La designada secretaria de Justicia, Janet Parra, afirmó que los asuntos de moral los discute en la iglesia, pero que como jurista está comprometida a hacer cumplir el estado de derecho vigente.
Cuando hoy inicien los trabajos de la nueva Asamblea Legislativa, Parra comenzará sus gestiones en búsqueda de ser confirmada por el Senado como parte del proceso constitucional de consejo y consentimiento. Previo al ciclo de reuniones con los legisladores, la exfiscal de la agencia que ahora dirige dialogó con Metro Puerto Rico. La abogada respondió preguntas sobre los casos de alto perfil que llevó a los tribunales, sobre el derecho al aborto en Puerto Rico, la orden administrativa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre La Parguera, los feminicidios y las armas.
Esta semana inicia la nueva Asamblea Legislativa y se activa la facultad constitucional del consejo y consentimiento del Senado… ¿Cómo se prepara usted para este proceso?
Comienza ahora un proceso de visitar a los senadores, primero para que me conozcan, escuchen mis ideas y aclararles cualquier duda que ellos puedan tener o preocupación. De modo tal, que, a la hora de emitir su juicio sobre mi persona, pues estén lo más informados posible.
¿Ya ha tenido algún tipo de comunicación formal o informal con el liderato senatorial?
No he tenido por el momento comunicación que no sea saludos, actividades, etcétera. Pero, hablar del proceso de evaluación en persona, pues no, no he tenido esa comunicación todavía.
Cuando usted renunció como fiscal del Departamento Justicia habló de “piedras de tropiezo” en el caso de Macho Camacho… ¿Qué hará usted como secretaria para eliminar esas piedras?
Una de las mayores críticas iba dirigida a que entendía que el secretario estaba enajenado de lo que estaba pasando en el Departamento. Pues una de las cosas que yo quiero hacer es precisamente que mis compañeros sientan que tienen las puertas abiertas, que pueden venir a hablar conmigo, que pueden venir a discutir conmigo, que no necesitan intermediarios para dejar saber situaciones que estén pasando dentro del Departamento.
Usted fue fiscal en el caso de Pablo Casellas, donde incluso acudió al FBI ante inacción del Secretario de Justicia por lo que usted entendía era una conducta impropia del único jurado en contra de la culpabilidad, en este caso finalmente se transó un acuerdo… ¿Usted como secretaria hubiese aprobado ese acuerdo?
No tengo los parámetros que utilizaron los compañeros ni las circunstancias. Cuando yo dejé el caso, nosotros teníamos gran parte de los testigos. No sé si finalmente se consiguieron todos los testigos y si la prueba estaba completa. Nosotros habíamos hecho gran parte del trabajo, pero todavía faltaba realizar una parte. Así que no sé en qué circunstancias se encontraban los fiscales en ese momento, si tenían la prueba completa o no. No me atrevo entonces a emitir un juicio. Yo puedo decir que si hubiesen tenido la prueba completa, que yo no hubiese hecho un acuerdo como ese.
Se ha presentado un proyecto de ley sobre libertad religiosa, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico plantea que se abrirá la puerta al discrimen y que la libertad religiosa ya se reconoce en la constitución. ¿Cómo lo ve usted?
No he tenido la oportunidad de ver el proyecto de ley y no he tenido la oportunidad de reunirme con los abogados del área de Legislación, aunque sí fui a visitarlos este pasado viernes para ponerme precisamente a su disposición. Muchos de esos abogados fueron abogados conmigo. Yo empecé en Justicia como directora de opinión en el ‘99 en el área de opiniones y legislación. Todavía hay abogados que empezaron conmigo. Tengo que reunirme con ellos, ver el proyecto y discutirlo con ellos. Pero no he tenido la oportunidad de ver el proyecto, así que emitir un juicio sobre algo que no he visto, pues no me parece conveniente, pero sí tengo el propósito de sentarme a discutirlo con ellos.
Pero cuando acuda a la Legislatura mañana (hoy), probablemente le preguntarán su posición sobre el concepto de libertad religiosa. ¿Tiene una opinión sobre eso?
Lo que pasa es que en el día de mañana (hoy) comienza la sesión. Hay una sesión inaugural que obviamente pretendemos asistir, pero yo no tengo pautado reuniones todavía con ninguno de los senadores para el día de mañana (hoy), sería a partir del martes que yo comenzaría a tener reuniones, así que no creo que mañana (hoy) vayamos a discutir este asunto con ninguno de los senadores. Y le diría lo mismo que le estoy diciendo, yo tengo que mirar primero que todo el proyecto que se ha presentado para poder tener entonces una opinión sobre el mismo.
En el 2023, usted expresó “Entiendo que las mujeres tienen el derecho a decidir”, al hablar sobre el proyecto 495 que buscaba regular esta práctica del aborto en menores de 18 años… ¿Cree que esto pueda traerle tropiezos en su confirmación ante un Senado con mayoría conservadora?
A mí me gustaría que las personas cuando me vayan a citar no me citen fuera de contexto. Ese proyecto iba dirigido a añadir a las a las menores abusadas sexualmente embarazadas un procedimiento adicional al que pueda tener durante un proceso de investigación de un abuso sexual. En ese proyecto se establecía inicialmente que las menores tenían que ir ante un juez para probar su capacidad y solicitarle al juez una determinación, una orden para poder abortar. Yo en el 2023 sí hice —que todavía está en mis redes y ahí lo dejé y gracias a Dios que está ahí, porque ahí está mi postura— hice todas las críticas. En mayo del 2023, yo hice ese vídeo con todas las críticas que hacía a ese proyecto. Cómo este proyecto lo que hacía era revictimizar a las víctimas de agresión sexual, cómo en este proyecto lo que hacía era añadirles pasos a las víctimas de agresión sexual niñas, porque obviamente a los niños no se le imponía ese paso adicional. Cómo ese proyecto no había tomado en consideración a las personas que trabajan con abuso sexual como fiscales especializados, agentes especializados y sobre todo a la doctora Linda Lara, que es una eminencia en todo lo relacionado a abuso sexual y que dirige la Clínica de Salud de Justicia. Basado en eso, en que no se habían tomado en consideración ninguna de esas cosas y que no se habían entrevistado víctimas de abuso sexual, yo hago una crítica al proyecto y yo dejo muy en claro que yo no creo en el aborto, el aborto que se practica una mujer adulta consciente que no decide tener un bebe es aplicable, pero no lo apoyo. Lo que dije fue que cuando se trata de menores o de mujeres víctimas de abuso sexual, se le debe dar a esas personas el derecho a decidir y que ninguna de esas personas tenía por qué cargar con el pecado de otro. Esa fue mi postura. De hecho, en ese video yo dejo claramente establecido que yo soy cristiana. Desde luego que yo soy cristiana y que esa posición mía no es la posición de mi denominación, que son los Discípulos de Cristo, y que yo he discutido con mi pastor eso en varias ocasiones. Yo no le puedo decir a una niña abusada sexualmente que quede embarazada de su papá que ese bebé que carga en el vientre es su hijo y es su hermano, que ese bebé es una bendición. Yo creo que esas víctimas tienen derecho a decidir si quieren o no tener un bebé que es el producto de una agresión sexual. Esa es mi postura. No como se ha dicho por ahí, que yo creo en el aborto, que yo tengo una forma de pensar liberal. No es cierto. Yo hago una excepción con las personas víctima de abuso. De hecho, después de eso, eh, el proyecto se enmendó para establecer una diferencia con las víctimas de abuso.
Pero entonces me dice que cuando el aborto es en mujeres adultas bajo condiciones regulares, en ese caso, usted no cree en el aborto…
Yo no creo en el aborto. A menos que sea un asunto médico o a menos que sea una agresión sexual. Esas mujeres deben tener el derecho a decidir. Y cuando yo hablé de eso en un programa que yo participaba, que era El Poder del Pueblo, se me preguntó si en el estado de derecho actual la mujer tenía derecho a decidir y yo le dije la mujer tiene derecho a decidir y establece. Y establecí claro cuándo se tiene el derecho a decidir y cuándo no.
La interpretación del Departamento de Justicia luego de la revocación del Supremo federal de Roe vs Wade fue que el Artículo 98 del Código Penal de 2012 y el caso Pueblo v. Duarte Mendoza mantenían vigente el derecho al aborto en Puerto Rico… ¿Esa interpretación se mantendrá o se revisará?
Yo la voy a revisar. Pero yo como Secretario de Justicia tengo que poner en vigor la política pública según esté vigente. Los asuntos de moral, esos yo los practico en mi iglesia. En la Iglesia yo predico no al aborto —excepto estas excepciones que le he dicho—, pero como secretaria de Justicia, sea cual sea la política pública, esa es la que yo tengo que poner en vigor. Aunque yo en el ámbito privado no crea en el aborto y predique en mi iglesia contra el aborto. Eso no significa que yo como abogada, como jurista y como secretaria de Justicia, no respete los derechos que están establecidos en ley para las mujeres. Los asuntos de moral yo los discuto en la Iglesia, los asuntos legales yo los voy a respetar.
La senadora Joanne Rodríguez Veve anticipó que este cuatrienio se presentará más legislación para restringir el aborto. Su predecesor fue firme contra las medidas de esta senadora en esa dirección ¿Cuál será su postura sobre el derecho al aborto en Puerto Rico?
Tengo que ver si cumplen con los criterios legales. Como jurista yo tengo que revisar. Si se trata de restricciones dirigidas a las víctimas de abuso sexual, las miraré con mayor detenimiento. Yo fui fiscal de Delitos Sexuales por diez años. Mi experiencia es directamente con víctimas de abuso sexual. Cuando yo te doy el ejemplo de una niña de 12 años que su papá la embarazó es porque yo investigué un caso de una niña de 12 años que su papá la embarazó. Son cosas que yo las he visto de primera mano. La crítica a los proyectos de la senadora Rodríguez Veve ha sido que no toma en cuenta a las personas que trabajan con esos temas y que no toma en cuenta a las víctimas, porque cuando se trata con las víctimas, las perspectivas cambian. Tú me haces esa pregunta hace 30 años atrás, yo hubiese sido igual de categórica, probablemente la senadora en cuanto al aborto. Pero, cuando se trabaja mano a mano con víctimas de abuso sexual y las tienen ahí, frente a frente y ves el dolor frente a frente, hay perspectivas que la experiencia te afecta y que siempre y cuando sean políticas, donde vayan dirigidas a las víctimas de abuso sexual, esas yo las voy a mirar con mayor precaución porque sé de dónde sale. Sé lo que es trabajar con víctimas. En cuanto a cualquier otra legislación que ella haga en cuanto al aborto, pues la miraremos como cualquier otra legislación.
Se ha levantado gran revuelo por la orden administrativa del primer día del Secretario del DRNA sobre La Parguera. Él dijo que eso se discutió en el comité de transición, Jorge Colberg Toro desmintió que se había hablado en el comité, usted estuvo en esa transición ¿Qué se habló de este tema, si algo?
Hubo un asunto del DRNA que no me acuerdo porque yo estuve ausente dos días. Me parece que se discutió algo, pero como no conozco ese issue no recuerdo… sé que se discutió algo de unas ordenes administrativas que estaban pendientes que no se firmaron, pero realmente no sé nada. Sinceramente, no te puedo decir. Nosotros lo que tenemos es Justicia es el caso que hay de tomar la justicia en sus manos, etcétera junto a la esposa de don Eliezer (Molina) y eso es lo único que yo tengo información por el momento.
Ese caso está en los tribunales y sigue su curso…
Está en Mayagüez.
El secretario designado del DRNA dijo que era una orden que venía de la pasada administración, pero informes de prensa señalan que la exsecretaria había pedido una investigación a la división legal de la agencia porque encontró la orden para su firma al reintegrarse de maternidad y que hay correos electrónicos tanto de la secretaria como de la División Legal ¿Justicia podría investigar este asunto?
Bueno, lo que pasa es que nosotros no investigamos asuntos de las de las agencias, a menos que la agencia nos hiciera una consulta a nosotros. Si la agencia nos hubiese hecho la consulta a nosotros, pues yo te puedo decir, sí eso está en la División de Opiniones nuestra, pero la realidad es que como ellos lo hicieron con su propia División Legal, a nosotros no se nos consultó absolutamente nada sobre eso.
El exfiscal federal Osvaldo Carlo Linares dijo que el DRNA no tiene la facultad de otorgar derechos en terrenos de dominio público que violen las normativas federales y advirtió que, aunque la orden administrativa podría evitar acciones locales, no previene que las autoridades federales intervengan si consideran que las construcciones violan regulaciones ambientales o de uso del suelo. ¿Coincide?
Vuelvo y te digo, yo no he tenido el expediente. Conozco básicamente lo que conocen ustedes de este caso. No sé de qué versa la orden administrativa en términos del caso completo que se había radicado, así que yo no te puedo dar ahora mismo una opinión sobre eso porque es que yo no tengo los elementos de juicio para eso.
Los feminicidios terminaron al alza en el 2024, pero la declaración del estado de emergencia no se renovó. La Gobernadora ha dicho que su énfasis en la lucha contra la violencia de género estará en la práctica con acciones coordinadas entre la Procuradora de las Mujeres que nombrará y usted como secretaria de Justicia… ¿Cuál sería su plan de acción para tratar de frenar la violencia contra las mujeres?
Yo creo que lo primero es tener una Procuradora, y con esa procuradora nosotros no vamos a ver una baja en los casos de violencia doméstica y mucho menos en los homicidios si no tenemos una prevención. Si no hacemos programas de prevención. Los fiscales actúan cuando ya hay cometido un delito, pero aun así el Departamento de Justicia debe tener un compromiso con la comunidad de prevenir. Antes se tenía un programa que se llamaba “Valora tu vida” en donde diversas agencias íbamos a las escuelas y dábamos charlas a los a los estudiantes y se impactaron como ciento y pico de escuelas. Ese tipo de programas hay que reanudarlos y mantenerlos porque podemos hacer leyes, penalizar aún más la violencia doméstica, pero si no atacamos la raíz del problema, que es la falta de educación, que es la prevención, evitamos el tener ese problema. Así que los mayores esfuerzos que tenemos que hacer es con la prevención.
Sobre ese punto de la educación, ¿Cuál es su posición sobre la educación con perspectiva de género?
Vuelvo y te repito, yo apenas he comenzado en el Departamento. No me he leído sobre la perspectiva de género porque la realidad es que no era algo que yo utilizaba en mi trabajo como abogada en la práctica privada. Obviamente yo soy una persona, como te dije, conservadora, evangélica, pero a mí me gusta educarme en las cosas. Yo tendría que educarme en ese asunto, ver de qué se trata para yo poder emitir un juicio sobre el asunto en estos momentos. Yo solamente te puedo decir que lo que yo conozco de la perspectiva de género, la realidad es que de la misma manera que decimos que ya hay reconocido un derecho a la libertad de expresión o a la libertad de religión, pues hay una cuestión que se llama la dignidad del ser humano. Pero darte más detalles sobre el asunto, es un asunto que yo todavía no he leído al respecto. No he estudiado, no me he educado sobre eso. Lo digo con toda sinceridad.
El cuatrienio pasado la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras estuvo inoperante… ¿Cómo ve usted ese factor de los programas de desvío en la lucha de la violencia contra la mujer?
Yo fui parte de esa Junta bajo el mandato del gobernador Fortuño que me nombró miembro de esa de esa Junta. Obviamente todos los esfuerzos dirigidos a de alguna manera erradicar el problema que tenemos de violencia doméstica son importantes. Los programas de desvío están encaminados a que esa persona se rehabilite, se busque ayuda y ese es el propósito inicial de la Ley 54. Cuando comencé en el ‘89 era lo que antes se llamaba justicia terapéutica. De ahí nacen los programas de desvíos de violencia doméstica, los desvíos de maltrato de menores, porque lo que se proponía era una rehabilitación de la persona. Pero mientras nosotros no tengamos un programa educativo que desde niños nosotros le enseñemos a nuestros hijos el respeto, vamos a tener que seguir rehabilitando personas porque desde pequeños prevenimos que tengan que convertirse en adultos a los que tengamos que reeducar. Pero yo creo que tenemos que ser un poquito más incisivos, porque a veces hay tantos casos que a veces no los evaluamos bien o no se les da el seguimiento adecuado. Esas cosas tienen que cambiar. Tenemos que ser un poquito más responsables.
Cerca del 90 % de las muertes violentas en Puerto Rico son con armas de fuego. ¿Favorecería mayor flexibilización o restricción al acceso a las armas de fuego legales en Puerto Rico?
Lo que pasa es que la mayoría de los crímenes que se cometen con armas de fuego son con armas ilegales. Aunque mientras yo estuve en Crimen Organizado, se dio un aumento en delincuentes que sacaban la licencia porque no tenían récord delictivo y cumplían con los criterios establecidos en la ley. La realidad es que la mayoría de las armas con las que se comete el delito son armas ilegales y ese tipo de trasiego de armas pues se tiene que atacar de otra manera. El hecho de que haya personas en sus casas que generalmente se arman para proteger su vida, su propiedad y a su familia, pues es un asunto constitucional que en la Constitución Federal se reconoce como un derecho fundamental. Lo que hay que atacar son las armas ilegales que están por ahí.
Pero en la mayoría de los feminicidios, sí hubo armas legales.
Esas personas pasan por un proceso dentro de la policía. Es como tratar de prevenir quién de las personas que ha pasado por el proceso legal de alguna manera va a utilizar esa arma de fuego en algún momento para un uso ilegal. Eso básicamente es imposible poder prevenirlo. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con ciertos aspectos del sistema de información criminal nuestro para que una vez se tenga información de algún arresto, de que alguna persona está siendo investigada, pues tengamos algún tipo de información que ayude a la Policía de Puerto Rico a tomar la determinación sobre si a esa persona se le debe dar o no un arma de fuego. Son esfuerzos que están prácticamente en pañales porque tenemos que verificar que se cumplan con unos criterios que no sean inconstitucionales, que de alguna manera pues estamos privando a alguien de su derecho a protegerse, a tener un arma de fuego. Pero, por otro lado, existe el interés público de que el escrutinio sea bien estricto para estas personas que van a tener armas. Así que debemos tener mucho cuidado de no violentar los derechos de la gente, pero a su vez proteger a las víctimas de violencia doméstica. Así que apenas esta semana yo me reuní con los compañeros de Civil para ver qué información podíamos darle a la Policía, cómo podíamos recopilar esa información para que la Policía al momento de emitir una licencia, pues lo haga informado.