SANTO DOMINGO (AP) — República Dominicana ha deportado a casi 11.000 haitianos en la última semana mientras el vecino país lucha por manejar esa afluencia en medio del asedio de la pobreza y la violencia de las pandillas.
La semana pasada el gobierno dominicano anunció que deportaría hasta 10.000 haitianos por semana por un “exceso” de inmigrantes. El anuncio llevó a los funcionarios haitianos a solicitar una reunión de emergencia en la Organización de los Estados Americanos (OEA) prevista para el martes por la tarde.
“La deportación forzada y masiva de nuestros compatriotas haitianos desde República Dominicana es una violación de los principios fundamentales de la dignidad humana”, escribió el martes el primer ministro haitiano Garry Conille en la red social X, antes Twitter.
Por su parte, los activistas dicen que las deportaciones están poniendo en riesgo la vida de miles de personas mientras Haití lucha por contener la violencia desenfrenada de las pandillas y salir de una pobreza cada vez más profunda.
Una misión respaldada por Naciones Unidas encabezada por la policía de Kenia que comenzó a principios de este año sufre falta de fondos y personal.
Dominique Dupuy, ministra de Asuntos Exteriores de Haití, condenó lo que llamó “actos deshumanizantes”.
“Las brutales escenas de redadas y deportaciones que estamos presenciando son una afrenta a la dignidad humana”, escribió la víspera en X.
Las deportaciones masivas también han provocado un aumento en la cantidad de niños abandonados en República Dominicana, advirtió el activista William Charpentier, coordinador de la Mesa para las Migraciones.
“Se llevan a sus padres, o a uno de los padres, y dejan los niños que incluso están en la escuela”, dijo a The Associated Press.
Charpentier calificó las deportaciones masivas como “una especie de persecución en contra de las personas de tez negra, en contra de todos los que ellos presumen que son haitianos” y dijo que incluso personas con documentos legales están siendo detenidas y deportadas.
También han aumentado las quejas sobre presuntas extorsiones.
Ocicle Batista, una migrante haitiana de 45 años que vende aguacates en Santo Domingo, acusó a los soldados de exigirles a los inmigrantes entre 230 y 330 dólares para evitar la deportación “aun teniendo los papeles en la mano ”.
“Uno viene a trabajar”, dijo a AP la mujer que lleva más de 20 años en República Dominicana.
Radhafil Rodríguez, asesor de la misión de la OEA en República Dominicana, dijo que el gobierno rechazó las acusaciones de malos tratos y que tomaría cualquier denuncia “muy en serio” y la investigaría.
Rodríguez añadió que la crisis de Haití está afectando desproporcionadamente a República Dominicana, afirmando que los inmigrantes están saturando escuelas, clínicas y hospitales.
Aseguró además que su país se solidariza con el pueblo de Haití durante su crisis, pero agregó que nadie puede esperar que detenga las deportaciones.
El director de Migración dominicano, Luis Rafael Lee Ballester, dijo que se están respetando los derechos humanos y que hay un uso proporcional de la fuerza en los operativos de arresto de inmigrantes y aclaró que quienes tenían documentos y fueron detenidos no tenían una “identificación fiable” que justificara su presencia en el país.
Del 1 al 7 de octubre 7.591 personas fueron deportadas y 3.323 repatriadas, según el gobierno, todos ellos haitianos.