En la última década, el porcentaje de mujeres sin hogar en Puerto Rico se duplicó, de un 10% registrado en 2010 a un 26% revelado por el Conteo de Personas Sin Hogar 2023, siendo la violencia de género identificada como la razón principal detrás del 37.1% de los casos.
Así lo reveló el informe “Políticas que Desplazan: Barreras para las Mujeres Trabajadoras”, presentado hoy, miércoles, por las organizaciones Ayuda Legal Puerto Rico y ProMadres.
Este estudio expone cómo la combinación de bajos salarios y la falta de protecciones laborales adecuadas perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión para las mujeres en Puerto Rico.
“Luego de casi una década en defensa del derecho a permanecer, Ayuda Legal Puerto Rico auspicia esta herramienta con el fin de visibilizar que la inseguridad e inequidad laboral también desplazan, particularmente a las mujeres”, sostuvo la licenciada Ariadna Godreau-Aubert, fundadora y directora de Ayuda Legal Puerto Rico.
“Lo vimos durante la pandemia, cuando ante la falta de cuido, las mujeres tuvieron que abandonar sus empleos y nadie atendió adecuadamente esa situación. Lo vemos hoy, cuando las mujeres son quienes ocupan la mayoría de los puestos peor pagados en el mercado. Necesitamos política pública contundente”, continuó.
Después de la violencia de género, otras razones significativas que contribuyen al sin hogarismo femenino en el archipiélago incluyen el uso de drogas y alcohol (34.1%), problemas familiares (24.6%), dificultades financieras (18%), problemas de salud mental (17.4%), desempleo (9.6%), desastres naturales o causados por el ser humano (5.4%) y desalojos (4.8%).
Según la investigación, el panorama laboral para las mujeres en Puerto Rico no solo es desafiante, sino profundamente desigual.
“En papel, a las mujeres trabajadoras les va muy bien. Sin embargo, verificar el cumplimiento con indicadores genéricos, como la mera existencia de ciertas políticas públicas y programas, no es suficiente para confirmar el bienestar de toda una población”, lee el informe.
A su vez, señala que dichas condiciones se ven exacerbadas por la escasez de datos sobre mujeres y trabajo en la isla, así como por la invisibilización de necesidades cruciales como el cuidado, la lactancia, la salud, la discriminación y la equidad salarial.
“Lo que queremos hacer con este informe es precisamente llamar la atención sobre los efectos que esas cargas y barreras tienen sobre nuestras vidas y sobre la necesidad de evaluar y proponer políticas públicas con perspectiva de género no sólo para beneficio de las mujeres, sino para el de toda la sociedad puertorriqueña”estableció la licenciada Nicole Díaz González, fundadora de ProMadres y a quien se comisionó el informe.
Hogares liderados por jefas de familia son los más afectados
Conforme a los datos revelados, de los 136,503 hogares liderados por una jefa de familia sola activa en la fuerza laboral, el 47.2% vive bajo el nivel de pobreza.
En 79,505 de estos hogares, la jefa de familia está empleada a tiempo completo y aun así 27.3% de éstos estaban bajo el nivel de pobreza.
“Como producto de los roles de género y la forma en que se organiza la sociedad tenemos cargas y barreras adicionales que tienen que ser tomadas en cuenta si vamos a aspirar a una vida digna y a permanecer en nuestro país en condiciones adecuadas”, enfatizó Díaz González.
La investigación también subraya los desafíos que enfrentan las mujeres en Puerto Rico en términos de ingresos, así como en cuanto al acceso a vivienda, destacando la necesidad urgente de políticas públicas efectivas y equitativas.
Para hogares familiares en general, la mediana de ingresos se sitúa en $29,544. Sin embargo, esta cifra desciende a $18,862 en hogares liderados por mujeres solas y disminuye aún más, a $12,840, cuando hay hijos menores en el hogar.
En cuanto a los hogares no familiares, que incluyen personas solas u otros no familiares y están dirigidos por mujeres, el 57.2% vive por debajo del nivel de pobreza.
La mediana de ingresos para mujeres que viven solas se estima en $12,185, mientras que para hombres que viven solos es de $15,343.
Según el estudio, la injusticia económica y la falta de apoyo social representan barreras significativas que limitan el progreso de las mujeres y afectan negativamente a sus familias.
Estos factores, a su vez, reducen la calidad de vida y la potencial contribución económica de las mujeres al desarrollo del país.
“En la discusión sobre el reto demográfico, la emigración y el envejecimiento de la población, a menudo se mencionan con tono casi acusatorio la baja tasa de participación laboral de las mujeres, su posposición o rechazo de la maternidad, y la decisión de buscar oportunidades en el exterior”, estipula la investigación.
“Rara vez se escucha sobre la tasa de pobreza entre las jefas de familia, incluso entre quienes trabajan a tiempo completo, y que es peor para aquellas con hijos menores de edad, los bajos salarios en las principales ocupaciones de las mujeres, y la gran aportación en trabajo no remunerado que le hacen a la sociedad”, reza el documento.
Instan a políticas públicas que consideren las desigualdades de género
De igual forma, el informe resalta la falta de estadísticas sobre el trabajo no remunerado en Puerto Rico.
Para atender la necesidad de una Encuesta de Uso del Tiempo en la isla, los legisladores María de Lourdes Santiago Negrón, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl radicaron, en 2021, el Proyecto del Senado 223.
En enero de 2023, tras ser avalada por ambos cuerpos legislativos, la medida llegó al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, pero esta no fue aprobada en el término de 30 días, resultando en un veto de bolsillo.
Entre las recomendaciones que se desprenden del estudio, dirigidas a los creadores de políticas públicas, están aumentar el salario mínimo en sectores mayormente ocupados por mujeres mediante decretos obligatorios, e incentivar la contratación de personas con dependientes menores y jefas de familia solas.
También, se sugiere equiparar la licencia de maternidad del sector privado a la del sector público (16 semanas), ampliar la elegibilidad de programas de asistencia para vivienda y cuidado de menores, y mejorar la accesibilidad y claridad en los programas sociales.
El informe comisionado por Ayuda Legal Puerto Rico hace una salvedad al señalar que toda la discusión se basa en circunstancias “normales, es decir, fuera de las emergencias que se han hecho tan comunes en los pasados años. Todo podría ser peor”.