Un grupo de manifestantes hicieron acto de presencia el sábado, para protestar en contra de la controversial medida radicada por la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, en relación a las residencias ubicadas en la zona de La Parguera en el municipio de Lajas, donde sus suegros tienen propiedades.
A través de una cuenta en representación del senador Eliezer Molina, en la red social de X, se puede observar a los manifestantes cantando una canción de protesta sobre el área que según expertos, se encuentra en peligro ambiental.
“La gente va a recuperar La Parguera, porque solo el pueblo salva al pueblo”, acompaña al video una cita oficial de Molina sobre la situación.
Senador Eliezer Molina:
La gente va a recuperar La Parguera, porque solo el pueblo salva al pueblo ✍🏽🔥🐢🇵🇷 pic.twitter.com/PVVcUQzaQP
— Eliezer Molina (Senador del Pueblo) (@Senador_Eliezer) January 25, 2025
De acuerdo con un comunicado enviado por La Fortaleza, la medida radicada por González Colón busca establecer el cobro por el uso de terrenos y aguas de dominio público para “beneficio del medio ambiente y la comunidad de La Parguera”.
“La medida busca armonizar la existencia de estas estructuras con la conservación del medio ambiente, a la vez que establece el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público, asignando el producto de dichas rentas para beneficio del medio ambiente y la comunidad de La Parguera”, lee la comunicación.
Además, se asegura que la medida “busca eliminar el limbo jurídico sobre las estructuras y residencias existentes en La Parguera, armonizándolas con la conservación del medio ambiente”.
En la medida, se indica que luego de 60 días de se convertida en Ley, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ordene a los propietarios, que presenten certificaciones juramentadas por un ingeniero o agrimensor sobre la huella existente de las residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero en terrenos de dominio público y las aguas del poblado de La Parguera.
Del mismo modo, ordena a la agencia gubernamental a otorgar licencias para el uso de la superficie por 40 años y cobrar cánones por el uso de la superficie a las estructuras, residencias y muelles en terrenos de dominio público.
La medida enviada por la primera mandataria surge en medio de la controversia generada por la orden administrativa firmada por el secretario designado del DRNA, Waldemar Quiles, en tan solo su primer día en la posición y que entre otras cosas, buscar el archivo de los casos relacionados a las residencias en La Parguera, incluyendo las propiedades de los suegros de González Colón.
¿Qué dicen los expertos?
La medida presentada por la gobernadora Jenniffer González Colón, que busca legalizar las casetas en terrenos y aguas de dominio público en La Parguera, ha generado diversas opiniones en torno a su impacto ambiental y administrativo.
Según el gobierno, los ingresos generados por el cobro del uso de la superficie se destinarían al beneficio del medio ambiente y la comunidad local. Sin embargo, expertos señalan desafíos en la implementación del plan y posibles consecuencias ambientales.
El Dr. Ruperto Chaparro y el Dr. René Esteves, especialistas en manejo ambiental, plantearon reservas sobre la propuesta. Según Esteves, aunque la construcción inicial de las casetas impactó negativamente al ecosistema del manglar, el sistema ha alcanzado una nueva estabilidad tras décadas de adaptación. Remover las estructuras ahora, dijo, podría causar un daño mayor y tardar años en recuperarse.
“El costo ambiental de sacar las casetas puede superar los beneficios esperados, por lo que es crucial evaluar cuidadosamente el costo-beneficio”, afirmó.
Sin embargo, recalcó que arreglar, o expandir las casetas de la zona pueden crear el mismo tipo de impacto que sucedió una vez fueron construidas.
Chaparro, quien es Director del Programa Sea Grant en Puerto Rico, mencionó el impacto ambiental relacionado con el uso del salitral, que actualmente es empleado como área de estacionamiento en La Parguera. Señaló que este espacio ha sido rellenado y utilizado por vehículos, lo cual genera efectos negativos en el medio ambiente. Además, destacó que se han colocado zafacones y otras infraestructuras relacionadas con las casetas, lo que también contribuye al impacto negativo en la zona.
Además, destacó que cualquier renta aplicada a las casetas debe ser proporcional al valor de estas, que alcanza hasta $600,000 por estructura, y enfatizó la importancia de garantizar que los fondos se reinviertán en la conservación del área. “Esos ingresos no deben ir a Hacienda o a la Junta de Control Fiscal, sino directamente al manejo de la reserva”, subrayó.
Chaparro propuso que el manejo de los fondos se realice a través de una organización coordinada con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, asegurando un enfoque sostenible y transparente.
Esteves destacó que la crisis económica del gobierno ha dejado sin recursos a áreas costeras y reservas marinas de alto valor ecológico. “La discusión debe centrarse en cuánto se cobrará por las casetas y en garantizar que los fondos beneficien directamente a estas áreas olvidadas”, afirmó.