El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Hiram Torres Montalvo, anunció este lunes que radicarán una querella contra la administración municipal de Dorado por el supuesto uso ilegal de guaguas municipales para trasladar a ciudadanos al Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) con el propósito de que estos trabajen en el proceso de escrutinio del distrito representativo número 11 (Dorado, Vega Baja y Vega Alta).
El referido será al Departamento de Justicia (DJ) y se alegará que la administración municipal de Dorado, encabezada por su alcalde, Carlos López Rivera, violentó el Artículo 10.002 de la Ley Núm. 222-2011, mejor conocida como la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico” que prohíbe el uso de fondos públicos, incluyendo propiedad, para actividades políticas.
Igualmente, el Artículo VI, Sección 9 de la Constitución de Puerto Rico que dispone lo siguiente: “Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del estado y, en todo caso, por autoridad de ley”.
“En nuestro poder tenemos una serie de fotografías que claramente ilustran cómo un grupo de guaguas rotuladas con el logo oficial del Municipio de Dorado, una hasta con la rotulación de la Legislatura Municipal, se desmontaron sobre una docena de ciudadanos quienes procedieron a entrar al Centro de Operaciones de la CEE en Hato Rey para trabajar en el proceso de escrutinio el día 23 de diciembre en horas de la mañana, en busca de favorecer al candidato a representante, Rubén Soto. Esto es una crasa violación de ley”, explicó el secretario general de la Palma.
“Tenemos número de tablilla, la MU-22262, al igual que datos concretos sobre el uso ilegal de esas guaguas. La ley es clara: no se pueden usar recursos pagados con fondos públicos para asuntos político partidistas. Estamos convencidos que el Departamento de Justicia acogerá nuestra solicitud de investigación ante la clara y contundente evidencia de violación de la ley. No se pueden usar vehículos públicos para llevar personas a trabajar en el escrutinio general y eso fue lo que el alcalde de Dorado hizo”, añadió Torres Montalvo.