Dos días después que grupos sin fines de lucro presentaron una demanda contra el gobierno federal por una orden de suspensión que afectaba a programas que brindan información y orientación a migrantes que se enfrentan a la deportación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos cambió de dirección y ordenó que se restaurara la financiación de los programas.
Los cuatro programas financiados por el gobierno federal orientan a las personas en las cortes de inmigración y centros de detención sobre sus derechos y el complicado proceso legal. El Departamento de Justicia instruyó el 22 de enero a las organizaciones sin fines de lucro a “suspender el trabajo inmediatamente” en los programas, citando una orden ejecutiva que apunta a la inmigración ilegal que el presidente Donald Trump firmó el día de su segunda investidura.
Una coalición de grupos sin fines de lucro presentó una demanda federal el viernes desafiando la orden de suspensión y buscando restaurar inmediatamente el acceso a los programas. El Departamento de Justicia rescindió su orden de suspensión para los cuatro programas el domingo por la tarde.
Las organizaciones sin fines de lucro, que habían expresado preocupación debido a que la ausencia de los programas dejaba a los migrantes navegar el sistema por su cuenta, temían que los derechos del debido proceso fueran violados y que las cortes de inmigración, ya sobrecargadas, se congestionaran aún más.
Los efectos de la orden de suspensión ya se estaban sintiendo poco más de una semana después de su entrada en vigor.
Ruby Robinson, abogada gerente en el Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan, fue a la corte de inmigración de Detroit para colocar un aviso que señalaba que el módulo de ayuda que la organización operaba allí no estaba disponible. Eso significaba no atender a las personas en la sala de espera que de otra forma el módulo de ayuda podría haber ayudado.
A pesar de la pérdida de financiación federal, el personal del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes fue a un centro de detención en Virginia para proporcionar servicios un día después de la orden de suspensión. Habían hablado con unas dos docenas de personas cuando el personal del centro de detención los escoltó hacia fuera, diciéndoles que ya no podían proporcionar esos servicios, denunció Michael Lukens, director ejecutivo de Amica.
Abogados que atendían en un módulo de ayuda dentro del ocupado tribunal de inmigración de Chicago proporcionaron servicios a más de 2,000 personas en 2024. El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes comenzó el programa en 2013 con financiación privada y lo expandió tres años después con fondos federales.
Después de la orden de suspensión, la organización estaba proporcionando servicios reducidos, pero no estaban seguros de cuánto tiempo podrían continuar así con el vacío dejado por los recortes de fondos federales, dijo la portavoz Tara Tidwell Cullen la semana pasada.
Se había informado a varias organizaciones que los carteles que informaban a las personas sobre sus servicios e información sobre líneas de ayuda legal habían sido retirados de los centros de detención.
El Congreso asigna 29 millones de dólares al año para los cuatro programas —el Programa de Orientación Legal, el Módulo de Ayuda de la Corte de Inmigración, la Orientación Legal para Grupos Familiares y la Iniciativa de Asesoramiento para Niños— fondos que se distribuyen entre varios grupos en todo el país que proporcionan los servicios, detalló Lukens, agregando que los programas cuentan con un amplio apoyo bipartidista. La cantidad es la misma independientemente del número de personas que ayudan, y las organizaciones a menudo hacen recaudaciones de fondos adicionales para cubrir sus costos, dijo.
Trump había apuntado previamente a estos programas durante su primer mandato, pero las cosas se movieron más rápidamente esta vez.
En 2018, el entonces fiscal general Jeff Sessions anunció que se retiraría la financiación de los programas, pero la amenaza de acción legal por parte de una coalición de organizaciones que proporcionan los servicios, así como el apoyo bipartidista de miembros del Congreso, hizo que el Departamento de Justicia cambiara de curso.
Esta vez, la medida fue más abrupta, con la orden de suspensión emitida sólo horas antes que entrara en efecto y el personal del programa siendo prohibido de los centros de detención.
La ley de inmigración es increíblemente complicada y, a diferencia de los tribunales penales, las personas no tienen derecho a tener un abogado designado si no pueden pagar uno, y muchos terminan pasando por el sistema sin representación legal.
Las cortes de inmigración en todo el país están congestionadas por un retraso de aproximadamente 3,7 millones de casos, lo que puede dejar a las personas en limbo durante años. Cuando las personas saben qué esperar y tienen sus asuntos en orden, las audiencias avanzan más rápidamente porque los jueces no tienen que explicar lo básico a cada persona que se presenta ante ellos, afirman los defensores. También puede reducir las filas en las ventanillas de presentación en las cortes de inmigración porque las personas saben qué formularios tienen que llenar y pueden obtener ayuda para completarlos correctamente.
Las personas pueden tomar decisiones informadas para avanzar con un caso sabiendo sus posibilidades y los riesgos involucrados o, si no quieren pasar por una batalla judicial o no ven ningún alivio disponible que se ajuste a su situación, pueden decidir no desafiar y simplemente regresar a casa, dijo Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, que opera en tres centros de detención y el tribunal de inmigración en San Antonio, Texas.
Las organizaciones también aseguran que se respeten los derechos del debido proceso, alertan a las personas sobre los plazos de presentación inminentes, aseguran que haya traductores disponibles y ayudan a evitar órdenes de deportación que podrían devolver ilegalmente a los solicitantes de asilo a una situación perjudicial, dijeron los defensores.
Milagro, una mujer de 69 años de Venezuela, llegó a Estados Unidos en mayo de 2024 cuando obtuvo una cita a través de una aplicación del gobierno de Estados Unidos después de pasar cuatro años en México. The Associated Press acordó no usar su apellido porque teme que hablar podría afectar su caso pendiente.
Ella presentó una solicitud de asilo, citando un miedo por su vida en Venezuela como parte de la oposición política. No tenía trabajo cuando llegó y utilizó el módulo de ayuda operado por Estrella del Paso en la corte de inmigración en El Paso, Texas, para obtener ayuda con su solicitud de asilo. La última vez que fue, descubrió que estaba cerrado debido a la orden de suspensión.
El paro la dejó sintiendo “impotencia y soledad” y preocupada de que tendría que usar gran parte del salario que gana como cuidadora de una mujer de 100 años para pagar a alguien que la ayudara a prepararse para una audiencia en la corte más adelante ese mes.