La Junta de Control Fiscal (JCF) expresó su preocupación sobre el impacto significativo que varias legislaciones recientemente aprobadas podrían tener en el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico.
En una carta dirigida al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica Jr., advirtió sobre la necesidad de revisión y ajustes para mantener la estabilidad fiscal.
“La Junta ha tomado conocimiento de que, el 25 de junio de 2024, la Asamblea Legislativa anuló el veto del gobernador al Proyecto del Senado 644 (PS 644) y aprobó una cantidad considerable de otros proyectos que podrían tener un impacto significativo en los gastos del Estado Libre Asociado, el equilibrio presupuestario y, en última instancia, en la recuperación financiera de Puerto Rico,” expresó Mujica en declaraciones escritas.
La JCF estima que el costo agregado de estas legislaciones podría ascender a aproximadamente 852 millones de dólares para el año fiscal 2025 y al menos 6 mil millones de dólares en los próximos 20 años. Entre las medidas aprobadas se encuentra el PS 644, que busca mitigar el riesgo no operacional de las cooperativas mediante el desembolso de fondos públicos a través de COSSEC. Mujica indicó que “el PS 644 es inconsistente con el Plan Fiscal de 2023 para COSSEC y el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y viola PROMESA.”
Otro proyecto destacado es el Proyecto de la Cámara 2038 (PC 2038), que propone un aumento del 10 por ciento en todos los pagos de pensiones hechos por el Estado, además de un ajuste anual por costo de vida a partir de julio de 2025. La JCF estimó que “este proyecto incrementaría los gastos en aproximadamente 217.5 millones de dólares en el año fiscal 2025 y requeriría un gasto adicional de 4.3 mil millones de dólares en los próximos 20 años.”
Además, Mujica mencionó el Proyecto de la Cámara 1747 (PC 1747), que propone una exención total del impuesto sobre la renta para las pensiones militares, y el Proyecto de la Cámara 1988 (PC 1988), que establece un bono de Navidad de 600 dólares para cada maestro retirado. La JCF estima que estos proyectos podrían costar 10.1 millones de dólares y 22 millones de dólares anualmente, respectivamente.
“El patrón de gasto fuera del proceso presupuestario regresa a Puerto Rico a las prácticas de gasto que llevaron a la bancarrota y a la promulgación de PROMESA. La Junta está preocupada de que el proceso formal actual para desarrollar los presupuestos del Estado Libre Asociado y otros presupuestos carece de un procedimiento disciplinado para permitir la responsabilidad fiscal,” añadió Mujica.
La JCF solicitó confirmación por escrito de que ningún fondo será transferido bajo el PS 644 sin la aprobación previa de la Junta, y que se tomen medidas para abordar el impacto fiscal de estas legislaciones.
“Esperamos poder discutir con el gobernador y los presidentes legislativos alternativas para abordar el impacto fiscal de estas leyes y, en el futuro, acordar reformas permanentes al proceso presupuestario para garantizar la responsabilidad fiscal y el equilibrio presupuestario,” concluyó Mujica.