El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, catalogó la determinación del Tribunal Supremo de desestimar el recurso que presentaron contra la consulta de estatus convocada por el gobernador Pedro Pierluisi como un ejemplo del “control absoluto” de una sola colectividad en el proceso electoral.
Dalmau añadió que pronto anunciarán las acciones que tomarán sobre cómo actuar en la consulta de estatus que se hará el mismo día de las elecciones generales.
“Esta determinación del Tribunal Supremo no debe sorprender a nadie. Es el más reciente recordatorio al país de la urgencia y necesidad de instaurar un mecanismo para la selección y nombramiento de jueces que garantice un balance en la composición del Tribunal Supremo y erradique la intromisión partidista en el proceso. No puede continuar lo que hoy sufrimos: el control absoluto de un partido en el proceso electoral y procesos judiciales. Sobre la acción política que tomaremos con respecto a la papeleta del plebiscito, próximamente lo anunciaremos”, puntualizó Dalmau Ramírez.
Mientras que la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón, expresó que: “Esta es la historia de la intervención judicial en las elecciones del 2024: no a las coaligadas, no a las candidaturas de La Alianza, no a un mecanismo justo de nominación directa, pero sí a una votación inútil impuesta por decreto. Nuevamente el Tribunal Supremo se certifica como el comité de Puerta de Tierra del bipartidismo tóxico”.
Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón insistió en la Asamblea de Estatus como el mecanismo más serio, democrático y efectivo para atender el tema del estatus.
“La inmensa mayoría del país, incluyendo a miles de estadistas, saben que este plebiscito, además de ser un ejercicio fútil e inconsecuente, es un burdo intento desesperado de atraer a electores que creen en la estadidad y que ya no se sienten representados por el PNP”, dijo el representante.
El PIP planteaba que se violentaba la doctrina de separación de poderes al autorizar la celebración de un plebiscito mediante Orden Ejecutiva. Argumentaban que se trataba de una delegación indebida de las funciones del Poder Legislativo al Ejecutivo. También se hizo un planteamiento de usurpación del poder de la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto de esta consulta. Por otro lado, expresaban una violación al Código Electoral por dejar en manos de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) preparar el borrador de la papeleta de votación, los proyectos de reglamentos y el plan presupuestario de la consulta.