Del CPI.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico mantiene intactos los incentivos económicos que reciben cuatro empresas dedicadas a la esterilización de dispositivos médicos en la isla, las que fueron incluidas en un aviso de riesgo elevado de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) por emitir un tóxico que podría causar cáncer a las personas expuestas.
Un aviso de riesgo elevado, según la EPA, es resultado de evaluaciones realizadas por la agencia federal en las que miden la naturaleza y la magnitud del peligro a la salud humana para poblaciones expuestas a la sustancia analizada, en este caso el óxido de etileno (EtO).
Las empresas Edwards Lifesciences, en Añasco; Steri-Tech, en Salinas; Medtronic, en Villalba; y Customed, en Fajardo; reciben alivios contributivos para el desarrollo de su actividad industrial, algunos desde 1999, bajo la Ley de Incentivos Contributivos (Ley 135) y la Ley de Incentivos Económicos (Ley 73), que mayormente están vigentes durante 15 años, y que en 2019 fueron consolidadas en el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60).
De acuerdo a un análisis de riesgo que hizo la EPA en 2022, que consideró cuánto óxido de etileno utiliza cada instalación, los sistemas de control implementados, detalles del edificio, patrones del clima e información sobre dónde vive la gente, las cuatro empresas identificadas fueron, en ese año, las de mayor riesgo para las comunidades cercanas a sus operaciones.
El óxido de etileno que se utiliza para esterilizar dispositivos médicos y dentales — como catéteres y marcapasos — que no pueden ser desinfectados con vapor o calor por ser sensibles a altas temperaturas, se ha correlacionado con cáncer de linfoma, de mama o non-Hodgkin, como efectos a largo plazo. A corto plazo, puede ocasionar daños al sistema nervioso, irritación en la piel o en las vías respiratorias, dolores de cabeza o debilidad, entre otros. Otras tres instalaciones — Guidant (ahora Boston Scientific), en Dorado; Medtronic, en Juncos, y Abbott, en Arecibo, que también usan este compuesto, no fueron incluídas en la alerta de EPA.
La EPA tardó seis años en tomar medidas de corrección tras conocer el nivel de toxicidad detectado del EtO en Puerto Rico, mientras que residentes de las comunidades adyacentes denunciaron acciones laxas de las agencias reguladoras y alta incidencia de casos de cáncer entre vecinos, reveló una investigación previa del CPI.
El DDEC no cuenta con opciones legales que le permitan multar o revocar las concesiones ya otorgadas a compañías que incumplen con leyes ambientales, encontró esta investigación periodística. De igual manera, refirieron todas las preguntas relacionadas con cumplimiento de leyes ambientales a la EPA.
No obstante, las leyes conceden la facultad al secretario de la agencia de denegar una solicitud o su extensión si determina que la concesión no resulta en los mejores intereses económicos y sociales de Puerto Rico, tras considerar, entre otros factores, el impacto ambiental, el número de empleos y la localización del proyecto. Tanto en la Ley de Incentivos Económicos como en el Código de Incentivos, el concepto se llama “integración armoniosa”.
Para el secretario del DDEC, Manuel Cidre Miranda, no hay que enmendar este Código, al tiempo que apoya incentivar la permanencia en la isla de las compañías de esterilización de dispositivos médicos señaladas con riesgo elevado de emisión de tóxico.
“Yo no creo que haya que enmendarlo. Sí, el Código (de Incentivos) dispone que hay una responsabilidad de manufacturar o de atender el tema ambiental con responsabilidad. No me tienen que dar un informe de eso”, dijo Cidre Miranda.
La industria de dispositivos médicos está altamente regulada por disposiciones federales y estatales, y es de las “menos problemáticas”, añadió Cidre Miranda. Aludió a los esfuerzos de la EPA para asegurar que estén en cumplimiento completo y a los informes que someten las empresas al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), según se les requiere por ley.
“Nosotros estamos más enfocados en aquellas industrias menos reguladas que, sin duda alguna, no hay una conciencia ambiental como tiene que ser”, afirmó Cidre Miranda. “Desde mi posición, te puedo decir que me siento complacido con los estándares de seguridad, con los estándares de métricas que esa industria tiene”, amplió.
Según la Ley 60, el DDEC puede multar a las empresas con hasta $10,000 o revocar decretos si no se entregan los informes de cumplimiento a tiempo, si están incompletos o si, en un período de 15 días de haber sido notificada, la empresa no entrega la información que falta o no justifica por qué no la incluyó. El Código no dispone que estas acciones sean aplicadas cuando una compañía con un decreto aprobado representa un riesgo ambiental para la población.
Al conceder exenciones contributivas a materiales y equipos en la industria de salud, el gobierno dejó de recibir alrededor de $38 millones hasta 2022, según el más reciente informe de gastos contributivos del Departamento de Hacienda. El informe proyecta que, entre 2023 y 2026, el erario dejará de ingresar cerca de $39 millones debido a estos incentivos.
DDEC obvia monitoreos de cumplimiento ambiental
Cada dos años, un profesional de cumplimiento del DDEC, que debe ser abogado o contable autorizado, evalúa la operación fiscal de los negocios exentos y si cumplen con las disposiciones de un decreto para emitir un certificado de cumplimiento.
Los certificados son un requisito para mantener el decreto a partir de la aprobación de la Ley 60 en 2019. No obstante, según el director de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico del DDEC, Carlos Fontán Meléndez, esa certificación “no es vinculante” bajo leyes de incentivos anteriores mediante las cuales la mayoría de las empresas de manufactura se les aprobaron los decretos.
El DDEC podría contar con datos de cumplimiento ambiental para su evaluación cada dos años porque, según Amarilys Rosario ortiz, gerente del Área de Calidad de Aire del departamento, las emisiones de la sustancia tóxica son informadas por las empresas anualmente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), de acuerdo con los permisos de construcción y operación que responden a parámetros federales.
A partir de esas evaluaciones se concluyó que “no es que hayan subido las emisiones, es que subió el riesgo”, aclaró Maribel López, ingeniera y licenciada de la División de Permisos e Ingeniería del Área de Calidad de Aire del DRNA.
Según Rosario Ortiz, los datos de emisiones son revisados y certificados por un ingeniero licenciado que la compañía contrata o por uno interno que trabaja la parte ambiental. Por su parte, la especialista en calidad ambiental de la División de Inspección y Cumplimiento del Área de Calidad de Aire del DRNA, Peggy Pacheco, sostuvo que su división también revisa los datos y los coteja con estándares establecidos en la Ley Federal de Aire Limpio, (conocidos como “Maximum Achievable Control Technology”).
Dijo que, para realizar lo que llaman un cumplimiento completo (“full compliance”), el DRNA inspecciona las esterilizadoras cada tres o cinco años, dependiendo de su categoría como fuente de emisión mayor o menor. Según López, todas las empresas en Puerto Rico son de categoría menor porque la cantidad de emisiones, según sus datos, es baja.
Desfase entre agencias ambientales y de desarrollo económico
Aunque las empresas que operan en Puerto Rico tienen que cumplir con las leyes ambientales locales y federales, como la Ley de Política Pública Ambiental, la Ley Federal de Aire Limpio y el Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica, el DRNA y la EPA no están obligadas a notificar al DDEC cuando una empresa con incentivos contributivos provoca algún impacto ambiental o a la salud humana.
“En cuanto a los incentivos fiscales, no tengo conocimiento de cómo se relacionan con las instalaciones de EtO. No creo que esto caiga dentro de la jurisdicción de la EPA”, dijo en declaraciones escritas el administrador de la División de Aire y Radiación de la Región 2 de la EPA, Richard Ruvo, al preguntarle si la EPA tiene disposiciones para entregar informes relacionados a cumplimiento con emisiones al DDEC.
Expertos en aire de esa misma región, que comprende a Puerto Rico, Nueva York y Nueva Jersey, y en la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA indicaron que el DDEC “no tiene ningún rol ni se le ha delegado a hacer cumplir” las leyes de cumplimiento ambiental.
Asimismo, Rosario Ortiz del DRNA respondió que no envía informes de cumplimiento ambiental al DDEC y desconoce si la agencia se los requiere.
“Si a mí me solicitan un formulario de solicitud de expedientes, o copia de algún documento, como son públicos, no le preguntamos para qué quieren el documento. Si alguien ha venido a solicitarlo, no lo sabemos”, expresó la funcionaria.
Por su parte, Fontán Meléndez indicó que la revocación de un decreto de incentivos a una empresa a raíz de un señalamiento por parte de EPA, por ejemplo, sólo ocurriría si la agencia federal “entiende que esa violación es irreparable” y manda a cerrar el establecimiento.
“La EPA, con toda jurisdicción, permite una orden al respecto de cerrar la compañía (…) En teoría, sí, revoco decreto, pero se vuelve inoperante académicamente, porque ya no vas a estar realizando la operación exenta. Por tanto, no puedes estar reclamando los beneficios contributivos que están plasmados en ese decreto, porque ese decreto está sujeto a que tú lleves a cabo esa operación exenta”, dijo.
Respecto a la alerta emitida por EPA por el uso del EtO y si esta sería evaluada por parte del DDEC, el funcionario dijo que habría que “ver la extensión de ese señalamiento”.
“A veces, la EPA lo que hace son observaciones y son situaciones que se pueden corregir de fácil manera”, añadió. Para minimizar el riesgo salubrista por exposición al compuesto, las compañías deben incurrir en inversiones millonarias para modificar o instalar equipos de remoción, que debe reducir emisiones al 99.9 %, de acuerdo con las regulaciones actualizadas por la EPA a principios de abril de este año.
Entre 2009 y abril de 2024, el DDEC ha revocado 267 decretos a empresas de manufactura en Puerto Rico. Dos de ellas pertenecían a Abbott Pharmaceuticals y St. Jude Medical, compañía adquirida por Abbott en 2016 y que utiliza EtO para algunas de sus operaciones. Ninguno de estos decretos fue revocado por incumplimiento ambiental. Según la agencia, la mayoría se revocaron por no entregar informes anuales.
Según Fontán Meléndez, el DDEC ha emitido multas a beneficiarios de los decretos, pero no proveyó la lista de multas emitidas ni la razón para penalizar, al ampararse en que no puede divulgar información específica sobre contribuyentes que tienen un decreto activo.
Además de las exenciones contributivas, las empresas de dispositivos médicos también recibieron subvenciones (“cash grants”) otorgadas por la División de Desarrollo de Negocios del DDEC para inversión en maquinaria e infraestructura y creación o retención de empleos.
Estos estímulos monetarios provienen de fondos públicos “de lo que las mismas compañías exentas manufactureras, y otras de exportación, pagan en contribuciones. De eso que pagan en contribuciones sobre ingresos, el 10% entra a un fondo de incentivos económicos y de [ahí] se suben los ‘cash grants’”, explicó Fontán Meléndez.
“Es un círculo que se queda entre las mismas entidades exentas que aportan a ese pote y, de ese pote, salen los distintos ‘cash grants’”, recalcó.
Dos años para incorporar nuevas regulaciones
La EPA publicó el 5 de abril de este año nuevos estándares federales para que las esterilizadoras reduzcan emisiones de óxido de etileno a un 99.9% mediante la instalación de equipos de remoción y monitoreo continuo de emisiones, cuyos datos deben ser reportados trimestralmente a la agencia federal a partir del 5 de abril de 2027.
Las fechas de cumplimiento variarán dependiendo de cada instalación y el consumo anual de EtO, según la EPA. Para esta investigación, se obtuvieron los permisos de aire emitidos por el DRNA entre octubre y diciembre de 2022, que certifican que la agencia autorizó modificaciones para instalar y operar nuevas medidas de control de emisiones de óxido de etileno a Steri-Tech, Edwards Lifesciences y Medtronic, en Villalba.
Solo dos de las cuatro empresas respondieron a una petición de información sobre qué gestiones, si alguna, han hecho hasta el momento para implementar las acciones correctivas exigidas por la EPA y si notifican al DDEC de su actividad relacionada al impacto ambiental.
Medtronic indicó que ha tomado más medidas para agregar equipos de control y mejorar las instalaciones de acuerdo con los Estándares Nacionales de Emisión de Contaminantes Peligrosos del Aire, pero no precisó cuáles. Añadió que los incentivos económicos han apoyado a la compañía en su expansión, mientras que mantienen comunicación con el DDEC, entre otras agencias, para abordar preocupaciones relacionadas con EtO pese a que esa agencia no les exige informes de cumplimiento.
Por su parte, el director de Comunicaciones Globales de Edwards Lifesciences, Howard Wright, dijo en declaraciones escritas que la empresa completó mejoras al sistema de control de EtO para eliminar más del 99.99% de las emisiones, pero no precisó si la compañía actualiza al DDEC sobre el registro de emisiones o las acciones correctivas.
Recomiendan guías verdes y acción legislativa
Ante la falta de herramientas para evaluar los decretos contributivos cuando surgen señalamientos de impacto ambiental por parte de las empresas subsidiadas, la economista y planificadora ambiental Martha Quiñones Domínguez recomendó exigir a las compañías guías verdes o protocolos del Gobierno que “permiten implantar prácticas de mejor desempeño ambiental con análisis del ciclo de vida de la producción”.
Dentro de los requisitos sugeridos por la experta se incluirían procesos de seguridad que conlleven protocolos de manejo adecuado, educación al público y recuperación ante situaciones de emergencia por fugas de sustancias; auditorías a la empresa en cuanto a formas de evitar contaminación y daño ambiental; informes de cumplimiento con normas ambientales, e informes de seguimiento a materiales que manejan en los procesos de producción en la empresa.
Desde el ámbito legal, el catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Luis E. Rodríguez Rivera, quien imparte cursos sobre desarrollo económico versus protección ambiental, dijo que la fragmentación entre el desarrollo económico y el impacto ambiental se debe a “fallas teóricas”. Según el profesor, no se internaliza el costo social, incluído el daño ambiental, en los análisis de oferta y demanda porque elevaría el precio y no sería viable para la industria.
“No es inusual que estas leyes que fomentan desarrollo económico no tan solo no internalizan impactos ambientales de las actividades que están promoviendo, pero van más allá y promueven acciones que lo que hacen es limitar la efectividad de cualquier protección de salud o ambiente o seguridad que puede haber”, manifestó Rodríguez Rivera, quien también dirigió el DRNA a principios de los años 2000.
Según el catedrático, el área de discreción para tomar acciones correctivas para la brecha económica y ambiental recae en la Rama Ejecutiva. “Los ajustes que se pueden hacer, y se recomienda, es que las instituciones del Estado tienen que usar herramientas, ya sea a través de incentivos, penalidades, regulación o reglamentación, [para] ir obligando que cada actor de la oferta internalice el daño”, recomendó. Enfatizó, sin embargo, que quien ejerza esos cargos debe contar con las convicciones para velar, entre otros factores sociales, por el impacto ambiental.
Esta historia es una colaboración entre Grist y el Centro de Periodismo Investigativo. Fue apoyada por el Fund for Investigative Journalism. El diario Metro Puerto Rico también apoyó la producción de esta investigación.
Los reportajes fueron redactados por Lylla Younes y Naveena Sadasivam, de Grist; y Joaquín A. Rosado Lebrón, del Centro de Periodismo Investigativo. La fotografía original de fue realizada por Esteban Morales, y la fotografía de drones por Héctor A. Suárez de Jesús.
La edición del proyecto corrió a cargo de John Thomason, Matthew McKnight, Víctor Rodríguez Velázquez, Wilma Maldonado y Noel Algarín. Katherine Bagley y Carla Minet proporcionaron edición y orientación adicionales. Jaime Buerger dirigió la producción. Mia Torres, Teresa Chin, Gabriela Carrasquillo y Luis Alberto González se encargaron del diseño web y la dirección artística. Jesse Nichols y Amelia Bates colaboraron en la dirección fotográfica. Clayton Aldern y Gabriela Carrasquillo contribuyeron con el trabajo de datos y visualización. Angely Mercado se encargó de la comprobación de datos. Noel Algarín, Michelle Kantrow y Laura Candelas se encargaron de la traducción. Jaime Buerger y Kate Yoder editaron el proyecto. John Thomason y Rachel Glickhouse, de Grist; y Víctor Rodríguez Velázquez y Noel Algarín, de CPI; coordinaron la colaboración. Megan Merrigan, Justin Ray y Mignon Khargie, de Grist; y Cristina del Mar Quiles y Brandon Cruz, de CPI; se encargaron de la promoción.
Un agradecimiento especial al Fund for Investigative Journalism, que apoyó el proyecto.