan la confianza pública y debilitan la legitimidad del sistema regulatorio”.

Por su parte, Lydia Díaz, del Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, sostuvo que aprobar el alza representaría una penalización directa a los consumidores.

“LUMA no ha podido cumplir con una de las funciones más básicas de una empresa de servicio eléctrico, que es la medición y facturación, así que aprobar un aumento tarifario mensual tan alto por los próximos tres años sería un acto de grave injusticia social penalizando a un pueblo que lleva años sufriendo un mal servicio y una pesada carga económica”, declaró.

El presidente del Frente Unido del Valle de Lajas, Alfredo Vivoni, advirtió que un incremento en la tarifa podría acelerar la desconexión de clientes del sistema eléctrico tradicional.

Según explicó, esta tendencia podría provocar un espiral financiero negativo en el que una base de clientes cada vez más reducida tendría que absorber costos fijos crecientes, comprometiendo la viabilidad del sistema.

“Si aprueban un aumento en la tarifa se va a reducir aún más la base de ingresos porque la gente se va a seguir desconectando. Ya las personas a duras penas pueden pagar el alto costo de la energía actual, eso va a ser más grave con un aumento de casi $40 mensuales”, sostuvo Vivoni.

Las organizaciones también cuestionaron la gestión de proyectos potencialmente elegibles para fondos federales. Federico Cintrón Moscoso, portavoz de El Puente, indicó que LUMA y Genera presentan deficiencias al priorizar iniciativas que podrían ser financiadas total o parcialmente con fondos federales, pero que, mediante clasificaciones internas, buscan trasladar esos costos a los abonados.

“Los abonados no deben fungir como garantes financieros de esas operaciones mientras estas compañías deciden si persiguen o no fondos federales”, señaló Cintrón Moscoso, al reclamar que el Negociado adopte mecanismos exigibles para evitar la recuperación duplicada de costos y el traslado prematuro de gastos a la tarifa.

El portavoz sostuvo que esta práctica incumple con los mandatos de las Leyes 17-2019 y 57-2014, que exigen eficiencia y tarifas justas.

A su vez, Víctor Alvarado, del Comité Diálogo Ambiental, indicó que otro elemento que justifica rechazar el aumento es la existencia de conflictos de interés derivados de las estructuras corporativas y contractuales de LUMA y Genera.

“Las relaciones con sus respectivas empresas matrices generan incentivos económicos que pueden entrar en conflicto con el deber legal de proveer un servicio eléctrico razonable, transparente y al menor costo posible. Exigir que el pueblo siga sufragando, ahora a un costo más alto, este mantengo corporativo no solamente es injusto sino que es una inmoralidad”, expresó.

En sus comentarios públicos iniciales ante el Negociado de Energía, las organizaciones señalaron que la privatización del sistema ha resultado en más apagones, fallas operativas persistentes, aumento de gastos, retrasos en proyectos esenciales, limitaciones en el acceso a fondos federales y una erosión de la confianza ciudadana.

El colectivo reiteró que el Negociado debe garantizar a los abonados acceso a energía confiable, asequible y resiliente, y citó un estudio de Queremos Sol y el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) que concluye que es posible suplir hasta un 75 % de la energía mediante generación distribuida en techos con placas solares y baterías, financiada con fondos federales ya asignados.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a someter comentarios públicos en o antes del 6 de marzo, fecha límite establecida por el Negociado, como parte del proceso de revisión de la tarifa base.

Se opone el MVC

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) exhortó este domingo a la ciudadanía a participar en las vistas públicas convocadas por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como parte del proceso de revisión de la tarifa base de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La colectividad advirtió que la propuesta de LUMA, según los datos presentados por “Queremos Sol”, podría traducirse en un aumento de hasta $40 mensuales en la factura residencial.

“Si bien podemos entender que la tarifa básica debe ser revisada, nos oponemos a la cantidad propuesta por LUMA sin que antes se haga una auditoría sobre la razonabilidad de los gastos que presentan LUMA y Genera PR, además de evitarse mayores incrementos en la carga energética de los hogares como propone la coalición, Queremos Sol. Por eso, nos unimos al llamado a participar de este proceso de vistas públicas y envío de comentarios escritos porque representa una oportunidad crucial para que el pueblo exprese su oposición formal a esta nueva propuesta de aumento de LUMA a la tarifa básica por su efecto por los próximos años en el bolsillo de las familias puertorriqueñas. No se puede seguir cargando sobre los hombros de la gente trabajadora y comerciantes un sistema eléctrico caro, ineficiente e inestable”, explicó la licenciada Eva Prados Rodríguez.

Las visitas el 2 de febrero de 2026, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Centro de Recepciones Domingo Figueroa de Vega Alta; el 3 de febrero, en igual horario, en la Sala de Conferencias del Municipio de Cidra; y el 4 de febrero, también de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Centro de Usos Múltiples de Fajardo.

El 6 de febrero habrá otra vista presencial en el Salón de la Legislatura Municipal de Yauco, en el mismo horario.

“Es importante que las personas participen de estas visitas y expliquen todos los problemas que enfrentan hoy con LUMA, el sistema eléctrico y los constantes aumentos a la luz. Para quienes no puedan ir presencialmente, habrá una vista pública híbrida de 2:00 a 7:00 p.m. el 5 de febrero de forma presencial en las oficinas del Negociado de Energía en San Juan y de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. Para ésta, las personas interesadas en ofrecer comentarios orales en deben solicitar turno en o antes del 4 de febrero, a las 3:00 p.m. comunicándose con la Oficina de la Secretaría del Negociado de Energía” añadió Prados.

Prados explicó que el NEPR también estableció un periodo de comentarios públicos escritos por correo electrónico que se extenderá desde el 1 de febrero hasta el 6 de marzo de 2026.