La vista preliminar del caso contra Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada junto a su madre por la muerte de Gabriela Nicole Pratts, continuó el jueves en el Tribunal de Aibonito con el testigo de una joven que asegura haber presenciado los hechos ocurridos en agosto de 2025.

Se trata de Gabriela Figueroa, de 18 años, quien en medio del interrogatorio de fiscalía aseguró que Avilés Cabrera le confesó haber “apuñalado” a la víctima. Según el testimonio de la joven, a quien apodan “Gaba”, el día de los hechos se celebró una actividad de cierre de verano y ocurrieron varios incidentes.

La testigo indicó que ocurrieron tres peleas al mismo tiempo. Esta indicó que una de las peleas involucraba a Gabriela Nicole Pratts y Anthonieksa Avilés, mientras que otra era entre Elvia Cabrera (madre de Anthonieksa y coacusada en el caso) y Lisandra Rosario (madre de Gabriela Nicole Pratts).

Además, en su testimonio la joven indicó que tuvo una pelea con la madre de Gabriela Nicole, lo que le impidió ver los hechos. Sin embargo, aseguró que tras el encontronazo, Anthonieksa Avilés le confesó que habría “apuñalado” a la víctima.

“Anto se para a mi lado y me dice: Gaba, Gaba, la apuñalé”, afirmó la testigo y aseguró ante preguntas del fiscal Orlando Velázquez Reyes que la acusada se lo indicó en dos ocasiones.

“Cuando me dijo: Gaba, Gaba, la apuñalé, tenía las manos llenas de sangre (tenía cortaduras en las manos)”, dijo la testigo.

Del mismo modo, aseguró que en una conversación por mensajes de la aplicación TikTok, Anthonieksa le habría indicado que siguiera las instrucciones de su madre Elvia, luego de que se confirmara la muerte de Gabriela Nicole Pratts.

“¿Ya sabes?”, aseguró la testigo que le escribió a la acusada. Posteriormente, indicó que: “Ella (Anthonieksa) me contestó: tú simplemente vas a hacer lo que mami te diga”.

Según relató la periodista Marjorie Ramírez en su reportaje en Telenoticias, Anthonieksa estuvo llorando mientras se llevaba a cabo el testimonio.

Por otro lado, en el contrainterrogatorio de la defensa, la joven afirmó que no vio a Anthonieksa apuñalar a Gabriela. Igualmente, afirmó que no vio a la acusada con algún objeto.

La próxima vista se pautó para el 20 de febrero.

Juicio contra Elvia Cabrera

El juicio contra Cabrera Rivera está pautado para comenzar mañana viernes, 13 de febrero, con la selección del jurado. Según se informó en sala, se espera la comparecencia de alrededor de 40 testigos y la evaluación de cinco paneles de candidatos para conformar el jurado.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresó el jueves su rechazo a la conversión en ley del Proyecto del Senado 923, que enmienda el Código Penal para definir como “ser humano” al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del ámbito penal.

Relacionado: Gobernadora firma medida que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido

La medida fue firmada esta semana por la gobernadora Jenniffer González Colón y se convirtió en la Ley 18-2026, con el propósito de enmendar el Artículo 92 del Código Penal para armonizarlo con la Ley 166-2025, conocida como la Ley Keyshla Madlane.

En una declaración institucional, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico manifestó “firme rechazo” a la nueva legislación y expresó preocupación por la firma de la medida.

“Nuestra institución expresa una profunda preocupación ante la decisión de la Gobernadora de estampar su firma en un estatuto que ella misma calificó previamente como innecesario, reconociendo correctamente que la Ley Keyshla Madlane ya cubría el marco jurídico pretendido”, sostuvo el organismo.

El Colegio planteó que la legislación introduce falta de coherencia normativa al establecer definiciones que, a su juicio, no distinguen adecuadamente entre escenarios médicos, jurídicos y constitucionales.

“Al proceder con esta firma, se ignora la advertencia del Colegio sobre la falta de coherencia normativa que este lenguaje introduce al establecer definiciones absolutas que no distinguen adecuadamente entre escenarios médicos, jurídicos y constitucionales”, expresó.

La entidad añadió que el impacto real de la medida “no es claro”, pero señaló que sí lo es el contexto político en que se aprobó.

“El impacto real de esta medida no es claro, pero sí lo es el contexto político en el que se promueve, marcado por una agenda que ha evidenciado un patrón consistente de reducción de derechos”, indicó.

El Colegio sostuvo además que la legislación podría propiciar un escenario de medicina defensiva que afecte la atención de mujeres y personas gestantes.

“Como hemos sostenido, el impacto de esta legislación fomenta una medicina defensiva que podría obstaculizar la atención oportuna de mujeres y personas gestantes, afectando la salud pública. Reiteramos que los enfoques punitivos no han demostrado ser efectivos y que este tipo de legislación, aprobado sin una discusión democrática ni vistas públicas, lacera la seguridad jurídica del país”, concluyó la organización, que adelantó que se mantendrá vigilante ante la aplicación de la ley.

Por su parte, la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, expresó:

“Ante la firma plasmada por la gobernadora en el Proyecto del Senado 923, convirtiéndolo en ley, es importante reiterar que el aborto es legal en Puerto Rico, un derecho que no debería verse afectado. Sin embargo, el hecho de no haber permitido una discusión amplia del proyecto, sobre todo tratándose de una enmienda al Código Penal -que conlleva las sanciones más severas- es en sí misma una violación del proceso de participación ciudadana y de la sana gestión legislativa. No existe duda de que la medida no tuvo el análisis adecuado antes de su aprobación y deja un espacio de ambigüedad inaceptable para los derechos civiles. Lo que procede, ahora, es velar y documentar su aplicación e impacto.

Con esta acción, la gobernadora valida –una vez más- el proceder antidemocrático del liderato legislativo actual, que aprobó de forma expedita la medida sin vistas públicas, un proceder que no permitió escuchar y analizar las posturas de grupos y personas potencialmente impactadas. El liderato legislativo no cumplió con esa responsabilidad que tiene con el pueblo y la gobernadora tampoco”.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresó el jueves su rechazo a la conversión en ley del Proyecto del Senado 923, que enmienda el Código Penal para definir como “ser humano” al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del ámbito penal.

Relacionado: Gobernadora firma medida que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido

La medida fue firmada esta semana por la gobernadora Jenniffer González Colón y se convirtió en la Ley 18-2026, con el propósito de enmendar el Artículo 92 del Código Penal para armonizarlo con la Ley 166-2025, conocida como la Ley Keyshla Madlane.

En una declaración institucional, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico manifestó “firme rechazo” a la nueva legislación y expresó preocupación por la firma de la medida.

“Nuestra institución expresa una profunda preocupación ante la decisión de la Gobernadora de estampar su firma en un estatuto que ella misma calificó previamente como innecesario, reconociendo correctamente que la Ley Keyshla Madlane ya cubría el marco jurídico pretendido”, sostuvo el organismo.

El Colegio planteó que la legislación introduce falta de coherencia normativa al establecer definiciones que, a su juicio, no distinguen adecuadamente entre escenarios médicos, jurídicos y constitucionales.

“Al proceder con esta firma, se ignora la advertencia del Colegio sobre la falta de coherencia normativa que este lenguaje introduce al establecer definiciones absolutas que no distinguen adecuadamente entre escenarios médicos, jurídicos y constitucionales”, expresó.

La entidad añadió que el impacto real de la medida “no es claro”, pero señaló que sí lo es el contexto político en que se aprobó.

“El impacto real de esta medida no es claro, pero sí lo es el contexto político en el que se promueve, marcado por una agenda que ha evidenciado un patrón consistente de reducción de derechos”, indicó.

El Colegio sostuvo además que la legislación podría propiciar un escenario de medicina defensiva que afecte la atención de mujeres y personas gestantes.

“Como hemos sostenido, el impacto de esta legislación fomenta una medicina defensiva que podría obstaculizar la atención oportuna de mujeres y personas gestantes, afectando la salud pública. Reiteramos que los enfoques punitivos no han demostrado ser efectivos y que este tipo de legislación, aprobado sin una discusión democrática ni vistas públicas, lacera la seguridad jurídica del país”, concluyó la organización, que adelantó que se mantendrá vigilante ante la aplicación de la ley.

Un doble asesinato fue reportado en horas de la tarde de hoy, jueves, en el kilómetro 7.4 de la carretera PR-971, en el barrio Río Arriba de Ceiba.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el área. Al llegar a la escena, los agentes encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer con heridas de bala. Ambos fueron declarados muertos en el lugar.

Las circunstancias del crimen permanecen bajo investigación y las víctimas no han sido identificadas.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía que, de tener información que ayude al esclarecimiento del caso, se comunique al 787-343-2020. También pueden enviar confidencias a través de la red social X en @PRPDNoticias o en Facebook en facebook.com/prpdgov.

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, arrestaron a un hombre que figuraba como prófugo por cargos de agresión sexual contra una menor de 12 años.

El detenido fue identificado como Rafael A. Báez Adorno, alias “Cacique Hurakán”. Contra este pesaban cargos radicados en ausencia en abril de 2023 por agresión sexual. Estos fueron presentados en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, donde se determinó causa para arresto y se expidió una orden con una fianza de $200,000.

La investigación estuvo a cargo de la agente Charilys García Ruiz, de la división antes mencionada, quien coordinó con el Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals) en Puerto Rico, logrando la localización y arresto del prófugo en el estado de Ohio.

Báez Adorno fue puesto bajo custodia y posteriormente se completó el proceso de extradición para que enfrente los cargos en Puerto Rico.

La Policía exhortó a la ciudadanía que, de tener información que ayude al esclarecimiento de casos, se comunique al 787-343-2020. También pueden enviar confidencias a través de la red social X en @PRPDNOTICIAS o en Facebook en facebook.com/prpdgov.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó que no existe quantum de prueba para fijar comisión de delito contra el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, en relación con préstamos otorgados por el Departamento de la Vivienda y Programas Federales del municipio.

El Panel acogió la recomendación de la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, y resolvió no designar un Fiscal Especial Independiente, aunque refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental, que mantiene activa una pesquisa administrativa.

El referido surgió a raíz de una comunicación de la excontralora Yesmín Valdivieso sobre una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico que cubrió el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2022, relacionada con varios préstamos concedidos por el municipio de Mayagüez.

Según el informe reseñado, entre el 19 de enero de 2000 y el 24 de enero de 2020 el municipio de Mayagüez otorgó 72 préstamos por 4,602,845 dólares, de los cuales se examinaron cinco por 1,190,000 dólares concedidos a empresas.

El Departamento de Justicia concluyó que no se puede sostener, sin lugar a duda razonable, que el exalcalde de Mayagüez y los demás funcionarios hayan incurrido en conducta obstinadamente negligente constitutiva de delito ni que exista el elemento de intención criminal requerido para malversación de fondos públicos.

Asimismo, se determinó que las situaciones señaladas responden a fallas administrativas y que no existe prueba de intención específica de obtener un beneficio indebido mediante el uso de fondos o autoridad.

Por estas razones, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente decidió no designar un Fiscal Especial Independiente contra José Guillermo Rodríguez Rodríguez y otros funcionarios municipales, y refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental para la evaluación correspondiente.