En el marco del Mes de la Mujer Trabajadora, la organización comunitaria Taller Salud conmemoró la fecha con la presentación de una fotogalería frente al Concilio de Salud Integral de Loíza, que reconoció a 18 mujeres de Loíza por su liderazgo y aportación a sus comunidades.

La iniciativa honró las aportaciones de: Aracelis Pizarro Rivera, Felipa Pizarro Rosa, Ivelisse Pizarro, Josefina Martell Plaza, María Luisa Cortijo, Marlene Calcaño, Mireya Calderón Boria, Nydia Rivera Márquez, Zora Moreno, Leonelys M. Fuentes Carrasquillo, Yolanda Salgado Cruz, Carmen J. Calderón López, Glenda Sánchez Parrilla, Dalila Ayala, Gisela Suárez, María Elena Pérez Camacho, Santa Pizarro Mercado y Cinthia Rodríguez.

Además, dio visibilidad al rol esencial que desempeñan estas mujeres en la construcción de comunidades más justas y resilientes, partiendo de una premisa clara: la salud colectiva comienza garantizando la dignidad, los derechos y el bienestar integral de todas las mujeres. A través de esta exposición, Taller Salud reafirmó la urgencia de atender los asuntos que impactan directamente sus vidas, desde el acceso a servicios de salud, hasta las condiciones económicas y sociales que determinan su calidad de vida.

Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, expresó que “reconocer la fuerza de las mujeres que sostienen nuestras comunidades debe ser una prioridad colectiva. Hoy visibilizamos a mujeres líderes que defienden los derechos de otras mujeres y promueven el cuidado comunitario. Su ejemplo demuestra que no puede hablarse de bienestar social sin garantizar acceso equitativo a servicios de salud física y mental, condiciones laborales justas, protección contra todas las formas de violencia, y políticas públicas centradas en la vida y el bienestar integral de las mujeres”.

Durante la actividad también se reiteró el reclamo por mayor acceso equitativo a recursos y respaldo del Estado, así como la implementación de políticas públicas que protejan y no vulneren los derechos de las mujeres. Asimismo, se reiteró el reclamo por trabajo digno.

“Las mujeres puertorriqueñas sostienen el país, muchas veces con trabajo mal remunerado, no remunerado y frecuentemente sobrecargado. Ante esta realidad, hay que seguir insistiendo en proporcionar a las mujeres salarios justos, mejores condiciones laborales, estabilidad y acceso a beneficios. También es necesario romper con la precariedad que sigue empujando a muchas mujeres a la pobreza”, destacó Zinnia Alejandro, directora de la iniciativa Paz y Desarrollo de Taller Salud.

La actividad honró las contribuciones de mujeres loiceñas y reafirmó el compromiso colectivo con la justicia social, la equidad y los derechos humanos. Porque la salud de las mujeres es la base de la salud del país, su aportación es y seguirá siendo motor esencial de desarrollo económico, comunitario y social.

El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Arecibo, presentó en la mañana del viernes, 13 de marzo de 2026, dos denuncias contra Joel Enrique Sánchez Martínez por la muerte de Ana Ocaña Rodríguez, de 50 años, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Contra el hombre se presentaron denuncias por violación al Artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico (asesinato en primer grado) y al Artículo 6.14 de la Ley de Armas (apuntar y disparar un arma de fuego), por hechos ocurridos entre los días 10 y 11 de marzo de 2026, en el sector Palma Gorda, del barrio Carrizales, en Hatillo.

De acuerdo con la investigación de la Policía y el Ministerio Público, Sánchez Martínez, quien labora como guardia de seguridad y posee licencia de armas, a propósito, y con conocimiento le causó la muerte a Ocaña Rodríguez, con quien mantenía una relación sentimental, utilizando un arma de fuego.

La prueba fue presentada por las fiscales Natalie Martínez y Yolanda Pitino ante la jueza Lorna Sostre Torres, quien luego de evaluar la evidencia determinó causa probable para arresto contra el imputado.

La magistrada le impuso una fianza de $1.5 millones por cada cargo, para una fianza global de $3 millones, y señaló la vista preliminar para el 25 de marzo de 2026.

Del CPI.

En sus 21 años como vicepresidente senior y abogado principal del periódico The New York Times, David McCraw no ha visto una administración presidencial a la que le guste ser fiscalizada por la prensa, solo ha notado que unas esconden su disgusto mucho mejor que otras.

Pero sí tiene claro cuándo es que se cruza una línea peligrosa que violenta la libertad de prensa: cuando los gobiernos usan su poder para silenciar a periodistas e interferir con su trabajo.

Escribió un libro, “Truth in Our Times”, principalmente sobre sus experiencias como abogado de periodistas durante la primera administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump, de 2017 a 2021. Sin embargo, por difícil que fue ese periodo para la prensa, es en esta segunda administración cuando ha visto cómo el abuso de poder ha entrado en territorio desconocido.

“Fue una señal muy clara de que esta administración iba a jugar muy diferente a otras” cuando hace unas semanas el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanó la residencia de la reportera de The Washington Post, Hannah Natanson, como parte de una investigación sobre filtración de información gubernamental. También, considera sin precedentes las demandas personales que Trump ha presentado contra varios medios, incluyendo el Times, por daños, en las que reclama miles de millones de dólares en compensación.

“Está convirtiendo la estructura de Gobierno en un arma contra la prensa y la libertad de expresión”, subrayó al recordar también las movidas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) contra programas de comedia en televisión por expresiones críticas al Presidente, así como la investigación de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra el grupo Media Matters por sus informes sobre cómo la red X colocaba anuncios de marcas reconocidas al lado de contenido pro nazi.

Ese recrudecimiento ocurre cuando la prensa ha perdido algo que todavía existía durante la primera administración Trump: un frente unido. Ahora, grandes corporaciones mediáticas como Paramount y ABC News, así como plataformas de contenido como Meta y X, han preferido pagar acuerdos extrajudiciales a Trump, en vez de combatir en corte sus demandas. Tan solo estos pleitos le suponen un pago total de $63 millones al Presidente.

La lucha por la libertad de prensa “es más solitaria de lo que fue una vez”, comentó McCraw en una entrevista de anticipo a su participación el lunes y martes próximo en dos actividades que presenta el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en el marco de la Semana de la Transparencia, o Sunshine Week. El lunes en la tarde se celebra la conferencia magistral Cuando el Estado quiere silenciar a la prensa y el martes en la mañana, un desayuno y conversatorio: Mirada tras bastidores a la lucha legal por la libertad de prensa bajo Trump permitirán compartir más directamente con el abogado.

Las acciones autoritarias no son providencia exclusiva de la presidencia de Estados Unidos. En Puerto Rico también ocurren y tanto el Times como el CPI han tenido que recurrir a los tribunales para combatir el que se pretenda castigar a la prensa al restringir su acceso a lugares en los que se genera noticia.

La semana pasada hubo argumentaciones en la demanda que el Times presentó por las reglas de cobertura nuevas del Pentágono que tuvieron el efecto de que todos los medios establecidos abandonaran la sala de prensa de esa agencia, por negarse a aceptarlas. Las reglas incluyen la revocación de los pases de prensa si el reportero habla con cualquier persona que no sea un portavoz oficial. Estas reglas se resumen en que “hacer preguntas puede ser castigado por el Gobierno, y eso simplemente está mal”, dijo McCraw. El Gobierno trató de argumentar necesidades de seguridad nacional, pero “la prensa ha estado en el Pentágono desde que lo construyeron y nunca ha habido un incidente en el que un miembro de la prensa haya puesto en peligro la seguridad nacional, y ellos lo admiten”.

En el caso del CPI, la jueza superior Iris Cancio González determinó el mes pasado que es una violación a la libertad de prensa de los reporteros del CPI el que se les prohíba el acceso a conferencias de la Gobernadora por no poseer una certificación del Departamento de Estado, cuyo propósito único es autorizar tablillas para autos especiales de prensa. El Gobierno ha dicho que va a apelar la decisión.

Para McCraw, quien se mantiene al tanto de ese litigio y de otros retos de la prensa en la Isla, como las nuevas enmiendas a la Ley de Transparencia que dificultan el acceso a información pública, esa amenaza de seguir litigando es un sinsentido.

“Uno esperaría que el Gobierno entendiera que hay cosas más importantes que ganar un litigio, que lo que se le está pidiendo hacer con esta decisión no es en nada dañino, simplemente reconocer que los reporteros tienen un derecho a estar ahí… los funcionarios deben hacer un mejor trabajo de recordar que trabajan en nombre del público”, observó.

En su experiencia, queda todavía la esperanza de que los jueces, tanto liberales como conservadores, generalmente han protegido los fundamentos de los derechos de expresión y prensa. Pero McCraw no escondió su preocupación por que los ataques constantes del Gobierno a la prensa afecten esta tradición.

“Los jueces son la última línea de defensa en contra de los excesos del gobierno. Cada gobierno intentará tomar ventaja del poder que tiene y el juez se convierte en la salvaguarda para evitar eso. Les diría [a los jueces] que tomaran esto muy en serio, que estos casos importan”, reflexionó.

Esta nota se publica en Metro.PR gracias a una alianza con el CPI. Puedes ver la historia original AQUÍ.