El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, señaló este domingo que la matrícula de alcaldes, de 42 municipios, aprobaron una resolución por unanimidad donde se oponen al nuevo aumento a la factura incluido en el plan de ajuste a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE) propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Es importante que todos en Puerto Rico conozcan que estamos viviendo varias situaciones que afectan a la AEE: (1) cada día hay personas que se acogieron a la energía renovable y dejan de comprar electricidad a la AEE (2) la tasa de nacimientos fue superada en el 2023 por la tasa de muertes y (3) personas que emigran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida y de empleo. Son clientes que la AEE ya perdió. Si la jueza aprueba ese plan, no habrá dinero para pagarlo y no saldremos del problema”, aseguró el también alcalde de Villalba.
Se espera que la determinación de la jueza Laura Taylor Swain sea este mes, pero el alcalde, quien es abogado, señala que al momento del fallo, lo más probable es que “cualquiera de las partes a favor o en contra se estima que va a apelar. Desde el inicio de esa situación, nosotros los alcaldes hemos estado, estamos y seguiremos de parte del pueblo. Por eso hemos fiscalizado, propuesto alternativas y orientando sobre la realidad que está viviendo Puerto Rico”.
La pasada semana, la magistrada decidió no considerará ninguna moción durante los próximos 60 días y favoreció un periodo de mediación intensiva entre las partes.
Tras dicho lapso, Taylor Swain espera un informe del Equipo de Mediación sobre la conveniencia de extender esta moratoria por otros dos meses, en búsqueda de un acuerdo que resuelva el tranque entre el ente fiscal y los bonistas objetores del PAD-AEE.
Al inicio de la vista de estatus que presidió esta tarde desde el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la jueza expresó preocupación por la falta de flexibilidad y la agresividad mostrada por ambas partes, calificando la misma como un obstáculo para el progreso hacia la reorganización financiera y el avance de Puerto Rico.
Durante su turno, la mediadora Shelley C. Chapman se mostró frustrada por la falta de progreso sustancial entre las partes involucradas en el caso de quiebra, y señaló que, hasta el momento, no se han presentado propuestas concretas ni sugerencias que puedan resolver las diferencias significativas que persisten.
La sesión del miércoles, 10 de julio estaba destinada a revisar el estado actual del caso bajo el Título III de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) tras la reciente decisión del Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, que concedió a los bonistas derechos significativos para cobrar sus acreencias y prioridad para ser pagados con los ingresos netos futuros de la AEE.
Aunque la decisión del apelativo aumenta el potencial de recuperación para los bonistas, dicho foro judicial no abordó cómo se tratará específicamente el interés de estos en los ingresos netos futuros durante la confirmación del PAD-AEE.
Esto implica que aún quedan aspectos por resolver en cuanto a cómo se pagará exactamente a los bonistas y cuál será el efecto final en el proceso de reestructuración.
Swain criticó duramente la falta de consideración por los más de tres millones de residentes de Puerto Rico, quienes enfrentan condiciones difíciles debido al calor insoportable, facturas eléctricas altas y “un servicio eléctrico poco confiable”.
La jueza se expresó sobre el tranque entre la JSF y los bonista objetores : “y lo más trágico, la falta de una actitud decente y compasiva ante la difícil situación de más de 3 millones de personas que viven en un calor a menudo insoportable”.
El ente fiscal propone un plan de ajuste que incluye compensaciones adicionales a los bonistas objetores, estimadas en $168 millones, junto con la emisión de nueva deuda si es necesaria.
Martin Bienenstock, abogado de la JSF, mencionó la posibilidad de realizar ajustes al plan existente, aunque los bonistas que se oponen a la confirmación del PAD-AEE consideran que estos cambios no serán suficientes para resolver las disputas y garantizar una recuperación justa.
Los bonistas objetores insistieron en una revisión exhaustiva de la deuda total y otros aspectos, sugiriendo que el proceso de quiebra podría extenderse aún más, a pesar de que el mismo inició hace siete años y es uno de los casos de bancarrota municipal más prolongados y complejos en la historia de Estados Unidos.
A su vez, el abogado de la JSF mencionó que no existe una norma específica que indique que el tribunal de primera instancia pierde jurisdicción después de una apelación.
Este argumentó que, si bien hay precedentes que sugieren que los tribunales de primera instancia no deben realizar acciones que puedan interferir con las apelaciones pendientes, esto no implica que pierdan la capacidad de tomar decisiones dentro de su jurisdicción mientras el proceso de apelación está en curso.
Antes de finalizar la vista, la jueza hizo hincapié en la importancia de tener en mente el bienestar del pueblo de Puerto Rico durante todas las decisiones que se tomen en este proceso.