Del CPI.
Puerto Rico es uno de los lugares más vulnerables a los efectos del cambio climático en el planeta, pero no tendrá los fondos federales que recibieron estados y territorios de Estados Unidos para adaptación climática por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) porque el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no los solicitó, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Con una fracción de nuestra población y extensión territorial, las vecinas Islas Vírgenes Estadounidenses (USVI, en inglés) recibieron $69 millones en 2024 para trabajar en el apremiante asunto por petición de su Departamento de Planificación y Recursos Naturales (U.S. Virgin Islands Department of Planning and Natural Resources). Pero durante la pasada administración, el DRNA no pidió el dinero, confirmaron al CPI dos de los científicos que formaron parte del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) del gobierno de Puerto Rico: el doctor Pablo Méndez Lázaro y el doctor Rafael Méndez Tejeda. La exsecretaria del DRNA Anaís Rodríguez y el ex secretario interino Roberto Méndez, quienes estuvieron en funciones en 2024, no contestaron mensajes del CPI para confirmar la información y explicar por qué no se hizo la solicitud.
La NOAA no contestó, al CPI, si Puerto Rico solicitó los fondos bajo el NOAA Climate Resilience Regional Challenge. En la página de la entidad federal, no aparece Puerto Rico entre los beneficiados.
El designado secretario del DRNA, Waldemar Quiles, no contestó qué acciones tomó la agencia, si alguna, para recibir esos fondos. En declaraciones escritas, estableció que se encuentra en el proceso “de evaluación de múltiples proyectos, iniciativas y programas que fueron parte del trabajo en el pasado cuatrienio, incluyendo su estatus y las acciones necesarias para agilizar los mismos”. Indicó, además, que se expresará sobre el asunto cuando complete su análisis de toda la información.
En total, el gobierno federal otorgó $575 millones en fondos de la NOAA a 19 proyectos en estados y territorios para atender la crisis climática. Según Mendéz Lázaro, la isla pudo haber usado parte de este dinero para implementar algunas de las iniciativas que contiene el borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, que fue entregado a la Legislatura el año pasado.
Pero esta pérdida de fondos es solo un eslabón en la cadena de inacción gubernamental en el urgente tema de proteger a la isla y a los puertorriqueños del impacto de la crisis climática, pese a las advertencias continuas de los expertos locales sobre sus consecuencias. Solo en los últimos 18 meses, el pasado Senado, bajo el liderato del expresidente José Luis Dalmau, determinó no considerar el Plan , que fue sometido por el Comité de Expertos, creado por ley con el mandato de elaborar el documento. Dalmau dijo, en aquel entonces, que no tendría tiempo de leer el documento de sobre 700 páginas y que dejaría la responsabilidad a la próxima Legislatura.
Tres de los miembros del CCEAC renunciaron a sus puestos, incluido Méndez Lázaro, quien salió en octubre del año pasado. Aún no se han nombrado los miembros que llenarán estas tres vacantes del área científica del CEACC ni se sabe exactamente cuándo se comenzará a evaluar el Plan en la Legislatura. La primera renuncia fue de Roy Torbet en 2023. Luego, renunció Méndez Lázaro y, posteriormente, la oceanógrafa Maritza Barreto.
Por su parte, la senadora Marissa Jiménez, nueva presidenta de la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, sostuvo que aún están contratando a los asesores que trabajarán con el tema. Además, aún no han nombrado al resto de los senadores que serán parte de la comisión. Indicó que, esta semana, verán qué quedó pendiente y qué asuntos nuevos atenderán. Aseguró que atender el Plan será su prioridad.
“Primero, buscamos conocer, en detalle, los acuerdos alcanzados durante el pasado cuatrienio y en qué fase del proceso se encuentran, esto con el propósito de evaluar los mismos con la premura que requiere”, sostuvo por su parte el designado secretario del DRNA en declaraciones escritas al CPI.
“Nuestro objetivo es trabajar con todos para mitigar los efectos del cambio climático en nuestro archipiélago. Para eso, necesitamos una radiografía de dónde estamos, para así desarrollar una serie de iniciativas que implementen la política pública vigente, la cual se encuentra contenida en la Ley 33-2019″, agregó Quiles, refiriéndose a la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico.
El designado secretario del DRNA no explicó a qué se refiere al señalar que se requiere “una radiografía”, pues el Plan de la CEACC precisa el estado actual y recomienda las acciones a tomar. Además, el DRNA comisionó a las firmas Estudios Técnicos y Tetra Tech evaluaciones requeridas por el Comité de Expertos.
La senadora Jiménez destacó que “en el cuatrienio pasado no hubo muchas reuniones con este Comité ni con la Comisión, así que estamos trabajando para ver cómo podemos ser más efectivos y cumplir con la Ley 33 del 2019″.
“Cuando se entregó el Plan de Cambio Climático, nosotros le pusimos algunos costos estimados a algunas estrategias y acciones, y lo curioso es que José Luis Dalmau y muchos de los que se opusieron al Plan se quejaron de que era costoso, [dijeron] que no había dinero”, sostuvo Méndez Lázaro.
Méndez Lázaro reveló que el gobierno federal abrió esta convocatoria [de fondos de la NOAA] y que Recursos Naturales debió solicitarlos e implementar el Plan y no tener que sacar dinero del gobierno de Puerto Rico.
“No tienes derecho a quejarte y decir que el Plan es muy caro porque no hiciste ninguna gestión con el Plan”, agregó el catedrático asociado del Departamento de Salud Ambiental de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Por su parte, el doctor Méndez Tejeda, que todavía es miembro del CEACC, coincidió con Méndez Lázaro en que si Puerto Rico hubiera recibido estos fondos de la NOAA, se pudieron haber usado en alguno de los cursos de acción que sugiere el Plan, sobre todo en el ámbito de la educación climática, y para la preparación para la próxima temporada de olas de calor que se avecina. Además, dijo que también se le pudo haber otorgado una parte de la subvención a la UPR para trabajar con las medidas.
Aseguró que el Comité desconocía sobre la disponibilidad de estos fondos y que se enteraron cuando funcionarios federales les informaron que se perdió la oportunidad de solicitarlos.
La presidenta de la comisión senatorial dijo que no tenía conocimiento sobre la pérdida de los fondos federales por parte del DRNA, pero que estará indagando sobre ello.
Por su parte, la doctora Barreto, exmiembro del CEACC, señaló que es responsabilidad de las agencias participar de toda iniciativa para adquirir fondos, especialmente federales, para trabajar con el asunto de la crisis climática. Dijo que, por ejemplo, aunque la UPR apoya las investigaciones que ella realiza como oceanógrafa, su equipo está haciendo estudios de erosión costera porque compite y logra fondos propios.
“Toda la oportunidad que salga para buscar fondos para mover iniciativas que vayan en pro del bienestar y la preparación de las comunidades ante los eventos extremos y las manifestaciones del cambio climático es importante, y no solamente a nivel de recursos naturales, a nivel de todo lo que es servicio, desarrollo económico… Yo creo que el problema más grande en Puerto Rico es que se ve el cambio climático como un asunto puramente ambiental, y eso es falso”, sostuvo Barreto.
Pese a Trump, legisladora dice que la gobernadora está “alineada” en cuanto al cambio climático
La senadora Jiménez se mostró confiada de que la gobernadora y la Legislatura del Partido Nuevo Progresista darán prioridad a medidas que atajen la crisis climática.
“Tengo ocho municipios costeros en el distrito. Loíza está siendo fuertemente afectada por la erosión costera y, como su senadora, tengo que trabajar con esto con prioridad”, dijo Jiménez al indicar que hay diversas modalidades para corregir la situación, “pero que el problema mayor es el dinero” o la falta de fondos para implementar las soluciones.
“Sabemos que contamos con muchos fondos federales para poder trabajar, pero se tendrá que identificar y hablar hasta con la Junta de Control Fiscal para poder, entonces, identificar fondos propios, porque es una situación que hace daño a vida y propiedad, así que, por ende, hay que trabajarla con urgencia y esa es la política pública de nosotros, y yo sé que del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y lo vamos a atender. La mayoría de nuestra gente que se ve afectada por la erosión costera, no son las personas más pudientes, son nuestra gente más vulnerable, nuestra gente en desventaja económica, nuestras comunidades en desventaja, como es Parcelas Suárez [en Loíza], entre otras”, sostuvo la Senadora.
Dijo que su Comisión trabajará varios proyectos de administración del plan de gobierno que presentó la gobernadora Jenniffer González antes de las elecciones, que incluye el tema de cambio climático. Agregó que la gobernadora ha estado en comunicación directa con ella para trabajar la situación en las Parcelas Suárez.
En relación al cambio climático, la plataforma de gobierno de González solo menciona que “apoyarán las iniciativas de la Estación Experimental Agrícola para el desarrollo de una nueva línea de vacas lecheras resistentes al cambio climático”.
Pero Jiménez aseguró que “la gobernadora está consciente y sabe, desde que era Comisionada, de la situación del cambio climático, de la preocupación y la problemática que tenemos con la erosión costera alrededor de todo Puerto Rico”.
Carl Soderberg, miembro del CEACC, dijo que el proyecto de ley que se presentó el 2 de enero en el Senado para otorgar fondos al Comité le da esperanzas de que la Legislatura atenderá el Plan. Se trata del Proyecto del Senado 78, presentado por el presidente del Senado, Rivera Schatz, para enmendar la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico para asignar fondos al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.
Soderberg destacó que el Comité encomendó un estudio económico a las compañías Estudios Técnicos y Tetra Tech que cuantificara los efectos sobre la economía de Puerto Rico de no tomarse acción sobre el asunto de la crisis climática. De acuerdo con el estudio, la pérdida por la inacción ascendería a $1,475,665 millones en infraestructura productiva.
El estudio también estima que Puerto Rico podría experimentar pérdidas económicas de hasta $379,270 millones para el año 2050, si las temperaturas globales aumentan 2°C sobre los niveles preindustriales. Según las Naciones Unidas, “el 2024 fue el año más caliente que se haya registrado, con una temperatura media global de la superficie 1,55ºC por encima de los niveles preindustriales”.
“O sea, ahí está otro documento que apoya, desde el punto de vista estrictamente económico, que hay que invertir para enfrentar el cambio climático y que ayudará a que la Legislatura atienda el Plan”, puntualizó Soderberg.
Este Plan, según Soderberg, no es un documento ambiental. “Es un documento que su propósito es proteger la salud, la vida y la propiedad de los puertorriqueños ante las manifestaciones del cambio climático. Que tiene algunos elementos ambientales, por supuesto. Pero si tú ves las sobre 700 páginas, menos del 10% se refiere a lo ambiental. El resto tiene que ver con la educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con reforestación, tiene que ver con agricultura, con turismo, con infraestructura”, explicó.
“Puerto Rico ya vio cómo se vive, si es que se llama eso vivir, cuando la infraestructura crítica no está disponible, [como] después de María”, dijo Soderberg. “Yo creo que el puertorriqueño sabe de los efectos, sabe que ya el cambio climático llegó a Puerto Rico y estos calores que se empezaron a manifestar en el 2023, y que el 2024 fueron más intensos, y que se van a repetir ahora en el 2025, van a exigir a sus representantes políticos que tomen acción, porque ya lo están sintiendo”, agregó.
Por otro lado, Méndez Tejeda aseguró que la Legislatura le ocultó información al CEACC, ya que no le dio a conocer que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) había hecho un análisis, en el que se recomendaba la discusión del Plan. No fue hasta la vista de transición del DRNA que salió a relucir la existencia de este documento. El análisis de la OPAL concluyó que la acción climática beneficiaría a Puerto Rico, y citó un estudio donde se establece que las inversiones públicas hechas por varias agencias federales, como la Administración Federal para el Manejo de Emergencias, han generado un ahorro al erario de $6 por cada $1 gastado en pérdidas por desastres.
La senadora Jiménez dijo desconocer el análisis de la OPAL y aseguró que estaría solicitándolo para su evaluación.
El impacto de la política pública de Estados Unidos sobre cambio climático
Soderberg mencionó que una de las órdenes ejecutivas que recién firmó el presidente estadounidense Donald Trump prohíbe que se fomente la producción de energía eólica en el mar, lo que retrasará la transformación energética de Estados Unidos a energía renovable, y por ende, de Puerto Rico. Indicó que también firmó una segunda orden abriendo el mar para la explotación de gas y de petróleo, mientras que una tercera orden dice que hay una crisis de energía en Estados Unidos y, por lo tanto, los permisos para esa explotación van a ser expeditos. Además, ya se confirmó como secretario de Energía a Chris Wright, un proponente a ultranza de la energía de fuentes fósiles.
“¿Qué quiere decir esa cosa que yo te acabo de decir? Estados Unidos va a emitir más gases de invernadero a la atmósfera”, dijo. Los gases invernadero son uno de los principales factores que empeoran la crisis climática.
“Además, Trump inició el trámite para sacar a Estados Unidos del Tratado de París, por lo tanto, eso toma un año, cuando se acabe el año Estados Unidos tiene un cheque en blanco para seguir emitiendo gases de invernadero. Ahora mismo es el segundo país que más emite gases invernadero, y, por lo tanto, no está obligado a reducirlos por la mitad para el 2030, ni está obligado a llegar a emisiones netas cero para el 2050″, sostuvo Soderberg.
Indicó que la consecuencia para Puerto Rico es que se intensificarán y acelerarán los impactos del cambio climático.
“Entonces, ahora más que nunca Puerto Rico tiene que aprobar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático para poder vivir como una sociedad ante estos efectos que van a ser más intensos y más rápidos. En otras palabras, el nivel del mar va a subir más rápido, los huracanes van a ser más intensos, la sequía va a ser más prolongada”, dijo.
Como ejemplo presentó el caso de la comunidad de Valencia, España, donde se registró una inundación histórica el 29 de octubre pasado, que provocó la muerte de más de 200 personas y ocasionó daños multimillonarios en las propiedades. Soderberg recordó que en octubre del 2023 en Puerto Rico tuvimos un incidente en el área metro, “que flotaron los carros y se dañaron como cuatro casas en [la urbanización] Jardines Metropolitanos [en San Juan]” debido a fuertes lluvias. El exgobernador Pedro Pierlusi declaró un estado de emergencia para San Juan, Loíza y Guaynabo.
“Entonces, vamos a tener más de eso y más intenso”, alertó.
Ante esta situación, dijo que los líderes de Puerto Rico tienen que convencer al gobierno federal de que tiene que otorgar fondos federales para enfrentar la crisis climática.
“Debido a esa política pública nueva que favorece abiertamente a los combustibles fósiles, Puerto Rico va a sufrir desproporcionadamente un impacto mayor, por lo tanto requiere de fondos federales para proteger la salud, la vida y la propiedad de los puertorriqueños”, advirtió.