La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón dijo el lunes que antes de culminar su gestión de confianza en la agencia, tomará la decisión sobre los 8 empleados que atendieron el caso de Hermes Ávila Vázquez.
“Es una responsabilidad mía y la voy a tomar yo”, dijo Escobar Pabón a preguntas de Jorge Colberg Toro, durante las vistas del Comité de Transición.
En cuanto a Physician Correctional, sostuvo que no va a cancelar el contrato, aunque espera por la determinación de la Junta de Licenciamiento sobre los médicos que atendieron el proceso de excarcelación.
Hasta el momento, solamente se ha destituido a la enfermera que tenía una relación sentimental con Ávila Vázquez.
En el turno de preguntas de Colberg Toro, se le llamó la atención al hecho de que las estadísticas que supone publique la agencia sobre distintos perfiles no está actualizada, en algunos casos desde el 2019.
La funcionaria insistió en que cuenta con la información actualizada o se está en el proceso de actualizar.
“Yo me comprometo en buscarlos con el área de estadísticas del Departamento toda la información y me sorprende que no estén los datos estadísticos que nosotros levantamos, porque si hay una oficina responsable, aparte de todas las demás del Departamento y que cumple cabalmente con la entrada de la información con el Instituto de Estadísticas es el área de estadísticas e información de la agencia”, sostuvo la funcionaria.
En el turno de preguntas del senador Juan Zaragoza, se le preguntó por el uso de fondos federales no recurrentes, para pagos recurrentes. La funcionaria negó que utilizara fondos federales para pagos recurrentes, pero luego admitió que con 24 millones de dólares de fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) se pagan los aumentos de 500 dólares a los oficiales correccionales. Explicó que se supone una vez acaben los fondos el 31 de diciembre de este año, el Gobierno de Puerto Rico tendrá que asignar en el presupuesto para cumplir con el pago.
Ávila Vázquez, que se declaró culpable por el feminicidio en el mes de abril de Ivette Joan Meléndez Vega de 56 años en Manatí, había salido en libertad por pase en abril de 2023, por la Ley 25 de 1992. El pase se le concedió porque los médicos que lo evaluaron concluyeron que el confinado tenía las condiciones de salud limitantes.