El presidente del Comité Dominicano Pro Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, anunció que luego de escuchar las propuestas para la comunidad inmigrante en la isla, endosa al candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.
“Escuchadas ya las propuestas del candidato Juan Dalmau, estamos más qué seguros que este plan de gobierno toma en cuenta el aspecto humanitario de los inmigrantes en Puerto Rico”, expresó Rodríguez.
La comunidad dominicana en Puerto Rico asciende a aproximadamente a 350,000 personas incluyendo residentes y personas indocumentadas y, de esta población, un 43% de estas personas vive bajo el nivel de pobreza y tiene “acceso limitado a recursos y beneficios del Estado”.
“La participación en términos electorales de la comunidad dominicana y de todos los inmigrantes en Puerto Rico es indispensable porque también han sufrido, a lo largo de estos 55 años, los abusos, el olvido y el atropello por parte del liderato penepé y popular, de quienes apenas reciben apoyo en términos gubernamentales. En el PIP hemos tenido vínculos históricos con el pueblo dominicano y nos unen lazos de solidaridad, respeto y empatía y en mi programa de Patria Nueva están presentes porque es importante que se les atiendan sus reclamos con mucha dignidad”, expresó Dalmau.
Según se indicó a través de un comunicado de prensa, en el programa de gobierno del PIP, se propone crear la Defensoría de Personas Inmigrantes adscrita a la Unidad de Equidad e Inclusión del Departamento de Derechos Humanos. Además de dotar al Instituto de Estadísticas de los recursos para realizar un estudio de las características demográficas y las fuentes de marginación y rechazo de la comunidad dominicana. Deben reclutarse integrantes de la propia comunidad para facilitar el acercamiento a las personas y así conseguir un número mayor de respuestas.
“La situación de las mujeres es particularmente difícil por la dependencia del trabajo doméstico y la vulnerabilidad ante situaciones de violencia”, expresó Dalmau.
Para atender ese particular el PIP propone fiscalizar la ejecución de las políticas públicas que permiten que las sobrevivientes de violencia de género, con órdenes de protección, puedan estar cobijadas con “vouchers” del Departamento de Vivienda o tener acceso a vivienda pública.