De concretarse la intención de la administración de Donald Trump para recortar las subvenciones que otorga el Instituto Nacional de Salud (NHI, por sus siglas en inglés), se pondrían en riesgo programas de investigación y servicios de salud en distintas universidades de Puerto Rico.
El viernes pasado, los NIH anunciaron que estaban reduciendo los pagos hacia los costos generales para las instituciones de investigación que reciben sus subvenciones, una política que podría dejar a las universidades con grandes brechas presupuestarias. Actualmente, algunas universidades reciben el 50% o más del monto de una subvención para destinarlo a personal de apoyo y otras necesidades, pero eso se limitaría al 15%.
La periodista Milly Méndez reveló en el Programa Día a Día, la lista de los programas que podrían impactarse en instituciones académicas y de investigación en Puerto Rico. El año pasado, estas instituciones recibieron $58.1 millones.
El impacto mayor sería a la Universidad de Puerto Rico (UPR) que el año pasado recibió $40.2 millones de estos fondos, principalmente en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM), pero también en los recintos de Humacao, Río Piedras, Cayey, Ponce y Mayagüez, así como el Centro Comprensivo de Cáncer.
Otras universidades privadas en Puerto Rico también reciben estas subvenciones. Por ejemplo: la Universidad Interamericana, la Ponce Health Science University, la Escuela de Medicina San Juan Bautista, la Universidad Ana G. Méndez, la Universidad Central del Caribe.
Esta semana, 22 estados presentaron una demanda en el Tribunal Federal de Boston contra el gobierno del presidente Donald Trump por recortar la financiación para la investigación médica y de salud pública en universidades de todo el país. Puerto Rico no forma parte de esta acción judicial.
Los estados argumentan que la investigación para tratar y curar enfermedades humanas “se detendrá” y las personas perderán acceso a “la edición genética moderna, vacunas como las vacunas contra la gripe y curas para enfermedades como el cáncer, enfermedades infecciosas y adicción”.
“No permitiremos que el gobierno de Trump socave ilegalmente nuestra economía, limite nuestra competitividad o juegue a la política con nuestra salud pública”, dijo en un comunicado la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, cuyo estado cuenta con varias instituciones de investigación importantes, incluidas la Universidad de Brown y la Universidad de Rhode Island, dijo que el gobierno de Trump parecía “empeñado en desbaratar el progreso en este país”.
La demanda detalló cómo algunas instituciones de investigación sufrirían. Por ejemplo, la Universidad de Michigan perdería 181 millones de dólares en financiación, lo que afectaría “425 estudios financiados por los NIH actualmente en curso, incluidos 161 estudios destinados a salvar vidas”, según la demanda.
Y eso, según la demanda, costaría empleos. “Implementar este límite del 15% significará la pérdida abrupta de cientos de millones de dólares que ya están comprometidos para emplear a decenas de miles de investigadores y otros trabajadores, poniendo fin a innumerables investigaciones de salud que salvan vidas e iniciativas de tecnología de vanguardia”, dijo la demanda.
Anoche, la agencia de noticias EFE reportó que un juez federal frenó la nueva fórmula para otorgar menos fondos a la investigación científica.