A más de 13 años de la aprobación de la Ley 22 de 2012, que creó el decreto para las personas clasificadas como inversionistas extranjeros, se mantiene una discusión recurrente sobre si las personas que disfrutan de esta extensión contributiva están violando las reglas del Servicio de Rentas Internas Federal (IRS, por su siglas en inglés).
Después de años en una campaña con pocos resultados, en el 2025 el IRS intensificó la atención y recursos asignados a la supervisión de los individuos con este decreto en Puerto Rico. Este escrutinio ya llevó al primer caso en el tribunal, con el inversionista Suresh Gajwani, quien en junio del 2025 se declaró culpable de fraude. Gajwani admitió que se mudó a Puerto Rico en el 2019 bajo la clasificación de la Ley 22 para evitar una contribución de $7 millones de impuestos sobre ganancias de capital que tenía que pagar en el estado de la Florida.
La Ley 22— ahora cobijada en la Ley 60 de 2019, también conocida como el Código de Incentivos— establece los requisitos y beneficios para recibir un decreto que se le otorga a los inversionistas extranjeros. Entre los requisitos de la ley está ser residente bona fide de Puerto Rico, lo que implica vivir en la isla 183 días del año. Entre los beneficios está que los inversionistas residentes, como los describe la ley, no tendrán que pagar impuestos sobre fuentes de ingreso generadas en Puerto Rico. En el caso de Gajwani, aunque él generó $30 millones en ganancias de capital mientras vivía en Florida, sometió documentos falsos al IRS que indicaban que las ganancias fueron generadas en Puerto Rico, para tratar de abusar de los beneficios que le confería la Ley 22 que hacían sus ganancias exentas a nivel federal, además de no pagar impuestos en Puerto Rico, ni Florida.
Más recientemente, en diciembre la Oficina de Control y Fiscalización [General Accountability Office] (GAO, por su siglas en inglés) publicó un informe el cual sugiere que el IRS debe aumentar su vigilancia sobre Puerto Rico. Entre los problemas que resalta el informe está la falta de informacion actualizada sobre este decreto, la pobre comunicación entre el IRS y el gobierno de Puerto Rico y que el IRS no le dio seguimiento a denuncias que recibió sobre individuos que podrían estar abusando de este decreto.
Ante la renovada atención que están recibiendo los inversionistas residentes, firmas de contabilidad como Windham Brannon y bufetes como Procopio— especializados en temas contributivos y en especial la Ley 60—han publicado advertencia sobre las posibles implicaciones negativas cuando el IRS se enfoca en los beneficiarios de la sección 2022 de ley 60. “Con información completa de los contribuyentes ahora disponible y creciente presión del Congreso, el IRS se prepara para intensificar las auditorías relacionadas con la residencia, el origen de los ingresos y la elegibilidad para los incentivos fiscales de Puerto Rico”, lee el artículo Informe de la GAO señala un mayor escrutinio del IRS sobre los residentes de Puerto Rico amparados por la Ley 60 publicado por Procopio.
Según el abogado Jorge M. Oben Cuadros, socio de la firma Procopio y coautor del artículo antes mencionado, “no todos son malos”, el problema es que hay individuos que no son residentes bona fide de Puerto Rico o tratan de usar el decreto para no tributar lo que les tocaría tributar en sus estados de proveniencia.
“ Una cosa es recibir una carta del IRS y no tener ninguna documentación. Y otro escenario es, ‘oye, gracias por tu carta, Tío Sam. Tengo asesoría, tengo fechas, tengo logs de todos mis días en Puerto Rico. Tengo todas mis inversiones claramente documentadas, con gusto te las envío’. El IRS va a decir, esta persona lo hizo bien, vamos a buscar al que no me contestó”, dijo el abogado en el Foro Contributivo del Colegio de Contables de Puerto Rico.
Oben Cuadros explicó que el IRS no está compensando desde cero, sino que están usando como plantilla la operación que llevaron a cabo en la Islas Vírgenes para el 2012 con individuos que se mudaron a estas islas para disfrutar de incentivos contributivos similares a las de la Ley 60.
Una de las piezas esenciales para entender cómo el IRS está investigando a estos individuos es la doctrina judicial de sustancia sobre forma. Esta es una doctrina judicial enfocada en impuestos que data de 1935 con el caso Gregory v. Helvering, estableció que más allá de que todos los documentos estén en orden, el gobierno puede evaluar cuál es el impacto económico real de la transacción para decidir si presentará cargos o sanciones sobre un contribuyente.
“ Quizás tú no puedes identificar qué disposición en el código de Estados Unidos te dice que está mal, pero si se ve feo, si huele mal, y si no se ve bien, tiene que haber algo”, dijo Oben Cuadrado.
Oben añadió como ejemplos, “Yo te digo que esto es deuda, pero realmente no me estás pagando interés, no hay garantía, no hay un documento, lo trató como una inversión de capital. En ‘economic substance’: yo te di dinero y tú me lo devuelves por otro lado. Eso no es un préstamo; eso es papeleo”.
Esto también aplica para compras y ventas de empresas u otras transacciones cuyo único beneficio real fue crear un beneficio contributivo. En el caso de Gajwani, fue crear compañías en Puerto Rico para hacer parecer que sus ganancias de capital se habían generado en Puerto Rico y no en Florida.
Esta doctrina también aplica para evaluar si un individuo en efecto es un residente bona fide. Oben Cuadrado explicó en el foro que no basta con que en papel aparezca como que pasaste 183 días en Puerto Rico, sino que el IRS tiene que poder percibir que en efecto el inversionista residente ha creado lazos con Puerto Rico. Eso se traduce en, por ejemplo, que sus médicos estén en la isla, que sus actividades recreacionales y membresías sean a clubes de la isla o inclusive que la residencia de Puerto Rico no sea más pequeña que la residencia que mantiene en su estado de proveniencia.
A estas exigencias se le suma que el IRS también está pidiendo más documentación relacionada a los fondos que los inversionistas residentes puedan tener en criptomonedas.
El mayor escrutinio federal ocurre en momentos en que el programa de incentivos contributivos de Puerto Rico continúa bajo debate público, mientras las autoridades federales evalúan si algunos beneficiarios están utilizando el decreto para evitar impuestos que deberían pagar en Estados Unidos, aunque el IRS está en sí misma buscando cómo caer en tiempo luego de los recortes presupuestarios, las cesantías y la reorganización administrativa que estableció la administración del Presidente Donald J. Trump.
