WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden avanza en una nueva vía para cancelar los créditos escolares de los estadounidenses que enfrenten altos costos médicos, de atención infantil u otro tipo de dificultades financieras que les impidan liquidar sus préstamos.
La norma propuesta, que fue anunciada el viernes, es el tercer intento de Biden de cancelar los créditos escolares el tiempo que enfrenta repetidas objeciones legales por parte de los estados gobernador por republicanos. Su primer plan fue rechazado el año pasado por la Corte Suprema, y el segundo fue suspendido temporalmente por un juez federal de Missouri.
La nueva norma tendrá que superar varios obstáculos antes de ser oficial, y no se sabe si puede ser aprobada antes que Biden deje el cargo en tres meses. Al igual que otras propuestas de condonación de créditos del mandatario, esta podría enfrentar objeciones en los tribunales por parte de conservadores que afirman que dichas propuestas son inconstitucionales e injustas.
Si se logra, la nueva norma permitirá que el Departamento de Educación cancele proactivamente los créditos de los prestatarios si determina que tienen una posibilidad de 80% de recurrir al impago de sus deudas en un plazo de dos años. Otras personas podrían solicitar una revisión para determinar si satisfacen los criterios de cancelación.
Su objetivo es ayudar a los prestatarios que, probablemente, nunca podrán pagar sus préstamos. El Departamento de Educación calcula que unos 8 millones de estadounidenses podrían ser acreedores a la cancelación.
“Durante demasiado tiempo, nuestro deteriorado sistema de créditos estudiantiles ha hecho que sea demasiado difícil que los prestatarios, que enfrentan dificultades desgarradoras y financieramente devastadoras, accedan a la ayuda, y eso no está bien”, dijo el secretario de Educación, Miguel Cardona.
Entre las personas elegibles están aquellas con gastos médicos inesperados, altos costos de atención infantil o a familiares con enfermedades crónicas y quienes enfrentan dificultades financieras derivadas de desastres naturales, señaló el Departamento de Educación.
La congresista republicana Virginia Foxx, presidenta de la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, lo calificó como un “plan fingido”, diseñada para lisonjear a los votantes antes de la elección presidencial.
“El más reciente intento descarado de sobornar a los votantes es la huella de un gobierno desesperado que ha malgastado la oportunidad de hacer una reforma significativa y duradera en relación con los costos universitarios”, dijo Foxx en un comunicado.
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