La corrupción gubernamental en Puerto Rico no es solo una sombra sobre la administración pública; es un cáncer profundo que drena recursos valiosos, inhibe el desarrollo y socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Un estudio revela que la corrupción y la mala gobernanza han costado a la economía puertorriqueña alrededor de $7,400 millones en las últimas dos décadas, lo que se traduce en un promedio de $527 millones anuales.
Estas pérdidas representan aproximadamente el 10% del presupuesto gubernamental anual, según estimaciones de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Para el presupuesto de $12,739 millones que culminó en junio de 2024, esto equivale a $1,274 millones, y las pérdidas podrían ascender a $3,178 millones considerando el presupuesto consolidado de $31,781 millones. Solo imagínense lo que podríamos hacer si reducimos los índices de corrupción gubernamental en un 5%. Para ello, tenemos que salir de los partidos que han entronizado en el gobierno la corrupción.
Pero los efectos de la corrupción no son tan solo económicos. Representa un peso gigantesco sobre el costo de hacer negocios con el gobierno, y en tiempos de crisis, la excusa para implementar una burocracia gubernamental excesiva para el uso efectivo de fondos de recuperación, teniendo que utilizar un porcentaje elevado de los mismos para implementar procesos administrativos para tratar de evitar la corrupción.
A su vez, la corrupción reduce la confianza ciudadana en las instituciones y líderes políticos, lo que impacta negativamente la participación electoral y el cumplimiento voluntario con el pago de impuestos. Esta situación disminuye los ingresos gubernamentales y aumenta la necesidad de esfuerzos de recaudación adicionales. Por otra parte, los fondos que deberían destinarse a servicios esenciales, como seguridad, educación y salud son desviados, resultando en una infraestructura deficiente y servicios inadecuados. La corrupción también exacerba la desigualdad social, favoreciendo a aquellos con conexiones políticas y creando un sistema extractivo que perpetúa la injusticia social.
Ejemplos de Corrupción
- Departamento de Educación: La mala gestión y corrupción llevaron a la congelación de $650 millones en fondos federales. Un síndico federal supervisa ahora el uso de estos fondos, con un costo de $150 millones para asegurar su utilización adecuada.
- Departamento de Salud: Fraude y malversación han sido hallazgos comunes, con pagos indebidos y uso incorrecto de fondos.
- Departamento de Hacienda: Entre 2020 y 2024 se reportaron casos significativos de corrupción, como la aceptación de sobornos para aprobar declaraciones fraudulentas de impuestos de vehículos.
- Alcaldías y Legislatura en los últimos 5 años solamente: Nelson del Valle Colón, exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), culpable de soborno y extorsión. María Milagros Charbonier, exrepresentante del PNP, culpable por hurto de fondos públicos, fraude, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Néstor A. Alonso Vega, exrepresentante por el PNP, culpable de corrupción. Félix Delgado, exalcalde de Cataño del PNP, culpable de conspiración, soborno y de un patrón de fraude. Ángel Pérez, exalcalde del PNP encontrado culpable por conspiración, soborno y extorsión. Luis Cruz Hernández, exalcalde de Trujillo Alto por el Partido Popular Democrático (PPD), culpable por corrupción y soborno. Radamés Benítez, ex vicealcalde del municipio de Trujillo Alto bajo el PPD, culpable de soborno y extorsión. Luis Arroyo Chiques, exalcalde de Aguas Buenas por el PPD, culpable por soborno y extorsión. Eduardo Cintrón Suárez, exalcalde de Guayama por el PPD culpable por recibir comisiones ilegales a cambio de la contratación de una empresa de Oscar Santamaría. Javier García Pérez, exalcalde de Aguas Buenas por el PNP, culpable de soborno y extorsión. Reinaldo Vargas Rodríguez, exalcalde de Humacao por el PNP, culpable por corrupción pública, soborno y extorsión.
Sin contar a Joseph Fuentes, Walter y Eduardo Pierluisi, Oscar Santamaría, Julia Keleher, todos encontrados culpable por corrupción ligada al PNP y PPD. Si contáramos los de los últimos 25, no daría la tinta. No nos podemos engañar. La corrupción gubernamental en Puerto Rico tiene un costo social similar al crimen organizado, extrayendo colectivamente $1,100 millones anuales de la economía. Combatir ambos fenómenos incrementará los recursos disponibles para seguridad y salud, beneficiando a toda la sociedad.
Para superar esta crisis, es crucial que Puerto Rico adopte reformas serias que promuevan la transparencia y rendición de cuentas, reestableciendo la confianza ciudadana y asegurando que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y equitativa. El primer paso: sacar de la dirección del gobierno a las estructuras políticas que han perpetuado este patrón, y elegir como gobernador a un administrador público probado como Javier Jiménez. El 5 de noviembre, atrévete a votar diferente, vota íntegro por Proyecto Dignidad.