La abogada venezolana y orientadora en inmigración, Maritza Varón, resaltó este lunes que los inmigrantes que llegaron a Puerto Rico través de un “Permiso Humanitario o de Beneficio Público Significativo para No Ciudadanos”— mejor conocido como “parole humanitario”— también corren el riesgo de ser deportados.
Tras su llegada a Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva donde ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “poner fin a todos los programas categóricos de libertad condicional que sean contrarios a las políticas de Estados Unidos establecidas en mis órdenes ejecutivas, incluido el programa conocido como ‘Procesos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos’”.
El “parole humanitario”— creado en octubre de 2022— fue una medida propuesta por los demócratas para reducir los cruces ilegales en la frontera con México, permitiendo a los grupos de inmigrantes antes mencionados ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años, después de que un patrocinador financiero hiciera la solicitud ante las autoridades migratorias.
“Ahora, el gobierno de Trump manifiesta que si no han realizado su solicitud de asilo antes del año, como lo establece la ley, también serían deportables porque en principio ingresaron por un sistema que fue con la intención de permitir que fuera de manera humanitaria”, comentó Varón en entrevista con Metro al Mediodía.
La abogada además aconsejó que tanto los que tienen sus documentos al día, como a los indocumentados que están en el proceso de obtener la residencia permanente, tengan la evidencia a la mano.
“Estas personas también deben tener su permiso de trabajo. Si son venezolanos, tienen que tener un TPS, que es un documento que les acredita con estatus. Si están en alguna petición familiar o en algún proceso de otro tipo de petición, pues (deben tener accesible) su recibo pertinente, si no les ha llegado la respectiva aprobación. Su ID, por supuesto. Y un documento muy importante, que es la I-94, para aquellas personas que llegaron con inspección o que llegaron por COVID-19”, detalló la orientadora en inmigración.
En el caso de los indocumentados, explicó que tienen derecho a una llamada para comunicarse con un abogado que los pueda representar.
A través de los medios de comunicación, la comunidad dominicana se ha mostrado “sorprendida y preocupada” con los operativos antiimigración que están realizando los agentes federales a nivel local por órdenes de Trump. La primera redada tuvo lugar ayer, domingo, en Barrio Obrero (San Juan).
En entrevista con NotiCentro (Wapa Television), el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, precisó lo siguiente: “Esto va a traer una crisis económica y humanitaria para Puerto Rico, pero queremos escuchar de la gobernadora (Jenniffer González Colón) que dijo que esto no iba a pasar. Queremos escuchar a los que dijeron que votaran por ella. Esto va a seguir”.
Por su parte, los líderes de la comunidad haitiana han compartido que los 3 mil flotantes que residen en la Isla ya se han estado comunicando con ellos para conocer las medidas que pueden tomar cuando los agentes federales intervengan con ellos.
Leonard Phophil contó a Telenoticias (Telemundo) la recomendación que le están brindando a todos los inmigrantes en el archipiélago, sin importar su procedencia.
“Si, por ejemplo, te arrestan no firmas ningún documento. Segundo, si te arrestan, no contestas ninguna pregunta. Tienes que pedir la presencia de un abogado porque como arrestado tienes un derecho de pedir un abogado. Y tercero, no le permitan a los agentes que penetren en su casa. Ellos tienen que presentar una orden de arresto”, sostuvo.
Mientras, el padre Olin Pierre Louis le confirmó al noticiario que el 90% de los haitianos cuentan con los documentos que les permiten residir en Puerto Rico.
Se estima que en la Isla viven más de 200 mil personas de diversas nacionalidades.