Recientemente escuché un debate sobre el tema de la separación de iglesia y estado. Mientras una parte establecía que el principio de separación de iglesia y estado prohíbe que un funcionario público realice actos para implementar una agenda que responda a una visión religiosa particular, la otra parte afirmaba que rechazar la implementación de una agenda religiosa particular era una violación de la separación de iglesia y estado. Esto significa que, mientras un lado argumenta que la cláusula de establecimiento prohíbe que el Estado oficialice una religión, otra de las partes argumenta que la cláusula de libre práctica permite que se acomode una creencia religiosa dentro de la estructura gubernamental.
La separación de iglesia y estado se concretiza en dos normas diferentes: la cláusula de establecimiento y la cláusula de libre ejercicio. Esto asegura que el gobierno no actúe en función de los intereses de un solo sector. Esto no quiere decir que los sectores religiosos no tienen derecho a ser escuchados en el ámbito público. Por ello hablamos de una laicidad saludable frente a un laicismo represivo. La laicidad sostiene que el Estado no puede adoptar una religión oficial y promueve la pluralidad y la diversidad. El laicismo establece que lo religioso no tiene ningún espacio en el ámbito público. Favorecemos una laicidad que entre en diálogo con las distintas expresiones de religión, creencia y espiritualidades, rechazamos el laicismo represivo.
La separación de iglesia y estado debe ser protegida, porque está diseñada para proteger la expresión religiosa de todos los sectores, así como proteger a los sectores vulnerables, diversos y plurales. Recientemente la idea de libertad religiosa se ha utilizado como un instrumento para reprimir o atacar a distintos sectores y comunidades sociales. En una sociedad democrática la libertad religiosa no puede ser utilizada para fomentar el discrimen, para promover agendas en contra de ciertos sectores sociales, ni para fomentar la división social. La libertad religiosa debe proporcionar un espacio de autonomía del Estado, sin que eso signifique el silenciamiento de las voces religiosas.
En Puerto Rico, esta discusión es esencial, porque en los medios de comunicación proyectan la idea de que existe un solo sector religioso: conservador, anexionista, contrario matrimonio igualitario y neoliberal. La realidad es que el ámbito religioso es mucho más diverso que eso. Por eso es importante la afirmación del concepto de separación de iglesia y estado. No como un instrumento para silenciar la voz de los sectores conservadores o progresistas, sino para abrir un espacio en el que podamos buscar, principios que sean fruto de un consenso. Aunque podemos reconocer que algún sector religioso esté en contra de unos derechos particulares, lo que no podemos aceptar es que ese sector religioso, identificado con un partido político en particular, pretenda imponer su visión en contra de ciertos derechos a toda la población. En una democracia sana, diversa y equitativa la función del Estado es operar bajo los principios que sean fruto de un consenso social en función de la protección de los derechos de las minorías y de los grupos vulnerables.
Para que una democracia sea viable, es necesaria una concepción de separación de iglesia y estado, que por un lado proteja los derechos de la pluralidad de visiones religiosas, creencias y espiritualidades y que, por otro lado, promueva la discusión, honesta y democrática en la búsqueda de principios fundamentales que sirvan como un acuerdo sobre el cual construir la convivencia democrática. Las voces religiosas, que están promoviendo una visión integrista, que pretende imponer una agenda moral, religiosa e ideológica única tienen derecho a participar en el debate público, pero no tienen derecho a imponer sus valores religiosos a toda la población.
Es deber del sector religioso progresista promover una visión saludable de la separación de iglesia y estado, que propenda a la defensa de los derechos humanos y a la promoción de la diversidad y pluralidad en la sociedad. Tenemos que promover un ámbito de libertad religiosa que cumpla con la propuesta de la Organización de Estados Americanos que busca promover la creación de “marcos legales y políticas públicas que reconozcan la pluralidad de voces religiosas, de creencias y espirituales, que habiliten tratamientos y caminos de diálogo democrático, que den cuenta de la riqueza y diversidad del mundo de las creencias, y con ello, que impidan el privilegio o predominio de expresiones particulares e individuales sobre el resto.” Sólo así es posible una democracia diversa, plural y libre.