La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó un estudio sobre los efectos que han tenido despidos, acciones disciplinarias y otras transacciones de personal en la rama legislativa sobre las finanzas del gobierno.
El estudio analiza demandas, sentencias y pagos relacionados por acoso laboral y hostigamiento sexual contra empleados o funcionarios, y por discrimen político-partidista. Para la evaluación, se solicitó la documentación a nueve entidades y respondieron ocho.
Según se indicó en el informe, el Senado de Puerto Rico no certificó ni entregó los documentos solicitados.
El informe revela que, el 21 de junio de 2022, el Tribunal General resolvió una demanda de acoso laboral a favor de la Comisión de Derechos Civiles presentada por dos empleados, sin importe reclamado.
Además, cuatro demandas civiles presentadas por 108 funcionarios ante el Tribunal Federal, con un reclamo de $165,000,000, estaban detenidas por la Ley PROMESA.
Las demandas se radicaron por despidos, acciones disciplinarias u otras transacciones de personal por motivos político-partidistas; ninguna por hostigamiento sexual o acoso laboral. Las entidades demandadas fueron: la Cámara de Representantes, la Superintendencia del Capitolio y la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
Según se indicó en el informe del Contralor, la adjudicación de estas demandas a favor de los empleados “resultaría oneroso y adverso para las entidades de la Rama Legislativa”.
Por otro lado, cuatro entidades certificaron que no tuvieron demandas u otras acciones de personal para el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023.
Estas entidades fueron: la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, y la Oficina del Procurador del Ciudadano.
Sin embargo, se confirmó que la OCPR tiene querellas cuya evaluación será presentada en un próximo informe.
El Informe Especial le recomienda al secretario de Justicia que oriente a los funcionarios principales de las entidades de la Rama Legislativa, sobre los efectos adversos que tienen las acciones que se toman contra empleados por motivos político-partidista, hostigamiento sexual y acoso laboral. Además, el secretario debe orientarles sobre la responsabilidad que tienen como funcionarios.