Tras asegurar que con la aprobación del nuevo presupuesto gubernamental de 30 a 35 municipios tendrán que cerrar operaciones por insolvencia económica, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, reclamó este domingo al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que expliquen el plan económico para los municipios al completarse la eliminación del Fondo de Equiparación y los fondos provenientes de la Ley de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).
“Hay municipios Asociados y Federados que estarán obligados a cesar operaciones. El gobernador y la Junta tienen que informarnos la determinación final. No pueden seguir hablando de parchos económicos que no resuelven la situación crítica y el efecto en los servicios esenciales a las comunidades. Pasa el tiempo y no vemos una solución permanente a este terrible cambio a las fuentes de ingreso. Tuvimos un respirador artificial con los $100 millones ARPA que por tres años el gobierno asignó a los municipios como auxilio económico, pero eso también terminó”, expresó García Padilla.
El alcalde explicó que el efecto económico empezará a verse este año fiscal con mucha más prominencia de enero del 2025 en adelante y que el Fondo de Servicios Esenciales y otras asignaciones para amas de llaves y el mantenimiento de escuelas, en nada ayudan a la falta de fondos operacionales que también coloca en peligro millones de dólares en proyectos de reconstrucción.
Según mencionó muchos municipios afectados haciendo los cambios estructurales que solicita la Junta y aún el CRIM maximizando los recados, no podrían sobrevivir presupuestariamente.
“Es contradictorio dejar a los municipios sin fondos operacionales en medio de un proceso de recuperación donde se podrían perder millones de dólares en proyectos que dependen de una solvencia económica en los municipios que permita la continuidad de los trabajos gerenciales. El gobernador Pierluisi se comprometió en buscar soluciones al problema”, manifestó el alcalde.
García Padilla recordó que el Fondo de Equiparación se creó junto a la Ley del Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM) con el propósito de asegurar que todos los municipios recibieran los fondos necesarios para atender servicios básicos cómo recogido de basura, calles seguras, deporte, cuidado adultos mayores, desarrollo cultural y económico entre otros. Este fue considerado como un ingreso recurrente hasta que la Junta de Control Fiscal, con el propósito de cuadrar el presupuesto del gobierno central lo eliminó.
“Pero somos los municipios el resuélvelo todo del país. Mientras el gobierno central colapsa y encarece todos los servicios básicos nosotros seguimos resolviendo con migajas que nos han dejado en prejuicio de la gente que más necesita. La eliminación de este fondo va directo a los servicios esenciales de la población. Exigimos que se expresen, que se reúnan con los alcaldes y nos digan los planes reales, la verdad”, reclamó.
El Fondo de Equiparación representó más del 30% del presupuesto en al menos 17 de 78 municipios. Aún hay alcaldías que dependen de este fondo. En 2022, en Adjuntas el 52% de su presupuesto provenía del fondo de equiparación, de igual forma Maunabo (51.3%), Florida (50.6%), Loíza (48.2%) y Comerío (47.1%). En 2023, la lista es encabezada por Comerío con 39.7% de su presupuesto proveniente del fondo de equiparación.