En referencia directa a la declaración de Francisco Domenech en su ponencia, sobre los contratos en Politank, Corp., el secretario indicó que la compañía de la que él fue parte “nunca ha tenido ni tiene contratos con el gobierno”.

Como parte de su ponencia, “todo servidor público debe inhibirse de intervenir o participar en todo asunto que entienda que le debe generar conflicto de intereses. En lo que respecta a su caso, su inhibición no es necesaria”.

También indica que Domenech cesaría de ser accionista de esta compañía y que, actualmente no existe relación alguna con la misma.

Tras evaluar la información, la Oficina de Ética concluyó que la inhibición no era necesaria, al no identificarse un conflicto de interés real bajo la ley vigente, aunque validó la acción como una medida de transparencia y confirmó que el documento permanecerá en el expediente oficial.

Esta ponencia fue su “defensa”, que exonera a su esposa, Verónica Ferraiouli de un conflicto de interés con un cliente de Politank contratado en el Distrito de Convenciones que ella dirige. La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) alegó entonces que el matrimonio se desvinculó de Politank en enero del 2025.

Tras estas declaraciones, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz lo tildó de mentiroso al exponer un documento emitido por la OEG.

“Aquí no venga a mentir ni a confundir”, dijo el presidente del Senado directamente a Domenech.

La controversia surgió luego de que el secretario defendiera su desvinculación de la empresa Politank, negara interés alguno en esa firma y sostuviera que una consulta de la OEG relacionada con Verónica Ferraiuoli era extensiva a su caso.

Rivera Schatz respondió que una carta recibida el lunes de la OEG establece que esa consulta no es extensiva a Domenech Fernández. “Así que se equivoca, licenciado Domenech. Aquí no venga a mentir ni a confundir”, dijo el presidente del Senado durante la vista.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, defendió su gestión y la de otros miembros del gabinete de la gobernadora Jenniffer González durante su comparecencia ante la comisión total del Senado, al tiempo que catalogó el proceso como “injusto” y denunció un patrón de presión política desde la legislatura.

En una ponencia escrita presentada ante el Senado, el funcionario planteó que su citación no es un evento aislado, sino parte de una tendencia en la que varios jefes de agencia han sido llevados ante ese foro legislativo durante el cuatrienio.

Domenech sostuvo que, en un periodo de poco más de un año, múltiples miembros del gobierno han enfrentado este mecanismo.

“Hoy me convierto en el cuarto miembro del gabinete de la gobernadora en ser citado a una comisión total en 15 meses de gobierno, un récord para la Asamblea Legislativa y más sorprendente aun porque se dice que somos del mismo partido”, dijo.

El secretario argumentó que estas citaciones responden a una estrategia “más amplia” de presión. Según expuso en su ponencia, deben analizarse como parte de una dinámica política que busca incidir en la toma de decisiones dentro del gobierno.

En esa línea, defendió a otros funcionarios que han sido citados previamente, asegurando que enfrentaron señalamientos que posteriormente no se sostuvieron.

“No olvidemos que en lo que vamos de este Gobierno, el Senado ha citado a tres secretarios a una comisión total, en donde a cada uno se le han hecho imputaciones falsas, y a quienes el tiempo ha reivindicado. A todos”, dijo.

El funcionario mencionó específicamente casos como el del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Waldemar Quiles, el secretario del Departamento de Salud (DS), Victor Ramos, y la exdesignada a secretaria de Estado Verónica Ferraiuoli, señalando que las acusaciones en su contra no prosperaron.

Más allá de su defensa, Domenech elevó el tono al cuestionar el rol del Senado y, particularmente, del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz. En su ponencia, planteó que las acciones legislativas responden a un intento de ejercer control sobre la gobernadora.

“Esto no es fiscalización legítima. Esto es intentar gobernar desde la Legislatura, y eso la Constitución simplemente no lo permite”, afirmó.

El secretario también argumentó que el uso de herramientas legislativas de forma selectiva puede convertirse en un mecanismo de presión institucional.

“Eso no es balance de poderes. Eso es intimidación institucional”.

La comparecencia del funcionario se da en medio de una pesquisa legislativa amplia sobre contratación gubernamental, vínculos con la firma Politank y posibles conflictos de interés en distintas agencias del Ejecutivo, en lo que se perfila como uno de los procesos de fiscalización más abarcadores del cuatrienio.

En medio de la controversia que enfrenta el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, una de las querellantes sacó a relucir el nombre de uno de sus ayudantes especiales, Jonathan Alemán Arce, cuya trayectoria pública incluye un rol clave como testigo cooperador en el caso federal contra la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier.

Según el testimonio presentado en ese proceso, el exdirector de la oficina legislativa colaboró con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), participando en grabaciones encubiertas y en la entrega de pagos controlados que formaron parte de la evidencia contra la exfuncionaria.

En el contexto actual, su nombre surge en la entrevista ofrecida al Calentón con Sonia Valentín por una de las querellantes contra Quiñones Rivera, quien lo identificó como ayudante especial dentro del DCR y cuestionó su rol en la dinámica interna de la agencia.

La exempleada alegó que Alemán Arce emitía instrucciones dentro del Departamento, incluso por encima de otras figuras en la cadena de mando, lo que —según su versión— reflejaba una estructura de poder particular dentro de la agencia.

“Él era ayudante especial… daba instrucciones… incluido a mí”, sostuvo la querellante, al describir el rol de Jonathan Alemán Arce dentro del Departamento.

Además, planteó interrogantes sobre su participación en la controversia actual, al sugerir que su intervención responde a motivaciones que deben ser examinadas en el contexto de su historial público.

A la pregunta de si Alemán Arce estuvo vinculado al caso de Charbonier, la querellante respondió: “Puerto Rico no olvida. Hay que buscar la trayectoria de quién es esta persona”.

Alemán Arce ha estado vinculado al ámbito político desde hace más de una década y, previo a su rol como cooperador federal, ocupó posiciones de liderazgo en estructuras del Partido Nuevo Progresista (PNP), incluyendo funciones en campañas políticas y en la Legislatura.

Durante el caso de Charbonier, también trascendió que mantenía aspiraciones políticas y un alto nivel de influencia dentro de la oficina legislativa, donde —según testimonios— “lo que él decía, se hacía”.

Su participación como informante fue determinante para el desarrollo del caso federal, que culminó con la convicción de la exrepresentante por cargos de corrupción pública.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, llegó este martes a la Comisión Total del Senado con una ponencia de confrontación directa, en la que denunció que el proceso responde a un intento de presión política contra el Ejecutivo.

“Esto no es fiscalización legítima. Esto es intentar gobernar desde la Legislatura”, lanzó desde el arranque, dejando claro que su comparecencia no sería una defensa técnica, sino un choque frontal con el Senado.

Domenech fue más allá y calificó la citación como parte de un patrón de abuso de poder.

“Eso no es balance de poderes. Eso es intimidación institucional”, afirmó, al sostener que las investigaciones legislativas se están utilizando como herramientas de presión y no de transparencia.

El funcionario también advirtió que lo que está ocurriendo trasciende su caso personal y tiene implicaciones más amplias para el sistema democrático.

“Cuando un senador exige renuncias, presiona decisiones administrativas y pretende influir directamente en cómo el Ejecutivo maneja sus agencias… estamos ante un intento de usurpación constitucional”, sostuvo.

En su ponencia, Domenech insistió en que el poder investigativo del Senado “no es ilimitado, ni absoluto”, y que no puede ejercerse de forma arbitraria ni invadir funciones de la Rama Ejecutiva.

Niega vínculos con Politank

Sobre la controversia que ha marcado la vista, Domenech fue categórico al rechazar cualquier relación con la empresa Politank.

“Politank nunca ha tenido, ni tiene, contratos con el Gobierno de Puerto Rico… no ostento interés alguno en la empresa”, afirmó bajo juramento.

Asimismo, añadió que vendió la compañía el 31 de diciembre de 2024 y que el pago por la transacción se completó en enero de 2025, al tiempo que recalcó que no mantiene “ningún tipo de beneficio pendiente”.

Además, aseguró que se inhibió “voluntariamente” de intervenir en cualquier asunto relacionado con clientes de la firma y citó determinaciones de la Oficina de Ética Gubernamental para sostener su postura.

Ataque político y “doble vara”

Domenech también denunció que la Comisión Total responde a una estrategia de presión política contra la administración.

“Cuatro citaciones de miembros del gabinete no pueden verse como eventos aislados”, expresó, al sostener que existe una intención de “aumentar la presión política sobre el Ejecutivo”.

En ese contexto, cuestionó lo que describió como una “doble vara”, al señalar que funcionarios en el pasado no fueron citados bajo circunstancias similares.

“Lo incorrecto es ser arbitrario, citando a unos sí y a otros no”, afirmó.El secretario también apuntó directamente al liderazgo legislativo, al asegurar que se está intentando concentrar poder más allá de los límites constitucionales.

“Estamos ante un intento de redefinir quién gobierna a Puerto Rico”, dijo.

Advertencia sobre la democracia

En uno de los tramos más fuertes de su mensaje, Domenech advirtió sobre lo que describió como un deterioro gradual de las instituciones.

“No hace falta eliminar instituciones; basta con dominarlas… No hace falta censurar; basta con intimidar”, expresó.Incluso, alertó que las democracias “no colapsan de la noche a la mañana”, sino que se erosionan con presión, confrontación y control indebido.

“Comienza exactamente así: con presión, con intimidación, con confrontación”, sostuvo.

La comparecencia de Domenech marca el inicio de una vista que ya arrancó con acusaciones de alto calibre y que anticipa un interrogatorio cargado de tensión política en el Senado.

La controversia que rodea al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, escaló este martes cuando una de las querellantes rompió el silencio para describir un patrón de conducta que —según alegó— incluyó hostigamiento laboral, maltrato y acercamientos de índole sexual, al tiempo que rechazó que las denuncias respondan a una agenda para sacarlo del cargo.

En entrevista radial (El Calentón con Sonia Valentín de Radio Isla), la exempleada, quien se desempeñó como ayudante especial, sostuvo que las querellas no son coordinadas entre sí y negó que exista una conspiración interna, como ha planteado el titular del DCR.

“Las querellas consisten en un patrón de maltrato, de hostigamiento laboral y de acoso sexual”, afirmó, al detallar episodios en los que —según alegó— el funcionario levantaba la voz, lanzaba documentos y adoptaba conductas intimidantes en el entorno de trabajo.

La exfuncionaria aseguró que el incidente que precipitó su salida ocurrió en noviembre de 2025, cuando —según describió— el secretario invadió su espacio personal durante una discusión, lo que le generó temor y eventual decisión de renunciar semanas después.

“Yo no aguantaba más el ambiente… me causó daño emocional”, sostuvo, al explicar por qué primero dejó el cargo y luego presentó la querella.

En esa línea, planteó que no denunció inicialmente por miedo a represalias laborales, al señalar que dependía de su salario y temía consecuencias directas en su contra.

Además, rechazó de forma directa la narrativa del secretario de que las acusaciones forman parte de un intento organizado para removerlo del cargo.

“Esto es una campaña para desacreditarme y restarle credibilidad a la querella”, afirmó, al sostener que tras hacerse pública la denuncia comenzó lo que describió como una estrategia de difamación.

La querellante también denunció que su identidad fue expuesta públicamente (en el programa Última Palabra), lo que —según dijo— le provocó preocupación por su seguridad personal.

En cuanto a las alegaciones de acoso sexual, indicó que se trató de insinuaciones verbales recurrentes y acercamientos inapropiados, aunque no describió contacto físico directo de esa naturaleza.

Otro elemento que subrayó fue que no tenía conocimiento previo de las otras querellas presentadas contra el secretario, lo que —según planteó— contradice la idea de una acción coordinada entre denunciantes.

La exempleada, quien aseguró haber trabajado cerca del titular del DCR durante extensas jornadas, también describió un ambiente de tensión interna en la agencia y conflictos en la toma de decisiones administrativas. Explicó que conocía al funcionario antes de su designación.

De cara al proceso en curso, advirtió que no descarta que el caso escale a otras instancias fuera del ámbito administrativo.

“Si hay que llegar a otro foro, se va a llegar”, expresó.

Las expresiones se producen luego de que Quiñones Rivera confirmara que enfrenta cuatro querellas en su contra —incluyendo alegaciones de acoso sexual, discrimen y represalias— las cuales ha rechazado como falsas y atribuido a una agenda interna dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación por bandos políticos.

Aquí la edición de hoy del programa radial: