Las expresiones del secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, en el sentido de que la divulgación de documentos contributivos de la firma Politank “podría constituir un delito” provocaron una fuerte reacción del periodista Rafael Lenín López, quien denunció lo que calificó como un intento de intimidación desde el gobierno.

Durante su programa radial (Primer Round en Magic), López rechazó cualquier insinuación de conducta criminal por parte de la prensa y cuestionó el interés del Ejecutivo en frenar la divulgación de información relacionada con la firma vinculada al exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández.

“Estamos hablando del portavoz de la Rama Ejecutiva sugiriendo que yo cometí delito”, sostuvo el periodista, al tiempo que planteó interrogantes sobre por qué La Fortaleza reaccionaría ante la publicación de documentos si, como ha sostenido el gobierno, no existe vínculo actual con la empresa.

“¿Qué le importa a la Fortaleza si yo publico las planillas de Politank, si ellos están tan desvinculados?”, cuestionó.

Las declaraciones surgen luego de que este publicara documentos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que reflejan un aumento significativo en los activos y capital de Politank entre 2023 y 2024, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre la transacción mediante la cual Domenech vendió la firma antes de asumir funciones en el gobierno.

López enmarcó las advertencias del gobierno como parte de un patrón de presión contra periodistas que investigan el caso. “Que tenga mucho cuidado con unirse al coro de amenazas a quienes están tratando de descorrer el velo corporativo de Politank”, expresó.

Asimismo, elevó el tono de su crítica al asegurar que este tipo de posturas son incompatibles con un sistema democrático. “Son cosas de dictaduras”, afirmó, aludiendo a lo que describió como un intento de disuadir la publicación de información de interés público.

Hasta el momento, el gobierno no ha iniciado acciones legales concretas por la publicación de los documentos, aunque reiteró que evalúa los “pasos correspondientes”.

En la ponencia ante el Senado del secretario de la Gobernación y exdueño de Politank, Francisco Domenech, este aludió a la importancia de una prensa libre para la sociedad democrática. En el pasado, Domenech ha demandado sin éxito a periodistas.

En reconocimiento a una trayectoria de casi siete décadas de servicio ininterrumpido, el Municipio de Utuado rindió homenaje a don José Arocho Cortés, distinguido barbero utuadeño que por 68 años ha dedicado su vida al oficio de la barbería. Fue precisamente de su padre, Emilio Arocho, conocido cariñosamente como Don Millo, de quien heredó el talento para el recorte, mientras apenas cursaba el séptimo grado.

Natural del sector Pastales, Arocho Cortés comenzó en el oficio desde joven y posteriormente fundó su barbería en el sector La Playita de Utuado. Desde entonces, don José ha sido parte integral de la vida comunitaria utuadeña. Su barbería ha servido no solo como lugar de trabajo, sino también como espacio de encuentro, conversación y apoyo para quienes lo visitan.

A lo largo de los años, ha recortado a generaciones completas de familias utuadeñas: padres, hijos, nietos y bisnietos han pasado por sus manos. Su historia de trabajo, constancia y servicio fue destacada por el ayuntamiento municipal como ejemplo de dedicación, compromiso con su pueblo y el legado que ha forjado como comerciante y servidor de su comunidad.

A través de las décadas, ha enfrentado los desafíos propios del país, incluyendo huracanes, tormentas e inundaciones, manteniéndose firme en su compromiso de servir a su gente.

La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes radicó un proyecto de ley que busca aumentar de forma escalonada la asignación presupuestaria a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y restituir la fórmula de financiamiento de la institución.

La medida propone enmendar la llamada “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico” para garantizar mayores recursos al principal centro docente del país, en respuesta a años de recortes presupuestarios que, según sus proponentes, han afectado su funcionamiento académico y administrativo.

El portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez Lebrón, sostuvo que la universidad ha sido un pilar del desarrollo socioeconómico del país, pero que su estabilidad se ha visto comprometida.

“La UPR ha sido para nuestro país un activo fundamental del desarrollo socioeconómico durante más de un siglo. No existe aspecto de la vida colectiva puertorriqueña en el que la Universidad no haya tenido participación directa o indirecta”, expresó Márquez Lebrón.

Añadió que los recortes han provocado reducción de programas académicos, disminución en la matrícula, limitaciones en la contratación de profesores y menos ayudas económicas para estudiantes, lo que —advirtió— pone en riesgo el acceso a una educación pública de calidad.

Por su parte, la representante Nelie Lebrón Robles destacó el valor institucional de la UPR como eje del desarrollo del país.

“La Universidad de Puerto Rico es el más importante patrimonio educativo de nuestra nación y merece la atención y el cuidado necesario para que continúe aportando en todos los renglones de nuestro quehacer: científico, económico y social”, indicó.

La delegación del PIP, que también incluye a la representante Adriana Gutiérrez Colón, detalló que la propuesta establece un aumento progresivo del presupuesto durante los próximos tres años fiscales. Posteriormente, se restituiría la fórmula contenida en la Ley 2 de 1966, que fija la asignación de la UPR en el 9.6% del promedio de los ingresos del gobierno central de los dos años fiscales previos.

Márquez Lebrón subrayó que la iniciativa busca “rescatar y restituir el presupuesto” universitario como un asunto de equidad.

“Defender la UPR es defender el futuro del país. Es una cuestión de justicia”, afirmó.

El legislador también informó que envió comunicaciones a las demás delegaciones legislativas para solicitar apoyo a la medida, la cual —aseguró— fue consultada con diversos sectores de la comunidad universitaria.

La Junta de Supervisión Fiscal ha impulsado recortes agresivos en el presupuesto de la UPR, al tiempo que se aumentaron los costos de matrícula.