Los apagones recurrentes en las pasadas semanas nos siguen demostrando que no hay forma de hacer vida social en Puerto Rico bajo la situación de inestabilidad en que se encuentra nuestro sistema eléctrico. En nuestras escuelas, al igual que en el resto del país, el caos de no tener luz o fluctuaciones de voltaje entre otros, atenta contra el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, así como la estabilidad emocional de toda la comunidad escolar. Desde el inicio de curso no han sido pocas las escuelas que han tenido que cesar labores por la falta de energía eléctrica. Esto a su vez ha afectado el suministro de agua, lo que también ha implicado la perdida de clases ante un cuadro dantesco que se reproduce día a día y que parece no tener fin. En días recientes múltiples escuelas de la región de Bayamón como la Efraín Sánchez Hidalgo en Toa Baja, la Carmen Barroso, la Cacique Agueybana entre otras tuvieron que suspender clases ante una falla provocada por el consorcio privado que, a tres años de impuesta la privatización, no ha dado pie con bola en el manejo del sistema. Todo este tormento se da junto con un Gobernador que, en su necedad y soberbia, se niega a reconocer el fracaso del modelo de privatización de la AEE y mantienen en un viacrucis al pueblo puertorriqueño que ya no aguanta más.
No podemos dejar de lado, que todo esto ocurre en los meses más calurosos del año y que muchos salones en nuestras escuelas, no cuentan con aire acondicionado a pesar de contar con un presupuesto de másde 5 billones de dólares en este año fiscal. Como han dicho varios sectores, la energía eléctrica es un derecho humano y el acceso a ella implica la vida misma para muchas personas en nuestro país. En el caso de la educación pública, atenta contra el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes, la estabilidad que necesita el magisterio y demás personal para hacer sus labores y lo que vemos es que el panorama va a continuar ante el cuadro que prevalece.
Nuestras comunidades escolares llevan años sufriendo los embates de huracanes, terremotos y la pandemia del COVID 19 que tuvo como consecuencia las interrupciones en el año escolar, que sin duda afectaron el aprovechamiento académico del estudiantado. Ahora enfrentamos esta nueva crisis, que ha sido infligida por una administración que se obstina en imponer un modelo que fracaso rotundamente y que mantiene secuestrado al conjunto de la sociedad. Esta situación no solo raya en lo criminal, si no que constituye maltrato psicológico a toda una población que ya no sabe si va a tener luz cuando llegue a su casa, si perdió compra, enseres u simplemente no podrá tener un buen descanso después de un largo día de trabajo. Por más que traten los políticos que metieron a LUMA y ahora se hacen los locos dándole vueltas a la noria con este asunto, el pueblo ya adjudico sobre este tema, LUMA se tiene que ir.
Por el bien del país, hay que dar pasos afirmativos para acabar con la pesadilla de la privatización de la AEE y cancelar el contrato de LUMA y Genera. Entre los primeros pasos que se deben considerar en el corto plazo, esta traer de vuelta al personal con experiencia de la autoridad que esta desperdigado en las distintas agencias, que bien le pueden servir al país y en el transcurso de la transición, tener una discusión de pueblo sobre cómo podemos desarrollar un nuevo modelo de gestión pública en el tema energético, donde saquemos de una vez y por todas la política partidista y el lucro de este asunto vital para todos. Obviamente, esto no podremos hacerlo si ponemos a la cabeza a los mismos que nos metieron en este atolladero. Llegó la hora de pensar y votar distinto.