La organización Espacios Abiertos denunció el miércoles que los gastos en consultores, asesores y abogados contratados por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno de Puerto Rico han superado los 2,021 millones de dólares, una cifra significativamente mayor a los 370 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos había proyectado originalmente como el costo total de la Ley PROMESA.
“El nivel de gasto multimillonario es alarmante, especialmente porque la Junta no ha rendido cuentas de la totalidad de los desembolsos y no ha sido fiscalizada de manera adecuada ni por el Congreso ni por el Gobierno de Puerto Rico”, expresó Daniel Santamaría Ots, economista y director de investigación de Espacios Abiertos, en declaraciones escritas.
Según el informe de Espacios Abiertos, la Junta ha gastado 308 millones de dólares en consultores y representación legal fuera del proceso de Título III, 11 millones de dólares en el Oficial Examinador y 1,702 millones de dólares en consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal. La organización destacó que la Junta no ha reportado el 84.8 por ciento de esos desembolsos, lo que impide conocer el gasto real de PROMESA y sus efectos en las finanzas públicas de Puerto Rico.
Santamaría Ots señaló que la Junta exige documentación detallada a agencias como la Universidad de Puerto Rico para cualquier cambio en su presupuesto, mientras que la propia JCF no transparenta con claridad sus gastos legales y de consultoría en los tribunales.
Por otro lado, Espacios Abiertos alertó sobre el retraso en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo que llevó a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain a ordenar la entrega de un calendario de ajuste antes del 28 de febrero de 2025. La deuda de la AEE asciende a 12,000 millones de dólares y ya ha representado un desembolso de sobre 438 millones de dólares en gastos de consultoría.
Wilmarí de Jesús Álvarez, analista de política pública de Espacios Abiertos, subrayó que la Junta ha superado en un 446.47 por ciento la cantidad estimada por la Oficina de Presupuesto del Congreso en 2016.
“La diferencia entre lo proyectado y la realidad es de 1,651 millones de dólares hasta la fecha. Vale la pena preguntarnos si esto cumple con las expectativas congresionales”, expresó en declaraciones escritas.
La organización exigió que se implemente una mayor fiscalización de los gastos de la Junta de Control Fiscal y que el Congreso de Estados Unidos exija mayor transparencia en el uso de fondos públicos bajo PROMESA.