La Junta Supervisión Fiscal le advirtió a la Universidad de Puerto Rico que no puede reprogramar fondos de un año fiscal anterior ni utilizar fondos fuera del presupuesto certificado de cualquier año fiscal sin la aprobación previa del organismo creado bajo la ley federal PROMESA.
En una carta enviada a las autoridades de la UPR, la Junta plantea que el sistema universitario ha estado moviendo presupuestos para cubrir déficits. Esto sin la autorización de la JSF .
“La Sección 9 del Presupuesto Certificado de la UPR para el año fiscal 2024 requiere que el Presidente y el Director Financiero de la UPR certifiquen que ningún monto gastado o gravado excedió el Presupuesto Certificado de la UPR para el año fiscal 2023. Sin embargo, la Certificación de la Sección 9 revela un gasto excesivo de $31 millones en el año fiscal 2023. Además, el informe revisado del presupuesto al informe real para el año fiscal 2023 refleja que se utilizaron fondos no presupuestados para cubrir gastos sin obtener la aprobación previa por escrito de la Junta de Supervisión”, lee la misiva de la JSF.
El organismo apunta a que la práctica señalada viola la Sección 5 del Presupuesto Certificado de la UPR para el año fiscal 2023 y la Sección 204(c) de PROMESA. También apuntaron a retrasos de la UPR en cumplir con la Certificación de la Sección 9 bajo el Presupuesto de la UPR para el año fiscal 2024. Señalan que en dos ocasiones les extendieron el término.
“El hecho de que la UPR no cumpla con la Sección 9 del lenguaje de ejecución presupuestaria del Presupuesto Certificado de la UPR para el año fiscal 2024 en la fecha establecida por la Junta de Supervisión genera preocupaciones sobre la gobernanza y los controles fiscales de la UPR. Si bien la Junta de Supervisión reconoce circunstancias que escapan al control de la UPR, lograr y garantizar la responsabilidad fiscal, como se describe en el Plan Fiscal de la UPR, requiere una gobernanza y controles fiscales adecuados”, advierten.
La JSF le solicitó a la UPR que presente a más tardar el jueves 15 de agosto de 2024, un plan de acción correctiva para evitar que este escenario se repita durante el año fiscal 2025.