El candidato a la alcaldía de Cayey por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Carlos Rivera Santiago, aseguró este lunes que nueve empleados municipales se encuentran “amedrentándolo”, luego de que el juez Jorge Rafael Rivera Rueda, del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Caguas, ordenara al alcalde, Rolando Ortiz Velázquez, a entregarle el listado de trabajadores públicos.
“Se ordena a la demandada (Cayey) a que proceda inmediatamente, y sin demora alguna, a entregarle a la parte demandante un listado de los empleados del municipio de Cayey, que contenga los nombres, puesto de trabajo, salario y fecha de contratación”, señaló el magistrado en la sentencia.
Rivera Santiago destacó que desde los pasados días un grupo de empleados, encabezados por uno de confianza, Jessie Gutiérrez, han “estado difamando y emitiendo comunicaciones político partidistas en horas laborales con el fin de mancillar su imagen”.
“Es muy lamentable que el alcalde no dé la cara y se esconda detrás de nueve empleados para amedrentar y querer engañar al pueblo. Estas acciones demuestran lo inescrupuloso que es Rolando Ortiz”, expresó el candidato de 23 años.
“Mientras esos nueve empleados son utilizados como títeres del alcalde, tengo al resto de la empleomanía escribiéndome y mostrando apoyo en esta lucha por la transparencia y la justicia salarial. También, me parece importante destacar que estos empleados, en horario laboral se toman imágenes y envían comunicados de prensa político partidista. Eso sí es una acción ilegal”, agregó.
Este mismo lunes, los servidores públicos volvieron a solicitarle al aspirante cayeyano que no se hagan públicos sus expedientes, destacando que se sienten “hostigados” por sus “constantes expresiones en los medios de comunicación y hasta frente a sus centros de trabajo”.
“El candidato José Carlos Rivera nos tiene cansados con su intención de publicar nuestros nombres, puestos, seguro social y salarios en las redes sociales, sin medir las consecuencias que para muchos de éstos eso significa. Sus expresiones públicas y su tono agresivo es una amenaza para los que venimos a servirle a todos los ciudadanos”, afirmó la directora de la Oficina de Asuntos al Ciudadano, Nilmarie López Bonilla.
Mientras, Carla Bernard, oficial administrativo municipal señaló que “entendemos que no es justo para ningún empleado público, sea del municipio o del gobierno central, que una persona, por caprichos políticos, atente contra su derecho a mantener la confidencialidad de su información personal incluyendo hasta los salarios. La actitud de ese candidato es repudiable, e incluso lleva guaguas de sonido a alto volumen frente a nuestros centros de trabajo. Nadie entiende cual es la obsesión que tiene contra nosotros, que no somos candidatos políticos”.
Con sus compañeras coincidió Jessie Gabriel Cortés, quien destacó que, aunque hay un caso judicial, “nosotros los empleados municipales firmamos un documento en el cual rechazamos que se haga pública la información personal de los expedientes. Y a esos efectos nos hemos educado en términos legales. Tanto la Ley de Transparencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como el Código Municipal, indican que el expediente de los empleados son confidenciales. Eso es lo establecido y lo lógico es que un tribunal no nos obligue a violar la ley”.
En respuesta a ello, Rivera Santiago puntualizó que “si ellos entienden que estoy violentando la ley, que acudan al tribunal, pero al final eso quedará en nada, ya que en ningún momento se está solicitando información del expediente del personal. Eso es una mentira para manipular al pueblo”.