Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó el lunes a Richard Ramos Hernández de Humacao, por fraude de quiebra, fraude bancario, fraude de préstamos del Programa de Protección de Cheques (PPP) y robo de identidad agravado.
“El acusado usó procedimientos de quiebra para defraudar al Programa de Fideicomisarios de los Estados Unidos y a los acreedores para beneficiarse ilegalmente”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en declaraciones escritas.
Según documentos judiciales, entre el 4 de enero de 2019 y el 20 de mayo de 2024, Ramos-Hernández supuestamente ejecutó un esquema para defraudar a los acreedores en un proceso de quiebra, ocultando propiedades e ingresos, y no revelando la creación y operación de All Market and Bakery LLC y Smart Energy General Contractors LLC.
Además, se le acusa de hacer declaraciones falsas para obtener un préstamo del PPP por 15,000 dólares. Ramos-Hernández supuestamente utilizó sin autorización el nombre, dirección y firma de una persona con las iniciales M.M.T. para presentar la solicitud del préstamo, incurriendo en fraude bancario y robo de identidad agravado.
Si es hallado culpable, Ramos Hernández podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo de fraude de quiebra, hasta 30 años por fraude bancario y declaraciones falsas en solicitudes de préstamos, y una sentencia obligatoria consecutiva de dos años por cada cargo de robo de identidad agravado.
“La integridad en los procedimientos de quiebra y la elegibilidad para beneficios gubernamentales son esenciales para mantener la justicia en nuestra sociedad”, afirmó Joseph González, Agente Especial a Cargo de la oficina del FBI en San Juan.
Este caso está siendo procesado por los Fiscales Especiales Auxiliares de los Estados Unidos, José Capó Iriarte y José Díaz Vega, de la Oficina del Fideicomisario de los Estados Unidos. La investigación fue llevada a cabo por el FBI.
Un pliego acusatorio es solo una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.