El último acusado procesado en el caso por tráfico de drogas, violaciones de armas de fuego y varios asesinatos, incluido el del banquero Maurice Spagnoletti, fue sentenciado a 180 meses (15 años) de prisión y ocho años de libertad supervisada.
Alex Burgos-Amaro se declaró culpable de los cargos uno y dos de la acusación el 27 de diciembre de 2023.
“La exitosa prosecución de los crímenes atroces de los acusados fue el resultado de un exhaustivo trabajo investigativo por parte de nuestros socios de las fuerzas del orden estatales y federales,” dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en declaraciones escritas.
“Las sentencias impuestas envían un mensaje de que el sistema de justicia de Estados Unidos sigue siendo una herramienta poderosa para llevar a los perpetradores de delitos violentos ante la justicia y proporcionar cierre a las familias de las víctimas”, agregó.
El 5 de junio, los siguientes tres individuos fueron sentenciados a cadena perpetua:
- Luis Carmona-Bernacet, alias “Canito Cumbre”, fue sentenciado a cadena perpetua por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; posesión de un arma de fuego en apoyo de un delito de tráfico de drogas; y uso de un arma de fuego durante y en relación con un delito violento que resultó en el asesinato de William Castro-Vidot.
- Yadiel Serrano-Canales, alias “Motombo”, fue sentenciado a cadena perpetua por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; posesión de un arma de fuego en apoyo de un delito de tráfico de drogas; y uso de un arma de fuego durante y en relación con un delito violento que resultó en el asesinato de Maurice Spagnoletti.
- Rolando Rivera-Solis fue sentenciado a cadena perpetua por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; posesión de un arma de fuego en apoyo de un delito de tráfico de drogas; y uso de un arma de fuego durante y en relación con un delito violento que resultó en el asesinato de Maurice Spagnoletti.
El 11 de marzo de 2024, Alan Lugo-Montalvo fue sentenciado a 360 meses (30 años) de prisión por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y Fabiany Almestica-Monge fue sentenciado a 540 meses (45 años) de prisión por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y posesión de un arma de fuego en apoyo de un delito de tráfico de drogas. Todos los acusados fueron condenados por un jurado el 11 de mayo de 2023.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, desde el año 2000 y hasta 2014, en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Guaynabo y Bayamón, los acusados eran miembros de una organización dedicada al asesinato y tráfico de drogas.
El 11 de mayo de 2023, cuatro acusados fueron encontrados culpables de usar armas de fuego durante y en relación con delitos de tráfico de drogas. Un acusado fue encontrado culpable de asesorar, comandar, inducir y procurar que otros llevaran un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de drogas, y en el curso de ese delito, causar la muerte de William Castro el 30 de diciembre de 2002. En cuanto al asesinato de Maurice Spagnoletti, los acusados Serrano-Canales y Rivera-Solis se ayudaron mutuamente asesorando, comandando, induciendo y procurando que otros llevaran un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de drogas, y en el curso de ese delito, causar la muerte de Maurice Spagnoletti.
“Ha sido un proceso investigativo y judicial largo y arduo, y estas sentencias sirven como testimonio de la dedicación incansable de los agentes del FBI, fiscales, oficiales de policía y todos los valientes ciudadanos que trabajaron juntos para asegurar que se hiciera justicia,” dijo Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina del FBI en San Juan. “Continuamos apoyando firmemente a los seres queridos de las víctimas y agradecemos a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos por creer en el caso y luchar junto a nosotros para llevar justicia a estas familias afligidas.”
El FBI investigó el caso con la asistencia del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
Los fiscales federales Kelly Zenón-Matos, Alberto López-Rocafort, Victor Acevedo-Hernández y Gregory Conner procesaron el caso.