CHICAGO (AP) — Tras una serie de derrotas, grupos antiabortistas y sus aliados republicanos en los gobiernos estatales están utilizando una serie de estrategias para contrarrestar iniciativas electorales destinadas a proteger los derechos reproductivos o para impedir que los votantes tengan voz en las elecciones de fin de año.
Las tácticas incluyen intentos de retirar firmas de las peticiones de iniciativa, presiones legislativas para que se presenten medidas competidoras que podrían confundir a los votantes, y retrasos de meses causados por pleitos sobre la redacción de las iniciativas electorales. Los defensores del derecho al aborto afirman que muchas de estas estrategias se basan en otras ya ensayadas el año pasado en Ohio, donde los votantes finalmente aprobaron una enmienda constitucional que reafirmaba los derechos reproductivos.
Estas estrategias se están utilizando de una forma u otra en al menos siete estados de Estados Unidos en los que se han propuesto iniciativas encaminadas a codificar el aborto y los derechos reproductivos. Las disputas en torno a las iniciativas electorales a nivel estatal son la última muestra de las profundas divisiones creadas por la decisión que la Corte Suprema federal adoptó hace dos años para poner fin al derecho constitucional al aborto.
La semana pasada, la corte emitió un fallo en otro importante caso de aborto, confirmando por unanimidad el acceso a un fármaco utilizado en la mayoría de los abortos en Estados Unidos, aunque las luchas en torno a la mifepristona siguen activas en muchos estados.
Ambos bandos se juegan mucho en las iniciativas electorales propuestas.
Donde los republicanos controlan el poder legislativo y promulgan límites estrictos al aborto, una iniciativa ciudadana a nivel estatal suele ser la única vía para proteger el acceso al aborto y otros derechos reproductivos. Los votantes han consagrado el derecho al aborto o han rechazado los intentos de limitarlo en los siete estados en los que la cuestión se ha planteado en las urnas desde 2022.
En Dakota del Sur, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que permitía a los residentes retirar sus firmas en peticiones dirigidas por ciudadanos. Esto puso en marcha una campaña de los grupos antiaborto para invalidar una propuesta de medida electoral sobre el derecho al aborto, en la que se alentaba a los avalistas a retirar sus firmas.
En mayo, el secretario de gobierno de Dakota del Sur calificó de “engaño” cientos de llamadas telefónicas de un grupo antiabortista al que acusó de “hacerse pasar” por funcionarios del gobierno.
“Parece que las llamadas intentan presionar a los votantes para que pidan que se retire su nombre de las peticiones por el derecho al aborto”, dijo la oficina en un comunicado.
Adam Weiland, cofundador de Dakotans for Health, la organización detrás de la medida propuesta, dijo que esto es parte de “un plan orquestado y organizado en todos los estados”.
“La gente quiere votar sobre este asunto, y ellos no quieren que eso ocurra”, dijo, refiriéndose a los grupos antiabortistas. “Están utilizando todo lo que pueden para impedir una votación sobre este tema”.
La campaña de Arkansas “Niégate a firmar” se intensificó este mes después de que un grupo conservador activista publicara los nombres de los encuestadores pagados para una iniciativa de ley sobre el derecho al aborto. Arkansans for Limited Government, el grupo impulsor de la iniciativa, calificó la medida como una táctica de intimidación.
En Missouri, los republicanos y los grupos antiabortistas se han opuesto en cada paso del proceso a los intentos de restaurar el derecho al aborto mediante una enmienda constitucional.
El fiscal general republicano Andrew Bailey puso trabas a la campaña por el derecho al aborto durante meses el año pasado. Después, el secretario de gobierno, el republicano Jay Ashcroft, intentó describir la propuesta a los votantes como una ley que permitía “abortos peligrosos y no regulados hasta el nacimiento”. Un tribunal estatal de apelaciones falló el año pasado que la forma en que Ashcroft se había expresado era políticamente partidista y la desestimó.
Sin embargo, la intervención de Ashcroft y la batalla legal costaron varios meses a la campaña por el derecho al aborto, e impidieron a sus partidarios recoger las miles de firmas de votantes necesarias para incluir la enmienda en la papeleta.
Una vez resueltas las batallas legales, los detractores del aborto lanzaron una campaña de “niégate a firmar” destinada a frustrar la recolección de firmas por parte de las campañas por el derecho al aborto. En un momento dado, se enviaron a los votantes mensajes de texto en los que se acusaba falsamente a los peticionarios de intentar robar sus datos personales.
Los legisladores republicanos trataron de impulsar otra medida electoral para elevar el umbral de enmienda de la Constitución de Missouri, en parte con la esperanza de dificultar la promulgación de la propuesta a favor del derecho al aborto.
Ambas iniciativas contra el aborto fracasaron, y la campaña a favor del derecho al aborto presentó en mayo más del doble del número de firmas de votantes requerido. Ahora depende de la oficina de Ashcroft verificar las firmas y calificarla para la votación.
Mientras tanto, grupos opositores de Arizona, Colorado, Florida y Nebraska han intentado crear sus propias enmiendas en las urnas para codificar las restricciones al aborto existentes, aunque estos esfuerzos no consiguieron reunir suficientes firmas en Florida y Colorado.
Jessie Hill, profesora de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Case Western Reserve de Cleveland y asesora de la campaña del Asunto 1, que codificó el derecho al aborto en Ohio, dijo que había advertido sobre la posibilidad de que se presentaran medidas concurrentes en las urnas que pudieran confundir a los votantes.
Aunque los intentos de mantener el aborto fuera de la votación siguen un modelo similar al que vio en Ohio el año pasado, Hill dijo que está observando de cerca las nuevas iniciativas que se están llevando a cabo en todo el país.
“El bando contrario al aborto sigue tratando de averiguar cuál es la fórmula para derrotar estas medidas electorales”, dijo Hill.
Un documento de estrategia filtrado el mes pasado muestra que los republicanos de Arizona están considerando varias medidas contrapuestas para incorporar restricciones al aborto en la Constitución del estado. Los posibles nombres de las peticiones incluyen la “Ley de protección de las mujeres embarazadas y abortos seguros”, la “Ley de aborto y atención reproductiva de Arizona” o la “Ley de protección del aborto de Arizona”.
El documento detalla explícitamente cómo las medidas alternativas podrían socavar una propuesta de los grupos de derechos reproductivos con el objetivo de codificar el derecho al aborto a través de la viabilidad, por lo general alrededor de 23 a 24 semanas de embarazo.
“Este documento filtrado muestra un plan para confundir a los votantes a través de una o varias medidas electorales contrapuestas con títulos similares”, dijo Cheryl Bruce, directora de campaña de Arizona por el Acceso al Aborto.
En Nebraska, los grupos antiabortistas están luchando contra una iniciativa electoral para proteger los derechos reproductivos con dos iniciativas propias.
Allie Berry, directora de la campaña Nebraska Protect Our Rights, cuyo objetivo es proteger los derechos reproductivos, señaló que las medidas que compiten entre sí están diseñadas para engañar y confundir a los votantes. Dijo que la campaña está trabajando para educar a los votantes sobre las diferencias entre cada una de las iniciativas.
“Si tienen que recurrir al engaño y la confusión, eso demuestra que se dan cuenta de que la mayoría de los habitantes de Nebraska quieren proteger el derecho al aborto”, dijo.
Una contrainiciativa lanzada por activistas antiabortistas en mayo pretende prohibir el aborto en todas las fases del embarazo. La petición, llamada “Ahora elige la vida”, concedería a los embriones la “condición de persona”.
Otra iniciativa presentada en marzo no iría tan lejos, sino que trataría de codificar en la Constitución estatal la actual prohibición del aborto después de las 12 semanas, al tiempo que daría a los legisladores la posibilidad de aprobar nuevas restricciones en el futuro.
La petición, denominada Protect Women and Children, ha sido respaldada por el grupo nacional antiabortista Susan B. Anthony Pro-Life America y otras organizaciones del estado.
Sandy Danek, directora ejecutiva de Nebraska Right to Life, calificó la petición de “medida alternativa razonable”. Dijo que “conforme pase el tiempo y sigamos educando”, la organización intentará restringir aún más el aborto.
“Veo esto como un proceso gradual en el que hemos estado trabajando durante 50 años”, afirmó.
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La periodista de The Associated Press Summer Ballentine en Jefferson City, Missouri, contribuyó a este despacho.
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