La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió el miércoles un informe sobre irregularidades en las operaciones fiscales del Municipio de Santa Isabel.
Según el informe, el municipio no le requirió al contratista el pago de arbitrios y patentes del proyecto de construcción de la pista atlética, cuyo costo total ascendió a $2,001,021. Por ambos conceptos el contratista debió haberle pagado al municipio $110,056; sin embargo, sólo abonó $11,255.
Al 16 de noviembre de 2022, el Municipio no le había requerido al contratista el pago de la diferencia de 98,801 dólares, ni tampoco le había retenido esta cantidad de los pagos ya realizados. Al 27 de febrero de 2023, el Municipio le debía 115,498 dólares al contratista por trabajos pendientes y por el 10 por ciento retenido. Al respecto, el Informe le recomienda al alcalde, que retenga los 98,801 dólares de arbitrios de construcción y patentes, del balance pendiente de pago.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala múltiples deficiencias de control significativas ya que los funcionarios responsables no encontraron ni entregaron a los auditores de la OCPR documentos relacionados con la construcción de la pista atlética y con la remodelación de la plaza pública. Por ejemplo, no suministraron evidencia de la autorización del alcalde al contratista para subcontratar, ni la minuta aprobando órdenes de cambio, ni cinco comprobantes de desembolso por 343,117 dólares, entre otros. Esta situación dificulta mantener registros confiables de los acuerdos entre el Municipio y el contratista, e impidió verificar en todos sus detalles, la corrección de los procesos de construcción.
El Municipio pagó 25,113 dólares a seis exfuncionarios y cinco exempleados por días acumulados en exceso de los 90 días de la licencia por enfermedad en enero de 2021. El Código Municipal de 2020 establece que, al momento de separarse del servicio público o jubilación, se le pagará al empleado los días de enfermedad acumulados hasta un máximo de 90 días. El Informe recomienda que el alcalde evalúe este incumplimiento de ley y la posible aplicación de sanciones a los funcionarios encargados de la transacción del pago global al exalcalde, a los exfuncionarios y a los exempleados.
Por otro lado, el alcalde nombró una directora de Obras Públicas sin que esta contara con la experiencia laboral requerida para ocupar dicho puesto. No obstante, la Legislatura Municipal la confirmó el 25 de febrero de 2021. Además, el Municipio no había actualizado los reglamentos para la administración del personal de confianza ni de carrera al 30 de junio de 2022.
De una muestra examinada a los comprobantes de desembolso, se evidenció que el Municipio de Santa Isabel, no mantiene un control efectivo de los gastos, ni del presupuesto. Por ejemplo, 52 comprobantes por 1,338,656 dólares, no estaban firmados por las empleadas de preintervención, 51 comprobantes por 1,413,902 dólares, no estaban firmados por la directora de finanzas, y 44 comprobantes por 1,329,412 dólares no estaban firmados por el alcalde. Una situación similar ya había sido publicada en los informes de auditoría OC-24-25 del 2023, y el M-19-43 del 2019.
La auditoría comenta que, el 22 de abril de 2024, la Oficina de Ética Gubernamental multó por 5,500 dólares al exalcalde Enrique “Quique” Questell Alvarado por no remitir información adicional solicitada con respecto a sus informes financieros anuales de 2016 y 2017.
“Entiendo que no es correcto lo concluido en el hallazgo, de que mi administración no cobró los arbitrios y la patente municipal relacionado al proyecto de la pista atlética. Dado el caso de que no tengo la oportunidad de evaluar el detalle de las transacciones, respetuosamente les solicito que considerando la información suministrada, y que fuera entregada la nueva administración durante el proceso de transición, evalúen nuevamente el historial de transacciones relacionadas al proyecto, y de seguro podrán determinar que, en efecto, los arbitrios y la patente municipal correspondiente al contrato número […] fueron cobradas mediante descuento de la cantidad de $95,019.93 por concepto de arbitrios de construcción, y la cantidad de $9,501.65 por concepto de patentes, y mediante el cobro de un pago final por la cantidad de $5,232.08. [sic] [Apartado a.] Como es de todos conocido, fui alcalde del Municipio de Santa Isabel hasta principios de enero de 2021, donde la nueva administración asumió la gran responsabilidad de administrar el destino de mi Pueblo. Me resulta increíble que los documentos de un proyecto de tal magnitud no hayan sido provistos por los representantes de la nueva administración municipal. Previo a la culminación de mi incumbencia, instruí y me aseguré que mi equipo de trabajo dejara las cuentas claras en todos los asuntos importantes, principalmente en los proyectos de obras y/o mejoras públicas ya encaminados en beneficio de nuestra gente. Respetuosamente les solicito que agoten los esfuerzos con la presente administración, a los fines que realicen un esfuerzo genuino para proveer la información solicitada por su Oficina”, declaró Questell Alvarado a la Oficina del Contralor.
“Consideramos las alegaciones del exalcalde, respecto al apartado a. del Hallazgo, pero determinamos que prevalece. El Municipio no ha recibido el pago correspondiente a los arbitrios y la patente municipal, ni los descontó de los pagos que realizó al contratista. En la segunda certificación de trabajos remitida por el contratista, este incluyó y el Municipio pagó los costos relacionados con los arbitrios y la patente municipal”, respondió la Contraloría.
Al 30 de junio de 2022, el Municipio tenía seis demandas civiles por 1,799,228 dólares, pendientes de resolución en los tribunales. Las demandas presentadas eran por razón de discrimen político, cobro de dinero y daños y perjuicios.
El presupuesto del Fondo General, para los años fiscales del 2017-18 al 2021-22, ascendió a 10,125,158 dólares, 10,527,726 dólares, 10,661,367 dólares, 11,089,633 dólares y 11,384,893 dólares, respectivamente.
El Municipio tenía preparados sus estados financieros, auditados por contadores públicos autorizados, para los años fiscales del 2017-18 al 2019-20. Estos reflejaron déficits acumulados por 6,824,806 dólares, 5,138,810 dólares y 4,550,499 dólares, respectivamente.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Santa Isabel cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.