El presidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM), Ramón Méndez Sexto, afirmó que hoy inició un proceso de investigación preliminar en el caso de la muerte del bebé Ian Caleb por una alegada mala práctica del ginecólogo obstetra Rodolfo Ramírez Carrero en el Hospital Metropolitano de San Germán.
Según el médico, la división legal de la JLDM citó para entrevistas individuales a tres personas perjudicadas en el caso, a las que no identificó por la ley Hipaa y quienes le sometieron quejas del ginecólogo por vía electrónica y en persona. Luego de la recopilación de datos y levantamiento de pruebas de los pacientes, se repite el proceso con el médico acusado.
“Este proceso, cada vez que hay una queja, es el proceso a seguir”, aseguró en entrevista telefónica con Metro Puerto Rico.
“Una vez los miembros de la división legal recopilan toda la data (datos), hacen un informe y, entonces, en una reunión de junta, se discute ese informe. Ahí es que la Junta toma la determinación de si se pasa a una querella formal y, entonces, empezar un proceso de investigación más a fondo, ya con miras a buscar que hubo una mala práctica y las penalidades que se le van a imponer al galeno”, subrayó.
Méndez Sexto confirmó que el médico acusado no tenía señalamiento o queja previa que haya sido sometida al National Practitioner Data Bank ni en los tribunales de Puerto Rico o Estados Unidos, cuyas consultas las realizan antes de la cita con el médico con presunto fallo.
Según una consulta a este banco de información, en Puerto Rico se han reportado, desde 2010, 1,118 profesionales por “acciones adversas”, que se refiere a acciones contra un médico adicionales a mala práctica, y otras 3,417 instancias por pagos efectuados por mala práctica.
El presidente de la JLDM no proveyó estimado de tiempo de evaluación del caso porque depende de la cantidad de información que se recopile, la cantidad de personas que hayan sometido quejas contra el médico, entre otros factores. “Hay casos, como este, que uno trata de darle prioridad y acelerarlo lo más posible sin violar ninguna ley ni regulación”, añadió.
Explicó, además, que es un proceso cuasi judicial porque la investigación cuenta con un fiscal del Departamento de Justicia, especializado en casos de mala práctica, que forma parte de la oficina legal de la JLDM.
Una fuente de este medio que solicitó anonimato confirmó que el fiscal Carlos Sánchez está destacado en el caso.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.