WASHINGTON (AP) — La nueva cúpula del Departamento de Justicia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el viernes una orden para restringir los procesamientos contra personas acusadas de bloquear instalaciones de derechos reproductivos, y calificó los casos como un ejemplo de instrumentalización del sistema judicial.
A partir de ahora, las acciones judiciales y civiles en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, o “Ley FACE”, sólo se permitirán en “circunstancias extraordinarias” o en casos que presenten “factores agravantes significativos”, dijo el jefe de despacho del secretario de Justicia, Chad Mizelle, en un memorando enviado al jefe de la División de Derechos Civiles del departamento.
Mizelle también ordenó sobreseer de manera inmediata tres casos de la Ley FACE relacionados con bloqueos de clínicas en 2021 en Tennessee, Pensilvania y Ohio.
El memorando señala un marcado cambio de dirección del Departamento de Justicia, que durante el gobierno anterior presentó casos que involucraban a docenas de acusados de violar la ley. La ley prohíbe obstruir físicamente o usar la amenaza de fuerza para intimidar o interferir con una persona que busca servicios de salud reproductiva, así como dañar la propiedad en clínicas de aborto y otros centros de salud reproductiva.
El anuncio se hizo horas después de que Trump prometiera apoyar a decenas de miles de manifestantes antiaborto en la Marcha por la Vida del viernes. “Volveremos a estar orgullosamente por las familias y por la vida”, dijo en un discurso pregrabado. Un día antes, Trump indultó a varios activistas antiaborto condenados por bloquear entradas de clínicas de aborto en violación de la Ley FACE.
“El presidente Donald Trump hizo campaña con la promesa de poner fin a la instrumentalización del gobierno federal y recientemente ha ordenado a todos los departamentos y agencias federales que identifiquen y corrijan la instrumentalización de la aplicación de la ley ocurrida en el pasado”, escribió Mizelle en el memorando obtenido por The Associated Press.
“Para muchos estadounidenses, las acusaciones y acciones civiles bajo la Ley de Acceso Libre a las Entradas de Clínicas (“Ley FACE”) han sido el ejemplo prototípico de esta instrumentalización. Y con buena razón”, escribió.
Mizelle, que fue contratado como jefe de despacho de la secretaria de Justicia elegida por Trump, Pam Bondi, aseveró que “más de 100 centros de crisis de embarazo, organizaciones antiabortistas e iglesias fueron atacados inmediatamente después” de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el fallo del caso Roe vs. Wade. Sin embargo, casi todos los procesamientos en virtud de la Ley FACE han sido contra manifestantes antiabortistas, escribió.
“Eso no es imparcialidad en la administración de justicia”, escribió.
El vicepresidente JD Vance, quien habló ante la multitud reunida en la Marcha por la Vida, celebró los indultos para los acusados de la Ley FACE y llamó a Trump “el presidente estadounidense más antiabortista de nuestras vidas”.
Los defensores del derecho al aborto criticaron los indultos de Trump a aquellos condenados por violar la ley, que fue aprobada en 1994 durante un periodo en el que las protestas y bloqueos de clínicas estaban en aumento, al igual que la violencia contra los proveedores de abortos, como el asesinato del doctor David Gunn.
“Ni siquiera una semana después de su presidencia, Donald Trump ha hecho caso omiso de la ley y ha dado luz verde a la violencia contra los proveedores de abortos, todo a expensas de las personas que desean vivir en paz y ejercer con seguridad el derecho a controlar sus propios cuerpos y su salud”, dijo el jueves Krista Noah, directora nacional de seguridad de afiliados y planificación de respuesta de Planned Parenthood Federation of America.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.