Un grupo de congresistas y senadores federales, entre ellos el comisionado residente Pablo José Hernández, envió una carta al secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), Chris Wright, para expresar su “fuerte oposición” a la cancelación de los proyectos restantes del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF), una decisión que —advierten— contraviene la intención del Congreso y afecta a comunidades vulnerables en la isla.

La misiva, fechada el 26 de febrero de 2026, señala que el 9 de enero el DOE notificó a los beneficiarios del programa que sus adjudicaciones quedaban canceladas de inmediato. Al momento de la cancelación, quedaban 364.3 millones de dólares sin desembolsar.

Los legisladores indican que el Departamento justificó la decisión alegando que la “continuación no es en el mejor interés del Gobierno federal”, pero sostienen que ninguno de los recipientes incumplió los términos de sus contratos, por lo que califican la terminación de los contratos ya obligados como ilegal.

De acuerdo con la carta, el Congreso autorizó y asignó 1,000 millones de dólares para el PR-ERF mediante la Ley de Asignaciones Consolidadas del año fiscal 2023, y el DOE comenzó a otorgar los proyectos de forma competitiva en 2023. Los fondos cancelados ascendían a aproximadamente 539 millones de dólares, aunque 174.8 millones ya habían sido distribuidos al momento de la notificación.

El documento recalca que la legislación estableció explícitamente que los fondos debían incluir subvenciones para hogares de bajos y moderados ingresos y para hogares con personas con discapacidades, dirigidas a la compra e instalación de energía renovable, almacenamiento energético y otras tecnologías de red. Según los firmantes, el Congreso reconoció que las inversiones en la red centralizada no habían logrado proteger adecuadamente a los hogares más vulnerables frente a apagones.

Asimismo, sostienen que los beneficiarios confiaron de buena fe en los contratos firmados con el DOE, contrataron trabajadores, aseguraron equipos y prometieron alivio a familias afectadas por interrupciones persistentes del servicio eléctrico, antes de que la agencia cancelara los acuerdos.

En la carta también se subraya que Puerto Rico continúa experimentando apagones frecuentes y altos costos de electricidad, y que los fondos asignados para la resiliencia de la red permanecen disponibles, pese a que el Departamento optó por cancelar las adjudicaciones obligadas.

Entre los firmantes figuran los senadores Martin Heinrich, Patty Murray, Charles E. Schumer, Catherine Cortez Masto, Richard Blumenthal, Kirsten Gillibrand, Ron Wyden, Bernard Sanders, Elizabeth Warren, Cory Booker, Jacky Rosen, Edward J. Markey, Mazie K. Hirono, Ruben Gallego, Jeffrey A. Merkley y Michael F. Bennet, así como los representantes Ritchie Torres, Nydia M. Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez.

El Centro de Estudios del Desarrollo (CED) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, publicó un análisis que contrasta las proyecciones económicas de la Junta de Supervisión Fiscal (JsF) y la Junta de Planificación (JP) con el crecimiento real del Producto Nacional Bruto (PNB) en los años fiscales 2020 al 2025.

El documento, titulado “Proyecciones económicas de la Junta de Control Fiscal y de la Junta de Planificación vs Realidad”, detalla que en la mayoría de los años examinados los pronósticos no coincidieron con el desempeño económico efectivo.

Para el año fiscal 2025 —el más reciente con datos disponibles— la JSF proyectó una contracción de -0.8% y la JP estimó un crecimiento de 1.2%. Sin embargo, el PNB creció 0.4%, según recoge la tabla comparativa incluida en el análisis.

El director del CED, el economista José Caraballo Cueto, sostuvo que “las proyecciones económicas las utilizan los funcionarios públicos y los actores privados para la toma de decisiones”. No obstante, señaló que “los consultores de la JSF y de la JP solo fueron certeros para el año fiscal 2023. Para el resto de los años fracasaron en sus pronósticos”.

En 2023, la JSF proyectó un crecimiento de 0.9% y la JP de 0.7%, mientras que el dato real fue 0.8%, siendo el único año en el que los estimados se aproximaron al resultado final.

Subestimaciones y sobreestimaciones

El análisis también identifica un patrón reciente: la JSF ha tendido a subestimar el crecimiento económico, mientras la JP lo ha sobreestimado.

Por ejemplo, en el año fiscal 2024 la JSF anticipó una contracción de -0.2% y la JP un alza de 2.1%, pero la economía creció 1.6%. De igual forma, en 2022 el PNB aumentó 2.6%, muy por encima de las proyecciones de 0.6% (JCF) y 0.8% (JP).

En cuanto al año fiscal 2020, previo al impacto pleno de la pandemia, ambas entidades proyectaron crecimiento (2.0% la JSF y 3.6% la JP), pero la economía registró una contracción de -3.1%.

Caraballo Cueto reconoció que el contexto del COVID-19 pudo haber alterado los pronósticos de ese año. Sin embargo, planteó que la falta de precisión se extendió más allá de ese periodo extraordinario.

“Es lamentable que estas entidades sigan contratando a las mismas empresas que fracasan en sus proyecciones. Es como si en el plano individual uno contratase una y otra vez al mismo consultor financiero que predice unos rendimientos que pocas veces son certeros”, expresó en declaraciones escritas.

El CED es una entidad creada recientemente en el Recinto de Río Piedras de la UPR con el objetivo de realizar consultoría e investigación en temas de desarrollo económico y humano.

La gobernadora Jenniffer González Colón envió el miércoles una carta al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, hijo, en respuesta al aviso de cambios metodológicos para el año calendario 2027 en las tasas de capitación de Medicare Advantage y políticas de pago de las partes C y D.

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“Puerto Rico no puede seguir operando bajo una fórmula que no refleja nuestra realidad. Estamos trabajando directamente con las agencias federales y con nuestra oficina de PRFAA para lograr ajustes específicos que protejan a nuestros adultos mayores y poblaciones vulnerables. Esta es una prioridad de nuestra administración y la estamos liderando personalmente”, sostuvo la gobernadora en declaraciones escritas.

González Colón solicitó acción administrativa para atender inequidades estructurales en el cálculo de tarifas de Medicare Advantage para Puerto Rico, una situación que, según planteó, mantiene a la isla en desventaja frente a los estados.

La gobernadora indicó que Medicare Advantage tiene más de 676,000 beneficiarios en Puerto Rico, incluyendo sobre 305,000 personas con elegibilidad dual de Medicare y Medicaid. Añadió que cambios metodológicos sin considerar la realidad local pueden tener efectos desproporcionados en un sistema que, según expuso, opera con los niveles de reembolso más bajos en la nación.

González Colón sostuvo que Puerto Rico continúa afectado por una metodología basada en el modelo tradicional de pago por servicio, que, según dijo, no refleja el mercado local y provoca distorsiones. También señaló que esa situación genera inestabilidad, presión sobre proveedores y limitaciones en inversión de infraestructura y retención de profesionales de la salud.

Entre sus propuestas, la gobernadora solicitó que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid establezcan un “benchmark floor” nacional de al menos 0.70 y medidas administrativas transitorias para garantizar estabilidad y previsibilidad mientras se atiende el planteamiento estructural.

La mandataria indicó que el 20 de febrero sostuvo reuniones en la Casa Blanca para discutir fondos de Medicaid y la situación de Medicare Advantage.

Además, señaló que coordinó gestiones en Washington junto con la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, y que recibió en Puerto Rico al director del Centro de Medicare en CMS y asesor principal del secretario de Salud federal, Chris Klomp.

La viuda del biólogo, Robert Viqueira, Moshayra Vicente Cruz respondió a las expresiones realizadas por el abogado Adán Rivera Ramos, quien representó a Eduardo Meléndez Velázquez en el caso por la muerte de su esposo.

En entrevista con la reportera Sylvia Hernández (Día a Día, Telemundo), Vicente Cruz cuestionó la manera en que el abogado de defensa trabajó el caso, asegurando que fue “baja” y “deja mucho que desear”.

“Él podrá decir lo que entienda, pero sus acciones demuestran todo lo contrario, mancilla reputaciones, levantando argumentos infundados que afectaron grandemente la credibilidad de las fiscales, de investigadores, de mí, de nuestra familia. No cabe duda que la forma de trabajo y el estilo de trabajo de ese abogado no es correcta, es baja. Deja mucho que desear”, expresó en la entrevista.

Del mismo modo, aseguró y señaló el estilo del abogado y aseguró que el acusado está “protegido por entes que se han encargado de absolverlo”.

“Yo no he vuelto a revisar esos videos, transmisiones porque fue un proceso bien duro, fuerte. El abogado de defensa me parece que se excedió, él puede hacer su trabajo de una manera limpia, profesional, pero desde el principio, tan temprano como en la vista preliminar, vimos cómo era su estilo, un estilo bajo, un estilo que deja mucho que desear de lo que debe ser un abogado de defensa. Yo reconozco que todos los ciudadanos tenemos derecho a la presunción de inocencia, pero aquí es evidente, no podemos defender lo indefendible. Me parece que este asesino está muy bien protegido por entes que se han encargado de absolverlo, de mancillar la reputación de un ser humano valioso para Puerto Rico como lo fue Robert Viqueira”, añadió.

Además, aseguró que no tiene que brindar explicaciones a las personas que la han atacado y que tiene su conciencia “tranquila”.

“No tengo que explicarles a esas personas, estoy con la conciencia tranquila, sé que actué como debía actuar. No me arrepiento, estaba defendiendo nuestra paz, nuestra tranquilidad como familia a la que tenemos derecho y nosotros sabemos que habíamos agotado todos los recursos”, expresó.

¿Qué fue lo que dijo el abogado?

En una entrevista la semana pasada con el programa Alexandra a las 12, Rivera Ramos también se expresó sobre el proceso del caso, especialmente sobre la manera en que tuvo que interrogar a la viuda de Viqueira Ríos, asegurando que lo hizo con empatía y respeto.

“Desde el principio traté de ser empático, traté de dirigirme a la testigo principal de manera respetuosa, porque sé que estaba pasando por un duelo, perder un familiar es un choque que te descontrola la psiquis completamente. Como abogado tenía que ser fuerte, tratar de impugnar con todas las cuestiones que había en la investigación, pero como humano respeto el proceso, que hay dos partes con opiniones diferentes y respetar lo que ellos sienten, tratar de no invalidar lo que ellos sienten”, afirmó el abogado.

Familia de biólogo entrega carta a la gobernadora en Fortaleza

La familia de Roberto Viqueira acudió esta semana a La Fortaleza para entregar una carta a la gobernadora Jenniffer González, donde solicitan una reunión oficial para dialogar sobre la posibilidad de revisión del fallo absolutorio emitido durante el juicio por la muerte del biólogo.