“El gobierno post-PROMESA ya comenzó”, así lo aseguró el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, durante su comparecencia a las vistas convocadas por el Comité de Transición del gobierno entrante, según lo establece la Ley Núm. 197 2002, conocida como “Ley del Proceso de Transición del Gobierno”.
Según indicó el director de la OGP, el problema nunca han sido los fondos, sino la gerencia y la administración de los mismos.
“Un presupuesto anual equilibrado es esencial, pero la responsabilidad fiscal va más allá. Requiere políticas, procedimientos, datos y métricas sólidas para contar con proyecciones presupuestarias precisas, gestión de riesgos efectiva y toma de decisiones informadas. Por eso, lo primero que hicimos en la OGP fue priorizar y conectar los procesos para asegurar que el gobierno continuara su operación. Priorizamos, asegurando la continuidad de los servicios, mientras garantizábamos los avances hacia un presupuesto equilibrado, para lograr la reestructuración de la quiebra, hasta obtener un plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF)”, precisó.
A esos fines, la OGP desarrolló e implementó, de manera simultánea, varias iniciativas, entre estas; la Reforma del Servicio Público (CSR, por sus siglas en inglés), que trajo como resultado la creación del Centro de Excelencia Gubernamental, la Oficina de Servicios y Planificación de Recursos Federales, ‘Smart Island’ y la Reforma Municipal.
Asimismo, se implementaron otros esfuerzos interagenciales como la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR), junto al Departamento de Educación (DE), al igual que el Proyecto de Reorganización, Inventario y Disposición (PRID), junto a la Autoridad de Transporte Integrado y la Autoridad de Carreteras y Transporte (ATI).
El CSR se basa en cuatro componentes estratégicos: la reestructuración organizativa, la revisión de compensaciones, la implementación de nuevas políticas de reclutamiento y un marco de evaluación enfocado en el desarrollo profesional.
Esta iniciativa se ha implementado en colaboración con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y la JSAF, asegurando una alineación con los objetivos de fiscalización y mejora continua. Además, se ha concretado la participación en un proyecto nacional junto a la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés), lo que supuestamente ha facilitado el intercambio de mejores prácticas en el sector público.
“La OGP juega un papel crucial en la reingeniería institucional, implementando prácticas de administración modernas y adaptando su estructura a los cambios derivados del CSR. Se han establecido posiciones estratégicas que aseguran una transición ordenada hacia el gobierno post-PROMESA, enfocándose en la identificación y mitigación de riesgos, el mejoramiento de procesos y el alineamiento operativo. Estos esfuerzos han mejorado la eficiencia gubernamental y facilitado la adopción de nuevas prácticas. Además, se ha fortalecido la transparencia y la rendición de cuentas, mejorando la percepción pública del gobierno. La reforma ha construido un servicio público más dinámico y adaptado a las necesidades de la ciudadanía, un trabajo que se continuará desarrollando para asegurar su sostenibilidad y evolución”, señaló Blanco.
Asimismo, se implementó en la OGP el Centro de Excelencia Gubernamental para impulsar una gobernanza basada en datos, específicamente en tres áreas clave; análisis de políticas públicas, mejora organizacional y ciencia de datos.
“Lo que buscamos es asegurar el cumplimiento a largo plazo y la veracidad de los datos públicos. La meta es conectar instituciones con eficiencia y costos efectivos, promoviendo una gobernanza basada en datos que transforme a Puerto Rico”, manifestó el funcionario.
Otro esfuerzo de la OGP fue la Oficina de Servicios y Planificación de Recursos Federales. Con la implementación de esta oficina, se ofrece visibilidad de los fondos federales asignados a Puerto Rico, reduciendo el riesgo de devolución de fondos no utilizados y garantizando la continuidad de servicios esenciales al pueblo.
“Este proyecto es importante porque nos ayuda a cumplir con el Plan de Trabajo de la Oficina de Servicios y Planificación de Manejo de Subvenciones (FSRPO). Mientras se vaya avanzando, la FSRPO continuará mejorando la gestión de subvenciones federales y apoyando a los programas públicos de Puerto Rico, asegurando, a su vez, el uso efectivo y el cumplimiento en la administración de los recursos federales”, sostuvo.
De acuerdo al director de la OGP, uno de los proyectos sociales más importantes es ‘Smart Island’ que promueve la tecnología como herramienta para el desarrollo de ‘ciudades inteligentes’.
“La conectividad para todas las estructuras residenciales, comerciales y gubernamentales en la Isla es fundamental para que cada residente de Puerto Rico tenga acceso a internet de alta velocidad a través de la infraestructura adecuada. Desde la perspectiva del sector público, ‘Smart Island’ mejorará los servicios gubernamentales en línea y facilitará el acceso de los ciudadanos, mejorando su experiencia de servicio”, precisó.
En cuanto a las iniciativas interagenciales, Blanco fue categórico al mencionar la Reforma Municipal, un esfuerzo que busca mejorar la colaboración entre el Estado y los municipios para generar una gestión fiscal eficiente. Con esta Reforma, aseguró, se mejorará la coordinación de los proyectos de inversión y la distribución de responsabilidad para reducir el riesgo financiero, así como optimizar los recursos, según lo promueve el Plan Fiscal”. La Oficina de Gerencia Municipal continuará fortaleciendo la autonomía y eficiencia de los municipios mediante la implementación de tecnologías y reformas que modernicen operaciones y aseguren un uso efectivo de los recursos.
“El Proyecto de Reorganización, Inventario y Disposición (PRID), fue y seguirá siendo un proyecto clave para cumplir con PROMESA. Este nuevo modelo no sólo asegura una gestión responsable de las propiedades del Gobierno de Puerto Rico, sino que también proporciona una visibilidad interagencial completa, garantizando un uso eficiente y estratégico de los bienes en beneficio de todos los ciudadanos. Esto nos permite dos cosas; avanzar de manera coordinada para cumplir con el Plan Fiscal y fortalecer los servicios gubernamentales”, detalló el director.
Este esfuerzo, alineado con el Plan Fiscal, maximiza el uso de los inmuebles públicos y habilita a cada agencia para gestionar y disponer de sus propiedades de manera efectiva a través del Sistema Único de Bienes Inmuebles (SUBI). El proyecto SUBI no solo centraliza la información, sino que también integra mejores prácticas de planificación financiera, facilitando a las agencias filtrar y revisar propiedades según su uso y estado.
Antes de concluir su exposición, Blanco afirmó que “en la OGP redefinimos la gobernanza de Puerto Rico post-PROMESA. Con el desarrollo y la implementación de estas nuevas prácticas de gerencia y responsabilidad fiscal le demostramos a la Junta que estamos en la ruta correcta hacia un gobierno post-PROMESA. Ahora lo que resta es compromiso y voluntad de la administración entrante para que dé continuidad a las iniciativas ya encaminadas, de manera que la Isla continúe cumpliendo para que la Junta de Administración y Supervisión Financiera, se vaya finalmente de Puerto Rico”.