Pese a que existen clínicas de servicios de salud dirigidas a la población trans, los jóvenes menores de edad que atraviesan un diagnóstico de disforia de género enfrentan la falta de centros especializados, médicos primarios que autoricen sus procedimientos y política pública que defienda sus derechos.
Una endocrinóloga pediátrica, que en el pasado brindó servicios de afirmación de género y quien prefirió no ser identificada, mencionó a Metro Puerto Rico que la falta de clínicas multidisciplinarias para la población juvenil y posibles reproches a su profesión la llevaron a dejar de atender estos casos. Contó, incluso, que llegó a recibir padres o encargados que le pedían convencer al paciente joven a “cambiar de opinión” y no someterse a un proceso de transición.
“Hay mucha desinformación. La gente piensa que uno quiere lucrarse y uno quiere hacerlo (el procedimiento) bien”, sostuvo la profesional de salud.
Aunque hay clínicas de salud especializadas para personas trans en Puerto Rico, tienden a referir a menores de edad, y a sus padres, a endocrinólogos pediátricos u otros profesionales identificados como aliados de esta comunidad. Según datos del Departamento de Salud, hay 14 de estos especialistas en el archipiélago, de los que al menos tres ofrecen el servicio y colaboran con la clínica de servicios primarios TransSalud, dijo el principal oficial ejecutivo Gerald Lee Vega.
De acuerdo con la doctora Bárbara Blasini, directora clínica, TransSalud surge para atender estas brechas médicas y educativas a la población trans. Aseguró que a través de la educación se contribuye a cambiar la percepción errónea de los procesos de transición y lo que puede ayudar a niños y jóvenes a lidiar con su identidad.
La galena explicó que los procesos son diferentes para cada persona, por lo que no todas las personas trans pasarían por terapias hormonales o cirugías de afirmación de género.
“Todo el mundo tiene una necesidad diferente, que viene a partir de un diagnóstico que se llama disforia de género … Es un proceso único: hay unos que nada más quieren lo que es su nombre preferido, pronombres y cómo se visten, cómo se presentan hacia la sociedad y no necesitan tratamiento hormonal”, expuso.
Aunque TransSalud, que en mayo abrió su sede frente al Hospital Metropolitano en San Juan, no ofrece servicios de terapia hormonal o cirugías de afirmación de género antes de los 18 años, sí puede coordinar una cita gratuita con una manejadora de casos para atender al paciente joven. Esta determina si el paciente será referido a un psicólogo clínico que puede establecer el diagnóstico de disforia de género. Esta se define como la incomodidad o malestar causado por un desfase entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer, según la Asociación Profesional Mundial de Salud Transgénero (WPATH, en inglés), una organización internacional que promueve educación e investigaciones sobre salud para personas trans y de género diverso.
Limitaciones por política pública y aseguradoras médicas
Las doctoras Blasini y Suzzette Alio Lladó, quien es directora médica de TransSalud, expusieron que la política pública afecta el desarrollo de los servicios porque pueden haber médicos que limiten el acceso a su cuidado médico.
En octubre de 2023, por ejemplo, la representante por el Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, radicó el Proyecto de la Cámara 1889, que prohibiría terapias o tratamientos hormonales y cirugías estéticas a menores de 21 años y criminalizaría a los profesionales médicos que las realicen. La medida prohíbe también el cambio de sexo registral en documentos oficiales como certificados de nacimiento, identificación y tarjeta electoral; impide que las aseguradoras médicas cubran las terapias hormonales y cirugías de afirmación; y tampoco permite la asignación de fondos públicos para la investigación o experimentación de estos tratamientos. El proyecto está en la Comisión de lo Jurídico desde la fecha en que se radicó.
La medida sancionaría al profesional médico hasta 15 años de cárcel, impondría multas de hasta $25,000 y la suspensión permanente de su licencia para ejercer la práctica de la medicina.
Aunque la endocrinóloga pediátrica que prefirió no identificarse indicó que no fue objeto de querellas o acciones legales relacionadas a su práctica, manifestó su temor a perder su licencia y de expresiones de personas contra su práctica por apoyar a esa población.
Si bien las directoras de TransSalud reconocieron la preocupación de estos profesionales médicos, también señalaron que quienes hacen las investigaciones de tratamientos son instituciones educativas y científicas, por lo que sustenta que este cuidado es “necesario y médicamente probado”.
Alio Lladó, incluso, mencionó que la clínica espera desarrollar estudios clínicos, en conjunto con la Universidad Central del Caribe (UCC), para generar estadísticas de personas trans y proveer datos al momento de impulsar la creación de política pública a favor de esta población.
“Lo que hemos visto mayormente es que muchas instituciones están abiertas y están listas para orientarse y educarse, pero no están los recursos ni saben cómo hacerlo”, expuso la directora médica.
Otro reto que enfrenta TransSalud, que actualmente atiende alrededor de 180 a 200 pacientes, es que, aunque los planes médicos cubren terapias y medicamentos para procesos de transición, no les otorgan contratos para pertenecer a su red de proveedores mientras que los médicos primarios que deben autorizar las recetas o tratamientos de la clínica no lo hacen porque no se sienten cómodos con el proceso.
“Legalmente, el Plan Vital debe cubrir cuidado, pero los médicos no y no se sienten cómodos haciendo la transición … A veces el paciente de [Plan] Vital viene aquí (la clínica) y dice que la única situación es que el médico primario debe contrafirmar [la orden] para que lo cubra el plan. Se niegan a firmarlo porque no manejan ese tipo de tratamiento o porque [el médico] no los mandó a la clínica. Por más que trate de ayudar, si el médico no le firma la autorización para medicamentos y laboratorios, no se puede”, dijo Blasini, quien enfatizó que estas lagunas en acceso médico alteran la adherencia (el cumplimiento o seguimiento al tratamiento) del paciente.
Para contrarrestar estos efectos, las galenas contaron que cubren el 70 % del cuidado médico, que incluye la salud mental; enlazaron con laboratorios para crear paquetes de precios asequibles; y se aliaron con farmacias para comprar medicamentos y enviar directamente al hogar del paciente y, también, tener medicamentos disponibles en la clínica a un costo accesible.
“Hay mucho trabajo que hacer. Somos doctoras jóvenes también y hay muchos médicos que ya están por retirarse y pues no quieren aprender ciertas cosas o ‘ya yo hago esto así’ y nos estamos topando con eso también, pero hay que hacer un refurbish (actualizar) de todo lo que es la medicina”, acotó Alio Lladó.