Como parte de la evaluación de los Proyectos del Senado 1173 y 1183 que buscan rediseñar el sistema de otorgación de permisos en Puerto Rico, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, expresó, en vistas públicas, que “se requiere un rediseño completo del marco que rige el desarrollo, el uso de terrenos y la operación de negocios en la isla”.
Según Negrón Reichard, existen 912 proyectos de construcción residencial pendiente de permisos, con un tiempo promedio de espera de 431 días.
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En su turno de argumentación, el secretario del DDEC planteó que el PS 1183, de la autoría de la gobernadora Jenniffer González Colón, constituye una solución al problema principal de recurrir a múltiples agencias para solicitar permisos de vivienda y construcción entre otros, “al consolidar en un solo instrumento un sistema hoy disperso en decenas de leyes, reglamentos e instrumentos administrativos”.
Con una ponencia de 35 páginas, el DDEC detalla que el marco vigente opera con más de 45 leyes y decenas de reglamentos con competencias superpuestas, además de 46 instrumentos legales y administrativos que inciden sobre las solicitudes de permisos. Además de 70 distritos de planificación territorial con criterios distintos, lo que retrasa los procesos.
Entre los cambios sugeridos, se incluye la consolidación de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) como eje operativo único convirtiéndose en una Oficina Central de Permisos.
Sobre el impacto económico y el costo de vida, el DDEC explicó que el proceso de permisos representan entre el 10% y el 30% del costo total de la construcción de una vivienda. Según su informe, en 2024 solo se financiaron 744 viviendas nuevas en toda la isla; mientras, que el precio promedio de vivienda nueva aumentó de $318,762 en 2023 a $398,694 en 2024.
Asimismo, señaló que, según los datos citados por la agencia, un proyecto típico puede incurrir entre $15,000 y $30,000 mensuales en intereses durante su espera por permisos. Multiplicado por los cientos de proyectos residenciales detenidos, ello representa un costo financiero acumulado de enorme magnitud que termina incorporándose al precio de la vivienda, al costo de un local comercial o al presupuesto de una inversión industrial.
“Ese costo no desaparece; se traslada. Es, en efecto, un impuesto invisible que nadie vota, pero que todos pagan”, afirmó Negrón Reichard.
En cuanto al costo de la implementación de este nuevo Código, el DDEC estableció un aproximado de $6.9 millones de dólares para el primer año, “utilizando recursos del propio sistema de permisos, incluyendo ingresos que ya se generan”.
Finalmente, Negrón Reichard propuso que la Comisión convoque con urgencia una mesa de trabajo técnica que permita reconciliar ambas medidas en un marco común.
“El PS 1173 y el Código no son rivales; son los dos pilares de lo que puede ser la transformación normativa más significativa en décadas para nuestra economía, nuestra vivienda y nuestra gente”, expuso.
Las declaraciones fueron parte de la vista pública conjunta celebrada hoy, lunes, por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos conjunto a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo.
Entre los deponentes, asistieron el presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, Ramón Barquín III y el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel “Gaby” Hernández.
