El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JSF), Robert Mujica manifestó sus preocupaciones sobre el Proyecto de la Cámara 2071, medida que busca crear la ‘’Ley de Ajuste Razonable al Retiro de los Bomberos” del Negociado de Bomberos, a través de una carta dirigida al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.
“El Proyecto de la Cámara 2071 viola el Plan de Ajuste y la orden del Tribunal que confirma el Plan de Ajuste”, afirmó Mujica. La carta también detalló que “es imperativo que cualquier acción legislativa sea coherente con el Plan de Ajuste para mantener la estabilidad fiscal y cumplir con los compromisos asumidos en virtud del mismo”.
“En la Carta del 27 de junio, destacamos las preocupaciones con respecto a ciertos proyectos de ley que no se habían sometido a un análisis de impacto económico o fiscal adecuado. Específicamente, hicimos referencia al PC 2071 como un proyecto de ley que es, entre otras cosas, incompatible con el Plan de Ajuste del Estado Libre Asociado (el “Plan de Ajuste”) y violaría PROMESA”, lee la carta enviada por Mujica a Pierluisi.
El proyecto, que cuenta con el respaldo del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, busca ordenar al Comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos (NCBPR) que revise y enmiende el reglamento de Facturación y Cobro del Negociado de Bomberos para que se comience con el cobro de nuevos recaudos por concepto de la emisión de la certificación de prevención de incendios a los alquileres a corto plazo. Además de la creación del fideicomiso de bomberos para garantizar el manejo ordenado en miras de garantizar un retiro de 50% de su salario promedio de los últimos tres años previo a la fecha de retiro a los miembros del Cuerpo de Bomberos.
Sin embargo, el director ejecutivo de la Junta advirtió que la medida no ha sido sometida a un análisis económico o fiscal adecuado, lo que podría poner en riesgo la estabilidad financiera de la isla.
Asimismo, Mujica le propuso al primer mandatario del país una reunión para discutir posibles alternativas que cumplan con el Plan de Ajuste, y así evitar violaciones a la Ley PROMESA.
El pasado mes de abril en una vista pública, el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado García defendió la propuesta y la reducción de la edad de retiro de los bomberos.
‘’El sindicato tiene conocimiento de los retos que representan los proyectos legislativos que tienen o pudieran tener un impacto fiscal y sobre las estrictas normas que impone la Junta a toda pieza legislativa para que cumplan con las disposiciones del Plan Fiscal y Ley Promesa. Ante eso entendemos que nuestra propuesta cuenta con los fondos necesarios para lograr un retiro digno con fondos recurrentes y autosustentables’’, dijo Tirado García.
Según Tirado García, los fondos que nutrirán a la pieza legislativa deberán ser custodiados por un Fideicomiso con fines no pecuniarios.
‘’El funcionamiento del Fideicomiso se regirá por las disposiciones de la ley que lo creara y las de la Escritura Constituyente. Dicha escritura especificará la forma y manera en que la Junta como fiduciario del Fideicomiso ejercerá todos los poderes, prerrogativas y responsabilidades conferidas’’, añadió.
Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis Collazo Rodríguez, había manifestado hace unos meses que no favorece la medida.
‘’Reconocemos la importancia de ofrecer garantías y beneficios a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos para que puedan retirarse con una compensación justa. Sin embargo, no debemos perder de perspectiva que la intención del proyecto es ofrecer beneficios adicionales a los que hoy en día tienen derecho. Por consiguiente, consideramos que lo propuesto tendría un impacto fiscal no considerado y representa un reto legal ante las disposiciones establecidas en el Plan de Ajuste’’, dijo Collazo Rodríguez.
Asimismo, Collazo Rodríguez estableció que en el proyecto no se desprenden estudios, análisis o proyecciones económicas que sustenten la viabilidad fiscal de lo propuesto en la pieza legislativa.
La medida fue aprobada tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Puerto Rico y espera por la firma del primer ejecutivo.
Documento
Carta de la Junta de Control Fiscal by Metro Puerto Rico on Scribd