El secretario del Departamento del Trabajo, el licenciado Gabriel Maldonado González, afirmó hoy, viernes que el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la solicitud de múltiples grupos de patronos del sector privado que buscaban detener el aumento al salario mínimo estatal en la isla.
“Hoy, nuestro más alto foro judicial determinó proveer no ha lugar a la solicitud de certificación intrajurisdiccional y mociones relacionadas, que fueran presentadas el día de ayer por varias organizaciones que representan el sector privado y que proponen pralizar el más reciente aumento al salario mínimo estatal, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 47-2021″, declaró Maldonado González.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que no entrará en el caso sobre el aumento del salario mínimo en la isla tras la radicación de una demanda por parte de miembros del sector privado.
“Examinada la solicitud de certificación intrajurisdiccional, la moción en auxilio de jurisdicción y la Solicitud de vista oral presentadas por la parte peticionaria, se provee no ha lugar”, lee la resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
De igual forma, esta misma semana, el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, desestimó la demanda del grupo de organizaciones del sector privado que busca dejar sin efecto el aumento del salario mínimo en Puerto Rico a $10.50 la hora que entró en vigor el pasado 1 de julio.
La demanda fue radicada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), la Asociación de Industriales (AIPR), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Restaurantes (Asore) y la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico.
El secretario les recordó a los patronos del sector privado que el salario mínimo estatal en Puerto Rico es de 10.50 dólares por hora, efectivo desde el 1 de julio de 2024. “Lo único que podría variar eso es un dictamen judicial en contrario o intervención legislativa, cosa que no ha ocurrido”, aclaró.
Maldonado González advirtió que incumplir con el salario mínimo aplicable por ley puede implicar multas y penalidades.