El Senado aprobó un proyecto de ley para enmendar varias leyes a los fines de establecer disposiciones específicas sobre el uso y solicitud del certificado de antecedentes penales para ejercer ciertas profesiones en Puerto Rico, de manera tal que se continúe fomentando la rehabilitación de personas convictas por haber cometido delito en nuestra jurisdicción.
“La persistencia de antecedentes penales en los certificados de buena conducta se ha convertido en una barrera que impide a estas personas acceder a oportunidades de empleo, certificaciones profesionales y licencias requeridas para el ejercicio de diversas ocupaciones. Así pues, esta medida propone enmiendas a varias leyes clave, con el propósito de eliminar las restricciones automáticas y establecer procedimientos más justos y equitativos en la evaluación de aspirantes a profesiones reguladas por el gobierno”, cita el informe de la Comisión de Gobierno que atendió el Proyecto del Senado 31.
Además, la pieza legislativa establece que “busca reforzar la política pública del Gobiemo de Puerto Rico de promulgar la rehabilitación y reinserción social, asegurando que las personas con antecedentes penales no sean excluidas injustamente del ejercicio de profesiones reguladas por el Gobiemo de Puerto Rico”.
El proyecto aprobado de forma unánime enmienda la “Ley Orgánica del Departamento de Salud”, la “Ley para Regular la Relación entre el Departamento de Estado y las Juntas Examinadoras Adscritas” y la “Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Certificados de Antecedentes Penales”. De igual forma, busca insertar procesos de manera electrónica, de conformidad con los procedimientos que establezca Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), en virtud de la Ley 75- 2019.
También, recibió el aval la Resolución del Senado 4 para investigar el estado de la Isla de Mona como reserva natural, las condiciones y seguridad de los vigilantes que laboran en ella, las desapariciones de cazadores y el estado de la infraestructura.
“En Isla de Mona hay laboratorios científicos, arqueológicos, de geología, de oceanografía, manejo de especies exóticas y un proyecto de conservación. Además, tiene visitantes que no solamente van porque es una reserva natural, sino que también tienen visitas de los cazadores o el manejo de especies, que por eso está altamente regulado y es una época particular que está ahora mismo en vigor. Quiero traer que esto comienza porque tenemos que defender la reserva natural” dijo Ada Álvarez, autora de la medida en un turno sobre el proyecto.
Además, fue aprobada la Resolución del Senado 36 para llevar a cabo una investigación sobre la conceptualización, financiamiento, programación, diseño, construcción y uso de los sistemas viales y de transportación colectiva en Puerto Rico. También, sobre las facilidades de estacionamiento y tránsito; seguridad de los sistemas viales; puentes y vías de acceso; estudio de la transportación; estudio de nuevos métodos de transporte estatal y local; obras públicas estatales, vías públicas; y facilidades de transportación marítima o aérea en la jurisdicción de Puerto Rico.
“Con las disposiciones contenidas en esta Resolución, el Senado de Puerto Rico cumple con su rol constitucional de fiscalizar el adecuado funcionamiento de la estructura gubernamental, para que esta sirva a los mejores intereses de los ciudadanos”, cita la medida en su exposición de motivos.
A la vez, se le dio paso a la Resolución del Senado 45 para investigar la situación económica y social de Puerto Rico, incluyendo factores demográficos y fiscales, entre otros que impacten el desarrollo social y económico de la población de Puerto Rico. “Es imperativo para esta Asamblea Legislativa desarrollar un abarcador estudio sobre la situación económica, social, fiscal y demográfica de Puerto Rico con el propósito de evaluar alternativas que permitan establecer los mecanismos necesarios para atender, con eficiencia, los problemas que nos afecten como pueblo”, indica la medida.
También, fue aprobada la Resolución Conjunta de la Cámara 35 para evaluar la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en Ley, por parte del Programa de Parques Nacionales adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al Municipio de San Juan, del Parque Luis Muñoz Rivera, localizado en Puerta de Tierra en el Municipio de San Juan.
“Esta Asamblea Legislativa entiende que la unificación bajo la titularidad del Municipio de San Juan de estas facilidades deportivas y recreativas permitirá al Gobierno Municipal de la Ciudad Capital poder establecer una oferta variada y coordinada de diferentes actividades dirigidas al sector turístico y a todos los puertorriqueños. Además, permitiría al Municipio gestionar fondos a través de diversos programas federales para poder mantener estas facilidades en óptimas condiciones”, sostiene la Resolución.