En los pasados días, el magistrado federal Marshall Morgan le denegó la solicitud de fianza a Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como C-Dobleta, por su supuesta vinculación en el asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez.
Según su abogado, Edwin Prado, en la primera vista de fianza pudo evidenciar que el exponente urbano no era un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. Sin embargo, la Fiscalía hizo una “oferta de prueba” que alegadamente evidencia que Isaac Sánchez es una amenza para la sociedad, lo que evitó su salida de prisión.
El licenciado además puntualizó que su cliente está siendo juzgado por ser natural del complejo de vivienda pública Sabana Abajo, ubicado en Carolina, donde los sicarios dieron muerte al agente en marzo de 2024.
“Primero le sometieron un caso frívolo, donde un juez en vista preliminar dijo que no había ni causa para juicio. Yo estoy 100 por ciento seguro que la única razón por la que está allí es su vínculo (al residencial) Sabana Abajo, donde vivió (toda su vida)”, expresó Prado en entrevista con el programa televisivo “Lo Sé Todo” (Wapa Television).
“También sus líricas porque siempre traen las líricas que canta y sus videos. Hasta en el indicment hablan de eso. Aquí estamos criminalizando la primera enmienda (de la Constitución de Estados Unidos), la expresión de un artista”, agregó.
Según desprende de la investigación del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), a eso de las 4:28 de la madruga de Viernes Santo, Ramos Vélez, de 35 años, se dirigía a su hogar después prestar servicios a la Uniformada, cuando vio cómo unos gatilleros a bordo de tres motoras y un vehículo todoterreno (four track) disparaban contra otro auto en la avenida Baldorioty de Castro, en San Juan.
Posteriormente, el agente se dispuso a seguirlos y, al llegar a las inmediaciones del caserío carolinense, lo ultimaron a balazos en el área del rostro y la cabeza. Acto seguido, lo despojaron de su arma de reglamento y su radio portátil de comunicación.
El caso podría exponer al cantante urbano y los demás imputados a la pena de muerte.
El único caso que casi culmina con la pena de muerte en Puerto Rico fue el de Alexis Candelario, acusado por la Masacre de la Tómbola en 2009 en Toa Baja. Candelario no fue condenado a la pena de muerte porque un solo miembro del jurado votó en contra.
A nivel federal, debe existir unanimidad en los miembros del jurado para hallar culpable a una persona en un cargo criminal.