A un costado del Salón de Vistas de la Asamblea Municipal de Cabo Rojo, en la Casa Alcaldía, está sentado Roberto Ruiz Vargas, uno de los desarrolladores del proyecto Esencia que se propone construir en el barrio Boquerón de ese municipio. A su lado, con ropa negra y audífonos, están los otros dos proponentes, Will Bennett y Harish Venkatesh, a quienes dos intérpretes traducen simultáneamente al inglés las decenas de ponencias que se presentan durante las vistas públicas acerca del proyecto residencial-turístico.
Con brazos cruzados, inclinados hacia adelante y recostados sobre las butacas azules acojinadas del salón municipal, los tres inversionistas extranjeros escuchan la vista organizada por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que tiene ante su consideración la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por Cabo Rojo Land Acquisition LLC, empresa a cargo del desarrollo de 530 unidades de hotel, 1,132 residencias turísticas, una escuela privada con 500 dormitorios para estudiantes, campos de golf, así como áreas recreativas, de servicio médico, de agricultura, para comercios y para entretenimiento.
Esencia, según los proponentes, tendría cuatro accesos públicos vehiculares a la playa, los cuales están en controversia. Los ciudadanos denuncian que para acceder a la playa por esos caminos habría que atravesar accesos que privatizan el área debido a que la entrada con vehículos será controlada.
Fuera del ayuntamiento, ciudadanos se manifiestan en contra del proyecto financiado por la firma de inversión británica Reuben Brothers y la desarrolladora Three Rules Capital. Al ritmo de música y estribillos levantan pancartas dibujadas a mano en cartulina con consignas en contra de Esencia.
El salón no es lo suficientemente grande para acoger a todos los que se presentan para escuchar y expresarse a favor o en contra. Casi no hay sillas vacías. Así que los menos afortunados tienen que esperar afuera bajo una carpa blanca y ver la vista pública a través de un televisor que instaló alguna de las organizaciones que se han movilizado en contra del proyecto. Para entrar a la alcaldía, unos cuatro policías municipales solicitan a los asistentes que firmen una hoja de registro, les inspeccionan con un detector de metales y revisan sus bultos.
Durante los dos días de vistas públicas deponen ciudadanos de diferentes clases sociales, ideologías y profesiones: pescadores, agricultores, ingenieros, planificadores, biólogos, ecólogos, abogados y ciclistas.
El primer día
Las calles del casco urbano de Cabo Rojo están repletas de afiches rojo y negro que rechazan la construcción del proyecto con consignas como “¡No a Esencia!”.
Es el primer día de vistas públicas y los desarrolladores del proyecto llegan escoltados. Un vehículo negro se estaciona prácticamente frente a la alcaldía, aunque la calle está cerrada con vallas de seguridad por la Policía Municipal.
La llegada de los desarrolladores a la alcaldía llama la atención y se esparce como pólvora en las redes sociales.
El salón de vistas está copado de residentes de Cabo Rojo, de municipios aledaños y del resto de Puerto Rico.
Daniel “Danny” Hernández, ex oficial de prensa del expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló, me llama por mi nombre y me saluda tras entrar al salón. Me parece curioso porque no recuerdo que hayamos conversado antes.
Entre los relacionistas públicos de Esencia están, además de Hernández, Misael Vargas, oficial de prensa del Municipio de Hormigueros y de varios legisladores, todos del Partido Popular Democrático (PPD). Entran y salen de la sala de control técnico del salón, donde están las consolas de sonido y de las pantallas en las que se proyectan las presentaciones. El Municipio también transmite las vistas públicas por medio de su cuenta de Facebook, y lo mismo hacen periodistas ciudadanos de Observadorxs Press Comunitario y El León Fiscalizador. Otros asistentes también transmiten las ponencias en sus redes o por videollamada para familiares, amigos o compañeros de lucha.
La arquitecta Natasha Jordán de la firma de arquitectos Álvarez-Díaz & Villalón presenta el diseño de Esencia.
Junto a la arquitecta están Celio Cruz y Vionette Benítez, abogados del bufete Muñoz Benítez Brugueras & Cruz en representación de Esencia. En la fila de atrás también están los expertos de VAG Transportation Engineering Consultants, PSC y Estudios Técnicos Inc. a la espera de su turno. Estas firmas, así como otras, trabajaron en la confección de la DIA sometida por Cabo Rojo Land Acquisition LLC.
La vista pública es moderada por los oficiales examinadores de la OGPe, Viviana Pereira y Miguel Mijalhevich.
- “No estamos juzgando la belleza del proyecto, sino el impacto [ambiental] sobre esos recursos [naturales]”, le recordó el oficial examinador a la arquitecta tras su presentación.
En múltiples ocasiones Pereira y Mijalevich tienen intercambios con el público, el cual reclama que se extiendan las vistas para que se les honre el turno a los deponentes que no podrán expresarse por falta de tiempo y que se busque un salón con mayor capacidad para que más personas puedan entrar.
— “Nos tenemos que escuchar”, repite Pereira ante los gritos de la audiencia.
— “Les pedimos respeto a los deponentes”, insiste Mijalevich.
Los oficiales examinadores regañan al público por sus aplausos a los deponentes con los que coinciden y por sus abucheos a aquellos con los que no.
Unos días antes de las vistas públicas, los proponentes del proyecto comenzaron a pagar anuncios en medios de comunicación locales como La Voz Digital para mejorar la percepción del proyecto entre los residentes de Cabo Rojo. También han surgido cuentas en redes sociales y páginas web anónimas como Conoce la verdad para promover Esencia.
La vista pública es una secuencia de miradas y gestos. El más expresivo de los inversionistas es Ruiz Vargas. Durante las deposiciones de los exintegrantes de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti y Pedro Cardona Roig, el inversionista sonríe. Entre otras observaciones, los planificadores mencionan que la DIA carece de un estudio hidrológico y que no precisa cuáles serán los impactos ambientales de la propuesta en la infraestructura pública y en los sistemas naturales aledaños. El desarrollador levanta sus cejas con asombro y mira de vez en cuando a Bennett o a Venkatesh. Ocasionalmente, los inversionistas también bromean entre sí durante las ponencias.
Junto a los tres desarrolladores del proyecto, se sientan políticos y funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP), como el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, y la exdirectora de la Oficina de Ética Gubernamental y ahora comentarista política, Zulma Rosario.
El alcalde de San Germán es abucheado por el público mientras se expresa a favor del proyecto: “Las leyes 20 y 22 son las nuevas 936 para Puerto Rico”, asevera durante su exposición. La Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos era un incentivo fiscal que se aplicó en Puerto Rico para atraer inversiones de corporaciones foráneas. Se eliminó en 1995. Las leyes 20 y 22 (hoy bajo el Código de Incentivos o Ley 60), aprobadas durante la administración del exgobernador Luis Fortuño (2009-2013), tienen el objetivo de atraer inversionistas extranjeros a cambio de exenciones contributivas.
Olivera dice que el proyecto generaría empleos bien remunerados para sus residentes y que sería un motor económico para la región oeste.
El segundo día
Media hora antes de que comience el segundo día de vistas públicas, ya hay personas en fila para asegurarse un asiento en primera fila.
Escucho a un señor de edad mayor, con una camisa alusiva a Puerto Rico, que le grita a otro con pantalón corto, camisa roja:
— “¡Estás en candela!”
— “¡Yo soy popular de corazón!”, responde el hombre de rojo.
— “Hay que defender las playas, lo que es nuestro, del abuso que tienen”, añade el señor mientras se aleja de la fila y repite la consigna como grito de guerra.
El alcalde de Cabo Rojo, Jorge Wiscovicth Morales, finalmente se presenta en el salón. Es viernes por la tarde y se sienta calladamente junto al analista político y portavoz del proyecto, René “Chile” Comas, afiliado al PPD. El alcalde del PNP ha sido duramente criticado por residentes y organizaciones ambientales por apoyar el proyecto de forma condicionada a que el agua para el mantenimiento de las áreas verdes, campos de golf y limpieza de áreas comunales sea producto del tratamiento y recirculación de aguas usadas debido a las limitaciones de la infraestructura pluvial del municipio, entre otras condiciones.
Una vez en la mesa frente a los oficiales examinadores, se mantiene en silencio mientras los asistentes le abuchean y gritan.
— “¡Nadie te quiere aquí!”, exclama una mujer. “¡Que ceda su turno!”, insiste.
El ambiente está tenso. El Alcalde no voltea su mirada en ningún momento.
Morales Wiscovitch declara que Esencia generaría empleos para los caborrojeños y caborrojeñas, especialmente durante su construcción. Que las viviendas construidas como parte del proyecto pagarían impuestos sobre la propiedad y arbitrios, lo cual produciría millones en ingresos para el ayuntamiento. Que ha sido un proyecto divisivo y polarizante para el pueblo.
La Compañía de Turismo de Puerto Rico, además de otorgar casi $498 millones en créditos contributivos para el desarrollo costero, concedió varias exenciones contributivas, como el ahorro de 90% en impuestos del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales.
Luego de echarle flores al proyecto Esencia, el Alcalde advierte: “No deseamos una buena economía a cambio del detrimento ambiental”. Asegura que solicitará a las agencias gubernamentales que ejecutan las leyes ambientales que atiendan las preocupaciones de los deponentes.
El desarrollador Roberto Cacho Pérez ha estado por momentos en las vistas públicas. No se le ve con los demás proponentes del proyecto. El asiduo donante del PNP, que ha favorecido principalmente a Pedro Pierluisi y Miguel Romero, lleva varios años impulsando proyectos similares a Esencia y estuvo involucrado en la compra de parte de los terrenos del proyecto.
En otras partes del salón, se encuentran el ex representante PPD por el Distrito 20, Joel Sánchez Ayala; el senador independiente Eliezer Molina; y el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa.
La sala está fría. Destaca un cuadro inmenso del prócer caborrojeño conocido como ”el Padre de la Patria” Ramón Emeterio Betances, con la bandera de Lares en su brazo mientras una bandera de Cabo Rojo ondea sobre una catedral. Betances aparece acompañado de una familia de esclavos libertos, y de fondo, hay un mapa de las Antillas Mayores.
Una señora de cabello rizado negro y piel bronceada tiene lágrimas en sus ojos. Está parada debajo del cuadro mientras un ingeniero y desarrollador Ángel Cabán González depone en contra del proyecto. Sus palabras la conmueven:
— “Yo tengo un sueño de que los caborrojeños compren esos terrenos y los conviertan en una gran reserva natural”, proclamó el hombre.
Al otro lado del salón, frente a la pintura de Betances, Ruiz Vargas ríe tímidamente mientras escucha al ingeniero. Mira con cara de incredulidad a la persona a su lado, y tras los aplausos eufóricos del público, fija su mirada en el suelo. Mientras, los oficiales examinadores fijan una tercera vista pública para el jueves, 13 de marzo, nuevamente en la Casa Alcaldía.
Luis Joel Méndez González es integrante de Report for America.