La reciente propuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón para eliminar las metas intermedias de energía renovable ha encendido un debate sobre el futuro energético de Puerto Rico.
El expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, expresó una fuerte oposición a la medida, calificándola como ”una locura”. En entrevista con Metro Puerto Rico, afirmó que la decisión refleja una falta de compromiso por parte del gobierno para garantizar la transformación energética de la isla.
“Eso de decir: ‘las voy a eliminar y voy a llegar al 2050 y voy a lograr el 100% sin ninguna obligación intermedia’ es coger a la gente de tonta”, aseguró.
Figueroa Jaramillo criticó que los constantes cambios en la política energética a lo largo de los años han dejado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin un plan concreto y sostenible.
“Los políticos llevaron a la Autoridad a no tener un plan concreto a largo plazo. Entonces ahora vemos nuevamente a los políticos cambiando la política energética cuando ya hay una establecida”, dijo. Asimismo, aclaró que el incumplimiento de las metas no se debe a una imposibilidad, sino a la falta de acción del gobierno.
“Habían propuestas, no solamente estar sembrando fincas solares. Habían propuestas de usar los techos de las casas, habían estudios de viabilidad”, explicó, añadiendo que la enmienda no busca alternativas reales, sino extender el uso de fuentes de energía contaminantes como el carbón.
La enmienda radicada por la gobernadora busca eliminar los objetivos intermedios establecidos por la Ley 17 de 2019, mejor conocida como la Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico, que fijaba un 40% de generación renovable para 2025 y un 60% para 2040.
Según González Colón, estos objetivos no eran alcanzables y representaban un incremento en los costos energéticos para los consumidores, razón por la cual el plan ahora se enfoca exclusivamente en la meta de lograr un 100% de generación renovable para el año 2050.
En contraste, el ex subdirector ejecutivo de la AEE, Justo González afirmó su apoyo a la decisión de la gobernadora, argumentando que las metas intermedias establecidas por la Ley 17 eran “demasiado ambiciosas” desde el principio.
“Ya esas metas que estaban establecidas no eran alcanzables. Eran demasiado agresivas, y eso fue un tema que se discutió al principio cuando se establecieron”, afirmó.
Para González, concentrarse en el objetivo final del 2050 es un enfoque más realista y eficiente, que permite la implementación de tecnologías como el hidrógeno verde y sistemas híbridos de generación energética.
“La energía renovable llegó para quedarse, y a medida que vaya creciendo la energía renovable, pues va disminuyendo el uso de la energía, yo le llamo la convencional, que es a base de fósiles”, destacó. González, además, subrayó la necesidad de explorar nuevas fuentes de energía como la generación mediante olas marinas y el hidrógeno producido con energías renovables, que podría garantizar una transición energética sostenible más eficaz.
Sin embargo, para Figueroa Jaramillo, esta decisión demuestra una falta de interés real en avanzar hacia la transformación energética, y advirtió que los contratos de generación con empresas privadas podrían atar al país al uso de combustibles fósiles durante décadas.
“A medida que tú vayas construyendo plantas nuevas, vas a estar amarrando al país con compra de energía más allá del 2050. Por lo tanto, no cojas tonto al país que vas a lograr el 100% del 2050″, señaló.
Por su parte, el expresidente de la AEE, Ricardo Ramos, esta decisión era inevitable y necesaria debido a las dificultades técnicas, económicas y logísticas que enfrentaba el cumplimiento de dichas metas.
“La eliminación de las metas intermedias era completamente necesario en tanto y en cuanto es físicamente imposible ya de cumplirla. El proceso de subastas y de contratación de proyectos de energía renovable a gran escala se ha retrasado muchísimo y la participación de los proveedores, o sea, de los desarrolladores, ha sido bastante limitada. Y el precio ha sido más alto de lo que el negociado y la Junta de Supervisión Fiscal originalmente habían pensado. O sea, que todas esas razones han hecho que se elimine, porque para qué tú vas a dejar algo que ya de antemano tú sabes que no vas a poder cumplir”, explicó Ramos.
El expresidente indicó que no se debe a una “falta de compromiso” por parte del gobierno actual, ssino también a limitaciones estructurales y de recursos.
“Humanamente es prácticamente imposible. Tú añades a eso la falta de contratistas, falta de personal diestro que estamos enfrentando porque de esa meta tenemos que arreglar todas las carreteras, está el sistema de transmisión y distribución que hay que arreglarlo desde María para acá. Hay una competencia de recursos y unos recursos limitados que también contribuyen a eso”, señaló.
Además, criticó que las metas intermedias colocaban al Negociado de Energía en una posición restrictiva, imposibilitando la aprobación de decisiones claves para mejorar el sistema eléctrico.
“Un poquito más importante también es que esas metas le ponían una camisa de fuerza al negociado de energía. El negociado de energía es un ente regulador… y ellos tienen por obligación que cumplir con las leyes. Eso llevó, por ejemplo, a situaciones… donde la Autoridad de Energía Eléctrica estaba solicitando unos dineros para unas mejoras a las plantas existentes… porque si no se hacían esas mejoras, iban a haber fallas”, explicó Ramos, añadiendo que esta situación contribuyó a los apagones y problemas en el sistema eléctrico que enfrenta Puerto Rico.
El también director ejecutivo de la Alianza Pro Desarrollo de Energía de Puerto Rico confesó que la meta de 100% de energía renovable para 2050 es un objetivo ambicioso pero alcanzable, siempre que se adopte un enfoque flexible y basado en la ciencia. De hecho, abogó por un proceso técnico y científico que permita tomar decisiones basadas en un Plan Integrado de Recursos.
“El proceso del Plan Integrado de Recursos es un proceso altamente científico… Eso crea, y trata de resolver de la mejor manera posible lo que se llama el trilema, que es que si yo quiero ser bien asequible, o sea barato, pues no voy a ser ni confiable ni sustentable. Si quiero ser bien sustentable, pues no voy a ser confiable ni asequible. Y si quiero ser bien, bien confiable, pues no voy a ser, tú sabes, sustentable ni accesible […] En la Alianza Pro Desarrollo de Energía de Puerto Rico, somos fieles creyentes en la energía renovable. Y de hecho, las recomendaciones que dimos fue que el SAR de Energía se le diera el poder de convocar a todos aquellos que participaron de estos procesos de contratación de energía renovable a gran escala que no fueron seleccionados, y se sienten a tratar de subsanar esas diferencias. Porque si algunos lo lograron y pudieron firmar el contrato, yo entiendo que todos deberían poder lograrlo”, concluyó Ramos.
Otra enmienda radicada por la gobernadora incluye medidas para aumentar las multas y la fiscalización del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Se trata de la enmienda al Artículo 6.36 de la Ley 57-2014, conocida como “Ley de Transformación y Alivio Energético” para aumentar las multas que puede imponer El NEPR y facilitar el cobro de las mismas. El fin es darle al NEPR mayor autoridad fiscalizadora sobre sus regulados, empoderando esa entidad a imponer sanciones verdaderamente punitivas.