La Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, denunció eventos “discriminatorios, opresivos e incumplimientos de Ley que está sufriendo la sociedad”.
“Denunciamos la falta de comunicación y el incumplimiento de la Ley 22 del 2016 por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA), solapado por la Administración de Vivienda Pública (AVP). En este sentido hemos intentado coordinar una reunión con la Dirección de la AAA. Como es posible que, sin legislación, notificación y de forma arbitraria desde el pasado enero 2021 la AAA haya tenido la audacia de comenzar un sistema programado de aumento en la tarifa de sus servicios. Es importante recordar que desde el 2016 existe una ley que establece los parámetros de costo y consumo para nuestro sector”, indicó la Coalición.
Según los portavoces, “se comenzó a evidenciar por parte de algunos residentes que este plan organizado al cual hacemos referencia pudo haber sido implementado al primer mes de 2021. Este aumento se ve reflejado en lo que en un inicio se le llamo “ajuste al plan fiscal. En sus inicios se registró un aumento de $2.06 a la factura de cada familia; durante un periodo de seis (6) meses lo que supone un ingreso aproximado de $662,582.00 a las arcas de la AAA en estos primeros meses. Comenzando septiembre de este mismo año se aumentan $0.54 al ajuste al plan fiscal por un periodo de once (11) meses; lo que se traduce a un incremento extra aproximado de $318,425.00 para la AAA. Ya para agosto 2022 se evidencia un aumento de $5.84, lo que llama a nuestra atención es el hecho que este nuevo aumento no responde al ajuste al plan fiscal. Quiere decir que durante este periodo de 2022 a 2023 la AAA recibió aproximadamente $3,750,135.00. En el transcurso de agosto 2023 a agosto de 2024 se incrementó a las familias $0.56 que tampoco responden al ajuste al plan fiscal. $360,239.00 fue el aumento aproximado que recibe la AAA por parte del sector de Vivienda Pública. Transcurrido un año hasta agosto de 2024 donde nuevamente se aumentan $0.58, queda evidenciado que la AAA ha recibido aproximadamente $373,104.00. En cuarenta y tres (43) meses la AAA a ingresado por parte del sector de las familias de Vivienda Pública un aproximado de $5,464,485.00 lo que es indicativo de un aumento de 49% de aumento en la factura”.
“A la luz de las recientes decisiones implementadas, es necesario preguntar: ¿Qué medidas concretas está tomando la AVP para abordar la creciente precariedad en la calidad de vida de sus residentes? Estas están totalmente fuera de Ley y abonan a vulnerabilizar aún más a las familias. ¿Cómo planea la AAA y AVP responder a estos innumerables aumentos en la factura, considerando las disposiciones de la Ley 22 del 2016? En el contexto donde la pobreza es una preocupación constante, ¿qué estrategias específicas se están implementando para mantener informado a sus residentes y brindarle herramientas sustentables para desarrollo socioeconómico? ¿De qué manera esta administración o la próxima promueve o impulsará la participación activa de los residentes en la toma de decisiones que impactan su calidad de vida? En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales es la orden del día, ¿qué acciones concretas están tomando los candidatos a la gobernación para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública? Esto toda vez que estamos en año eleccionario y la ciudadanía está exigiendo un cambio. Este cuestionamiento busca abrir un diálogo constructivo y exigir respuestas claras y efectivas que atiendan las necesidades urgentes de nuestra gente”, señalaron en declaraciones escritas.
“Conociendo los eventos previos de disminución de vivienda pública, la falta de mantenimiento en muchos complejos, el aumento en la factura de los servicios esenciales, la resistencia a que las comunidades se organicen y otros eventos; no queremos pensar que esto es parte de un plan preconcebido a los efectos de desaparecer al sector de vivienda pública del país. No queremos partir de la idea que estos aumentos al servicio de acueducto responden a la necesidad de acaparar mayores ingresos de las ayudas federales para la reconstrucción del país, recibida luego de los huracanes del 2017, los terremotos y la pandemia de los pasados años. Nuestro liderato se ha mantenido en constante comunicación para entablar una reunión con las agencias pertinentes; sin embargo, hemos recurrido a este recurso para hacer la denuncia pública y exigir se respeten nuestros derechos. Le hacemos un llamado a los candidatos a la gobernación a que tomen postura y se expresen sobre esta situación. Estaremos vigilantes y también tomaremos acción en las urnas este próximo 5 de noviembre de 2024″, puntualizaron.