Puerto Rico enfrenta una crisis silenciosa que afecta profundamente a nuestras familias. Los adultos mayores, que han dedicado los mejores años de sus vidas a construir nuestro país, ahora dependen del cuidado de sus seres queridos. No quieren ser una carga, pero la realidad es que muchos hijos y nietos, especialmente las mujeres, se han convertido en sus cuidadores sin recibir el apoyo adecuado.
A esto se suma la emigración, que ha dejado a muchos padres en áreas rurales sin la cercanía física de sus hijos para brindarles la ayuda que necesitan.Las mujeres puertorriqueñas llevan una carga desproporcionada. Ellas trabajan, cuidan de sus hijos y, además, asumen la responsabilidad de cuidar a sus padres.
Esta situación no es sostenible. Cuidar de un adulto mayor o de una persona con necesidades especiales es una tarea que requiere dedicación y recursos, algo que no todas las familias tienen. El cuidado informal afecta la salud física, emocional y económica de miles de mujeres en nuestro país.
La crisis de los cuidadores es un problema urgente. Las familias no solo enfrentan los altos costos de vida y la incertidumbre de un sistema eléctrico fallido como el de LUMA, sino que también tienen que lidiar con la búsqueda desesperada de cuidadores formales.
Es inaceptable que los municipios, a pesar de sus esfuerzos, no cuenten con los recursos necesarios para apoyar adecuadamente a estas familias. Por eso, como gobernador, estaré implementando un programa de amas de llave o cuidadores, que beneficiará a 25,000 familias puertorriqueñas. Actualmente, existe un plan piloto de $9 millones anuales, pero mi propuesta es ampliar esa inversión a $225 millones.
Con este programa, las familias recibirán amas de llave que les brindarán apoyo cuatro horas al día, durante cuatro o cinco días a la semana. Así, podremos aliviar la carga que hoy recae principalmente en las mujeres, y garantizar que nuestros adultos mayores reciban el cuidado digno que merecen. Los municipios serán clave en este esfuerzo, ya que serán responsables de canalizar los recursos para que lleguen a las comunidades que más los necesitan.
Este programa no solo beneficiará a las familias, sino que también aliviará la crisis fiscal que enfrentan los municipios. A diferencia de la propuesta de la comisionada residente, Jenniffer González, quien sugiere utilizar fondos públicos para pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mi enfoque está en priorizar a nuestras familias.
Tenemos un superávit de $2,500 millones en Hacienda. Es hora de utilizar esos recursos para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, y no para intereses externos. Yo estoy comprometido con nuestras familias y con nuestros adultos mayores. Juntos podemos lograr un cambio significativo. ¡Juntos, se puede!